03/02/2025
🚨CANAL SAN BARTOLO: PEDIRÁN 15 AÑOS DE CÁRCEL PARA MORILLO Y OTROS POR DESFALCO EN OBRA NO CONCLUIDA
🔴 En próximos días se conocerá la acusación fiscal por irregularidades en la adjudicación de la obra, cobro ilegal de adelantos y pagos irregulares por laudo arbitral.
Juan Carlos Morillo Ulloa es un personaje vinculado seriamente a actos de corrupción, quien ya pasó más de 3 años en la cárcel cuando fue gobernador regional de Áncash, acusado en el 2020 por sobrevalorar la construcción de los ambientes COVID-19 en el hospital Regional, La Caleta de Chimbote y el Víctor Ramos Guardia de Huaraz. La fiscalía alegaba que mientras miles morían durante la pandemia, Morillo y sus empresarios allegados se lucraron con el dolor ajeno.
Pero, pocos saben que mientras el exgobernador regional estaba preso por estos presuntos hechos delictivos, otra investigación aún más grave continuaba su curso. Se trata del desfalco que Juan Carlos Morillo y varios gerentes y funcionarios del Proyecto Especial Chinecas habrían realizado desde diciembre del 2009 en la gestión de César Álvarez, cuando se adjudicó ilegalmente la construcción del canal Santa-San Bartolo, por un monto de S/ 17’786,118.66 pero se terminó pagando S/ 36’583,730.54 por una obra que nunca se culminó.
Después de 16 años de investigación por parte de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de funcionarios del Santa, periodo que se vio empañado por la parcialización de una fiscal superior cuyo esposo estaba involucrado en la denuncia, por cambios inexplicables de varios fiscales a cargo de las investigaciones y la exclusión por actuación irregular de otros dos fiscales, la investigación está ahora en manos de Laureano Añanca Chumbe, quien en los próximos días debe presentar su acusación fiscal.
Luego de varios intentos fallidos de archivar el caso, la investigación se encuentra en la etapa intermedia y está próxima a realizarse otra audiencia de control de sobreseimiento en la cual la Procuraduría Anticorrupción deberá oponerse pues las pruebas que se desprenden a raíz del informe de la Contraloría General de la República contra el consorcio San Bartolo, son contundentes. No obstante, se conoce que el fiscal Añanca ha solicitado la pericia técnica valorativa para reforzar el perjuicio económico que Morillo y compañía habrían generado a las arcas de Chinecas y del Gobierno Regional de Áncash.
🚦CONTRATO ILEGAL Y ADELANTOS IRREGULARES
En el 2009 César Álvarez como presidente regional a través de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) lanzó ilegalmente la ejecución del canal integrador Santa-San Bartolo Km 2+102.61 al km. 13+303, obra que no tenía declaratoria de viabilidad, requisito obligado para pasar de la fase de preinversión a la inversión. El 17 de diciembre del 2009, el gerente de Chinecas de ese entonces, Arnulfo Moreno Corales firmó el contrato para el revestimiento de 11.20 km de canal con el representante común del Consorcio San Bartolo, Francisco Argumedo Estay. De este consorcio también formaba parte la empresa JJM Minería y Construcción S.A.C. de Juan Carlos Morillo Ulloa y JJM Contratistas Generales S.R.L. de su hermana, Janeth Etelvina Morillo Ulloa.
La obra que debió concluirse en un plazo de 220 días calendarios, se inició el 3 de febrero del 2010, pero la gestión de César Álvarez le otorgó 594 días de ampliación, 12 adicionales de obra y 2 adicionales de servicio. A pesar de ello, nunca la culminaron. El 16 de abril del 2012, es decir 2 años después, por “Convenio de Resolución Parcial de Mutuo Acuerdo” se acordó abandonar los trabajos.
Según la carpeta fiscal 105-2017 entre el 27 de agosto de 2008 a octubre de 2009, Juan Carlos Morillo aprovechó sus relaciones amicales y laborales con los funcionarios del Proyecto Chinecas y concertó con los encargados, entre ellos Hugo Amado Rojas Rubio, gerente del proyecto en ese periodo, para que armen la propuesta económica y documentos de la fase preparatoria.
Incluso, impidieron que otras empresas participen de la licitación porque en las bases no se estableció otorgamiento de adelantos, tampoco en las cláusulas del contrato. Sin embargo, la OEI asumiendo un rol indebido de asesor jurídico se pronunció por el otorgamiento de adelantos, sin tener competencia. De esta manera, los funcionarios del Gobierno Regional y del Proyecto Chinecas pagaron ilegalmente al consorcio San Bartolo S/ 3’557,223.73 por adelanto directo y S/ 7’114,447.46 por adelanto de materiales.
Estos cobros ilegales fueron efectuados en forma directa por Juan Carlos Morillo Ulloa como se acredita en el informe de auditoría 725-2015-CG/ORHZ-AC en el cual se precisa que Francisco Argumedo Estay le otorga una carta poder para que pueda cobrar esos más de 10 millones, así como el cobro de las valorizaciones.
🚨USARON CÓDIGO SNIP DE OTRA OBRA PARA PAGO DE ADELANTOS
Según el informe de auditoría 725-2015-CG/ORHZ-AC de 15,425 páginas, el auditor de la Contraloría, José Antonio Ramírez Paccioni en su declaración fiscal del 19 de febrero del 2018 precisa que la obra no tuvo autorización de disponibilidad presupuestal del Ministerio de Economía y Finanzas, porque no tenía código del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), eso implicó que la obra no haya tenido márgenes de inversión, metas y periodos de inversión, y por eso el costo aumentó de 17,7 millones a más de 36 millones.
En sus descargos ante la fiscalía, Juan Carlos Morillo y sus socios señalaron que al ser un proyecto integral que venía del 1996 no era necesario tener la viabilidad, pero el entonces Director General del Programa Multianual del Sector Público, mediante oficio 2362-2007-EF/68.01 del 30 de noviembre del 2007, refirió que “todos los proyectos de inversión pública, cuya ejecución haya iniciado en el 2000 y se proyecte culminar en el 2008 o hacia adelante deben cumplir con elaborar el estudio de preinversión correspondiente SOBRE LA INVERSIÓN NO EJECUTADA, para su aprobación y declaración de viabilidad, como requisito previo para continuar con la ejecución del proyecto,”.
Pero lo más grave fue que para el pago de adelantos, el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) arrojaba error por no tener declaratoria de viabilidad, ante ello los funcionarios de Chinecas utilizaron un código SNIP que correspondía a la construcción de 1 kilómetro del canal San Bartolo en el 2004 y no al proyecto total que fue licitado por la OEI en el 2009.
Como una prueba que la licitación de esta obra fue ilegal, se evidencia de la investigación que la Evaluación de Impacto Ambiental, documento necesario para ejecutar el proyecto, recién fue emitido en marzo del 2010 y la buena pro se otorgó en diciembre del 2009, es decir el expediente técnico estaba incompleto. Aquí cobra especial importancia el responsable de firmar este documento, pues se trata del ing. Ismael García Rivera, gerente de Obras y Medio Ambiente de Chinecas, quien a su vez es esposo de la Fiscal Superior Anticorrupción, Nancy Moreno Rivera, de quien se presumió que obstaculizó la investigación del caso San Bartolo, sacando y colocando diversos fiscales anticorrupción con el fin de buscar el archivo del caso.
❎️MÁS REGALOS A CONSORCIO DE MORILLO
Como se ha visto, existen graves irregularidades en este proceso. Primero, en el expediente técnico que fue licitado a pesar de estar incompleto y sin declaratoria de viabilidad, requisito obligado para pasar de la fase de preinversión a la inversión. Segundo, adelantos irregulares que no contemplaban ni las bases ni el contrato, peor aún utilizaron el código SNIP de otro proyecto para poder hacer los pagos a nombre de Juan Carlos Morillo y el Consorcio San Bartolo. En sus declaraciones del 05 de julio del 2019 ante la fiscalía, cuando ya era gobernador regional de Ancash, dijo que nunca tuvo manejo financiero, técnico ni administrativo de la obra y que tampoco tuvo intervención en la tramitación y cobro de los adelantos, pero una carta poder firmada por Francisco Argumedo Estay, representante común, demuestran que mintió a la justicia.
En tercer punto, está el irregular otorgamiento de 12 adicionales de obra, 2 adicionales de servicio y 594 días de ampliación para que puedan concluir con los trabajos, pero con todas estas facilidades Juan Carlos Morillo y los miembros del Consorcio San Bartolo prefirieron abandonar el proyecto y enjuiciar a Chinecas y al Gobierno Regional. Según la fiscalía tuvieron el apoyo de funcionarios del mismo proyecto para preparar la documentación con el fin de ganar el laduo arbitral y así sucedió, el 13 de julio del 2012 se ordenó el pago de S/ 6’885,955.86, pero no contentos con ello, el Consorcio San Bartolo pidió que el monto suba a S/ 7’037,169.57, propuesta que fue atendida sin ningún reparo por la entidad.
🚦ANOMALIAS EN LA INVESTIGACIÓN
La denuncia recayó sobre 45 implicados pero solo se aperturó investigación preliminar por el delito de peculado sobre 26, entre ellos, el presidente regional César Álvarez Aguilar, los gerentes Juan Cortez Chicoma, Hugo Rojas Rubio y Arnulfo Moreno Corales, entre otros funcionarios. Pero, la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios amplió la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria contra estos personajes por el presunto delito de colusión adecuando la presente investigación a la Ley de Crimen Organizado (Ley 30077) en el que ya se incluye a Juan Carlos Morillo Ulloa, su hermana Janeth Etelvina Morillo Ulloa y demás miembros del Consorcio San Bartolo, por el delito de colusión. Sin embargo, desde el inicio de las investigaciones hasta la fecha hubo muchos intentos de tumbar el caso, tal como se verá en un siguiente informe…CONTINUARA!
