11/07/2023
PACHUR
LLAMADO URGENTE
Denuncia Trinidad & Tobago
Desde la Panamerican and Caribbean Union for Human Rights expresamos nuestro más profundo repudio por la conducta inobservante del ordenamiento jurídico internacional en cuanto a los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas y sus acciones xenófobas por parte del Gobierno de Trinidad & Tobago, hacia la migración venezolana.
El día sábado 8 de Julio, el Gobierno de Trinidad & Tobago, haciendo inobservancia del Ordenamiento Jurídico Internacional, a lo preceptuado en el Estatuto para los Refugiados de 1951, su protocolo de 1967, y de igual forma a lo establecido en el artículo 14 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, decidió arremeter contra la migración venezolana, aprendiendo a más de 200 personas y trasladándolas al centro de detención del Helipuerto de Chaguaramas. Cabe destacar que para el medio día del ayer 10 de Julio del 2023, el Gobierno de Trinidad había soltado a unos aproximadamente 80 venezolanos, pero aún se encuentran detenidos más de 120 connacionales. Esto sucede a raíz que el Juez Frank Seepersad dictamina el 4 de Julio En su fallo sobre la revisión judicial y la reclamación constitucional del nacional venezolano Yohan Jesus Rangel Dominguez,; El Juez Seepersad sentenció que ¨las obligaciones en virtud de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Refugiados de 1951 y los principios de no devolución no se aplican al TT, ya que no se incorporaron a la legislación nacional¨.
La comunidad internacional ha sido testigo de la situación crítica que enfrentan las personas migrantes y refugiadas en todo el mundo, incluyendo a las que provienen de Venezuela, quienes huyen de la crisis política, económica y social que atraviesa su país. Por ello, es imprescindible respetar el ordenamiento jurídico internacional en cuanto a los derechos humanos de estas personas, y garantizar su protección internacional, así como la posibilidad de solicitar asilo y refugio, máxime que le recordamos que la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados –ACNUR-, ha catalogado a la migración venezolana, como personas con necesidades especiales de protección internacional.
De igual forma, también denunciamos sobre las graves directrices emitidas por el Ministerio de Salud del Gobierno de Trinidad y Tobago, hacia los Migrantes y refugiados, en las cuales se ha manifestado que, "Téngase en cuenta que de acuerdo con la Política de tratamiento de No-Nacionales en materia de Prestación de Servicios de Salud Pública en Trinidad y Tobago, el tratamiento requerido por los ciudadanos venezolanos en posesión de un permiso que requiera tratamiento de Oncología no se incluye en las categorías de atención primaria. atención médica no accesible a los no nacionales. Consecuentemente NO PUEDE otorgarse la aprobación a los Nacionales Venezolanos en posesión de permisos para recibir tratamiento en el Centro Nacional de Radioterapia".
Manifestamos enérgicamente que Trinidad y Tobago, como parte de la comunidad internacional, tiene la obligación de observar y respetar el ordenamiento jurídico internacional en lo que respeta a la protección de los derechos de los migrantes y refugiados, incluido su derecho a la salud. Bajo los principios del derecho internacional de los derechos humanos y las convenciones y tratados pertinentes, Trinidad y Tobago está comprometido a no negar ni discriminar el acceso a la atención médica ya los servicios de salud a los migrantes y refugiados que se encuentran en su territorio. Esto implica brindarles acceso equitativo a la atención médica, incluyendo la atención preventiva, el tratamiento de enfermedades y la atención de emergencias, sin importar su estatus migratorio
A esta denuncia también se suma la situación educativa en que se encuentran de miles de niños migrantes y refugiados en Trinidad & Tobago a los cuales de le deniega el Derecho Humano a la Educación. Trinidad y Tobago, como miembro de la comunidad internacional y firmante de la Convención sobre los Derechos del Niño, tiene la obligación de observar y proteger los derechos de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes en el marco de UNICEF. Esto implica garantizar el acceso a la educación de calidad, la salud y el bienestar, así como protegerlos de cualquier forma de abuso, explotación y discriminación. El gobierno de Trinidad y Tobago debe promover políticas y programas que fomenten el desarrollo integral de los niños y jóvenes, asegurando su participación activa en la sociedad y su pleno disfrute de todos sus derechos. Asimismo, se espera que el país destine recursos adecuados para satisfacer las necesidades de esta población vulnerable y promueva la sensibilización sobre sus derechos en todos los niveles de la sociedad.
En tal sentido, recordamos que los derechos humanos son inherentes a todo ser humano, sin importar su origen, nacionalidad, género, etnia, raza, religión, lengua, o cualquier otra condición. El bienestar social solo se puede lograr en el contexto de relaciones justas, por ello, la salud como un Derecho Humano, debe garantizarse por los Estados. Reducir el acceso a los servicios sanitarios va en contra del derecho de migrantes y refugiados a ser protegidos contra cualquier forma de discriminación.
Frente a la situación expuesta:
1) Urgimos a las autoridades Trinitarias, derogar las disposiciones restrictivas sobre el acceso a la salud, especialmente en casos de pacientes oncológicos, negar que los venezolanos tengan acceso a servicios de oncología, causará un excesivo y duradero sufrimiento físico y psicológico de muchos migrantes y refugiados.
2) Requerimos de los Organismos Internacionales, pronunciarse sobre las violaciones de derechos humanos, y a realizar el debido examen de observancia de los mismos.
Siendo 11 de Julio del 2023. En los Estados Unidos de Norteamérica
La Coordinación Ampliada de PACUHR,
Jose A. Oropeza
Secretario General
Juntos TRABAJAMOS
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