11/06/2024
Fiscalía de Derechos Humanos Solicita Prisión Preventiva Contra 7 Agentes del INPE por Delito de Tortura
En un grave caso de violación a los derechos humanos, la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad de Áncash y Santa ha solicitado al Poder Judicial la prisión preventiva de 7 agentes del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) investigados por el delito de tortura. Los agentes, que incluyen a 3 mujeres y 4 hombres, están acusados de someter a una joven madre de 27 años a actos de extrema violencia el pasado 18 de mayo de 2024.
Detalles del Caso
Según la investigación fiscal, la víctima fue engrilletada, envuelta en una frazada, golpeada con palos, arrastrada por las instalaciones del penal, y sometida a asfixia con baldes de agua en la cara. Los agresores la desnudaron y abandonaron en una celda, lo que resultó en la fractura de su pie. Fueron sus compañeras de pabellón quienes la trasladaron al tópico para salvarle la vida.
Acciones Fiscales
La fiscal provincial Rocío Príncipe Ascencios, que dirige el equipo de la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad de Áncash y Santa, dispuso la realización de diligencias preliminares para identificar a los responsables y evaluar la afectación física y psicológica de la agraviada. Posteriormente, se formalizó la investigación preparatoria contra 9 funcionarios del INPE y se solicitó la prisión preventiva por 9 meses para 7 de ellos, además de comparecencia con restricciones para los otros 2.
Medidas de Protección
Ante la gravedad de los hechos y las amenazas que enfrenta la interna, la Fiscalía ha solicitado al Poder Judicial que se dicten medidas de protección. Entre estas medidas se incluye el cambio urgente de penal para resguardar su integridad, solicitud que también ha sido presentada ante la Dirección del INPE Huaraz y la Presidencia del Consejo Nacional Penitenciario del INPE.
Contexto de la Víctima
La joven madre cumple condena desde el 23 de abril de 2019 en el Establecimiento Penitenciario Víctor Pérez Liendo de Huaraz, tras ser sentenciada a 6 años y 3 meses de prisión por causar la muerte de su pareja en un acto de defensa ante continuos maltratos y violencia familiar. Su condena está prevista para culminar el 23 de julio de 2025.
La solicitud de prisión preventiva y las medidas de protección subrayan el compromiso de la Fiscalía en la defensa de los derechos humanos y en la lucha contra la tortura y el maltrato en el sistema penitenciario.