25/06/2024
En febrero, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda abrió una investigación en contra del periodista Carlos Loret de Mola y en contra de empresas vinculadas al medio Latinus, de acuerdo a Reforma.
La indagatoria también ha puesto bajo escrutinio los movimientos financieros de la esposa de Loret, Berenice Yaber, así como al periodista Víctor Trujillo (“Brozo”).
Contexto: La periodista Peniley Ramírez obtuvo información de una fuente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que aseguró que el gobierno mexicano solicitó la información financiera de Loret, Yaber y Trujillo a bancos, casas de bolsa y sociedades financieras.
El 5 de junio, el gobierno federal emitió nuevos oficios para investigar a las compañías Latinus Media Radio y Latinus Media MX Hub.
Loret, quien se encuentra en un receso de dos meses de su noticiero en Latinus, publicó en Twitter: “Ya no es sólo persecución y acoso contra periodistas. Esto es una bajeza, una cobardía. ¿Qué sigue? ¿Hasta dónde quiere llegar el régimen para internar callarnos?”
En su columna del periódico El Universal, Loret expandió este argumento y cuestionó que la Unidad de Inteligencia Financiera no ha puesto bajo escrutinio los casos de irregularidades y corrupción flagrante vinculados al gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
¿Por qué importa? El ecosistema de medios en México pasa por un momento crítico. La presión del gobierno a los periodistas que han cuestionado al oficialismo y los recortes a la publicidad oficial han obligado a los conglomerados mediáticos del país a reconfigurar sus operaciones.
El caso de Loret de Mola exhibe el uso faccioso del aparato de investigación financiera del Estado mexicano. La falta de resultados en la formulación de expedientes relevantes en contra de figuras criminales de alto perfil contrasta con el uso que el gobierno de López Obrador le ha dado a la UIF para perseguir a críticos del sistema.