11/05/2024
QUE VA SER!
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| ABUSÓ DE SU CARGO PARA QUE NO LA PROCESEN Y PARA DARLE IMPUNIDAD A SU HERMANA
Una investigación del Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción en el Poder reveló que Patricia Benavides Vargas negoció presuntos favores ilícitos, directamente y por medio de sus asesores, para ser beneficiada en el proceso que le abrió la Junta Nacional de Justicia por sus llamadas con Antonio Camayo Valverde, de los Cuellos Blancos, hecho informado por OjoPúblico en setiembre de 2022. Sus asesores recibieron USD 69.000 solo por participar en los acuerdos de este caso. Pese al avance de las indagaciones, el Tribunal Constitucional emitió una resolución que puede afectar los procesos disciplinarios contra la suspendida fiscal de la nación y dar pie a su retorno al Ministerio Público.
Una nueva investigación del Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción en el Poder (Eficcop) reveló, en los últimos días, 16 hechos delictivos de la presunta organización criminal liderada por la suspendida fiscal de la nación Patricia Benavides Vargas.
Esta nueva indagación generó el operativo Valkiria XI, autorizado por el juez Raúl Justiniano Romero y realizado en conjunto con la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), que culminó con siete detenidos y 21 viviendas allanadas, el pasado 23 de abril.
El Eficcop profundizó en hechos delictivos ya imputados a la extitular del Ministerio Público por el despacho de la fiscal Delia Espinoza Valenzuela, como la remoción de la exfiscal Bersabeth Revilla Corrales y negociaciones con congresistas para lograr la inhabilitación de la exfiscal de la nación Zoraida Ávalos Rivera, la elección de Josué Gutiérrez Cóndor como defensor del pueblo y la remoción de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
No obstante, la indagación también incluye nuevos hechos, como presuntos favores otorgados por Benavides Vargas y sus asesores, a cambio de dinero o apoyo ilícito para evitar que avancen sus procesos en la JNJ. Ahora, estos últimos pueden verse afectados, con la emisión de una resolución del Tribunal Constitucional (TC) que restablece la suspensión de los magistrados Inés Tello de Ñecco y Aldo Vázquez Ríos.
LA FISCALÍA SOSTIENE QUE BENAVIDES REALIZÓ ACUERDOS ILÍCITOS PARA OBSTRUIR EL CASO QUE LA VINCULA CON ANTONIO CAMAYO, DE LOS CUELLOS BLANCOS".
Uno de los hechos descritos en el expediente es la presunta negociación ilícita entre Patricia Benavides Vargas y sus asesores, Jaime Villanueva Barreto y Miguel Girao Isidro, con el abogado e investigado por el caso Cuellos Blancos, José Luis Castillo Alva, y su pareja, la empresaria Mirtha Gonzáles Yep.
Estos acuerdos, según el documento, pretendían frustrar el avance de un proceso que la entonces fiscal de la nación tenía en la JNJ a raíz de sus llamadas con el empresario Antonio Camayo Valverde, también involucrado en los Cuellos Blancos. La existencia de dichas comunicaciones fue revelada por OjoPúblico en setiembre de 2022.
Los asesores de Benavides Vargas recibieron USD 69.000 de Mirtha Gonzáles Yep solo por participar en estas negociaciones. El acuerdo, según el Eficcop, consistía en que la suspendida fiscal de la nación reemplace a los fiscales del caso Cuellos Blancos para obstruir la investigación por organización criminal contra Castillo Alva.
A cambio, la pareja ofrecía influir en el capitán PNP Jorge Rodríguez Menacho, efectivo policial a cargo de la elaboración del informe que dio cuenta de la existencia de las llamadas con Antonio Camayo Valverde, para que éste emita documentación y declaraciones a favor de Benavides Vargas ante la JNJ.
Los primeros acuerdos ilícitos
Las presuntas negociaciones ilícitas empezaron en el último trimestre de 2022, casi en paralelo a las indagaciones de la JNJ. En ese momento, según el expediente fiscal, José Luis Castillo Alva informó al abogado de la entonces fiscal de la nación, Jefferson Moreno Nieves, su intención de lograr un acuerdo ilícito.
Para ello, le mencionó que su pareja, Mirtha Gonzáles Yep —empresaria que, en 2019, reconoció haber entregado una coima de S/74.000 al fujimorista Héctor Becerril Rodríguez para conseguir una licitación en la Municipalidad de Chiclayo— había logrado “captar” a dicho capitán de la PNP.
El relato del Eficcop sostiene que Patricia Benavides Vargas aceptó el acuerdo y que, tras eso, Rodríguez Menacho presentó a la JNJ un informe en el que negó la existencia de las actas de comunicación entre ella y Antonio Camayo Valverde. En el documento, del 9 de noviembre de 2022, el efectivo de la Diviac omitió indicar que, si bien no había transcripciones del contenido de las llamadas, sí existen registros telefónicos entre ambos.
José Luis Castillo Alva
PROCESADO. El abogado José Luis Castillo Alva es investigado por sus vínculos con los Cuellos Blancos del Puerto
Luego del informe de Rodríguez Menacho, según el acta fiscal, Benavides Vargas cumplió con el pedido de la pareja: designó a cuatro fiscales adjuntos provinciales provisionales en el 1° Despacho del Equipo Especial Cuellos Blancos y removió al fiscal Juan Carlos Cabrera, quien estaba a cargo de la investigación contra Castillo Alva.
Ambas eran solicitudes que el mismo Castillo Alva le había hecho llegar por medio de Jefferson Moreno Nieves, abogado, en ese entonces, de la suspendida fiscal de la nación.
En febrero de 2023, detalla el Eficcop, Benavides Vargas favoreció, nuevamente, a Castillo Alva con el nombramiento de Abelardo Caycho Ramis en el Segundo Despacho de la 3° Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Santa Rosa.
Este despacho tenía a cargo una denuncia presentada por Castillo Alva contra el sentenciado Walter Ríos Montalvo, líder de los Cuellos Blancos, que lo vinculó con la organización criminal.
Dinero de por medio
Un mes después, arrancó una nueva etapa de coordinaciones. Esta vez, la pareja conformada por Mirtha Gonzáles Yep y José Luis Castillo Alva planeó una coordinación más directa con Patricia Benavides Vargas. Para eso, según el expediente, Gonzáles Yep estableció contacto con el asesor Jaime Villanueva Barreto, por medio del periodista Juan Carlos Tafur.
El nuevo pedido de la pareja era la remoción de los fiscales Max Castro Huamán y Andy Rodríguez Domínguez, a cargo de la investigación del caso Cuellos Blancos, y de Jorge Luis Díaz Cabello, coordinador de ese equipo especial. A cambio, ofrecieron influir en el capitán PNP Jorge Rodríguez Menacho para que se presentara como testigo a favor de la entonces fiscal de la nación ante la JNJ.
MIRTHA GONZÁLES YEP LE ENTREGÓ USD 69.000 A LOS EXASESORES JAIME VILLANUEVA Y MIGUEL GIRAO".
La Fiscalía indica que Benavides Vargas aceptó, nuevamente, el acuerdo ilícito. Tras ello, Gonzáles Yep les ofreció USD 60.000 a sus asesores para que presionen, de tal modo que el acuerdo se concrete.
Luego, entre fines de marzo y junio de 2023, se dieron una serie de reuniones entre Castillo Alva y Gonzáles Yep con Villanueva Barreto y Miguel Girao Isidro. El objetivo, según describe el expediente, era mantener y concretar el acuerdo con la entonces fiscal de la nación y, de paso, darle a los asesores el dinero ofrecido.
La primera entrega (USD 10.000) se hizo a fines de marzo de ese año. La segunda (USD 20.000), en los primeros días de abril. La tercera (S/30.000), se produjo a inicios de junio, mientras que la cuarta (USD 8.000) ocurrió un mes después. Finalmente, el 21 de junio de 2023, la pareja les entregó los USD 14.000 restantes. Esta información fue obtenida por el Eficcop a través del mismo Villanueva Barreto.
Mirtha Gonzáles Yep
ANTECEDENTE. La empresaria Mirtha Gonzáles reconoció haber dado una coima al excongresista Héctor Becerril, en 2019.
En el contexto de esas reuniones, el capitán PNP Rodríguez Menacho acudió a la JNJ como testigo de Patricia Benavides Vargas para brindar una declaración a su favor en el proceso disciplinario que investiga las llamadas con Antonio Camayo Valverde, según lo acordado.
El 6 de julio, la suspendida fiscal de la nación cumplió con su parte del presunto pacto: removió al fiscal adjunto provincial Max Castro Huamán. Y, el 15 de julio, hizo lo mismo con el fiscal provincial Andy Rodríguez Domínguez, quien junto con Castro Huamán había solicitado una prisión preventiva para Castillo Alva. Esto, de hecho, había generado que el abogado estuviera prófugo por varios meses.
EL CAPITÁN PNP JORGE RODRÍGUEZ MENACHO PRESENTÓ UN INFORME QUE FAVORECÍA A PATRICIA BENAVIDES ANTE LA JNJ".
A mediados de agosto, Gonzáles Yep le entregó a Villanueva Barreto y Girao Isidro otros USD 5.000 por su ayuda en la remoción de los fiscales del equipo Cuellos Blancos. Poco después, Patricia Benavides Vargas logró la salida del coordinador de este equipo especial, Jorge Díaz Cabello. Es decir, el único pendiente de la solicitud ilícita.
Más tarde, Castillo Alva le pidió a la presunta organización criminal la remoción de la fiscal Magaly Quiroz Caballero, quien había iniciado una investigación secreta contra el capitán PNP Rodríguez Menacho. Es decir, el efectivo que los estaba ayudando a conseguir sus presuntos objetivos ilícitos.
El 28 de setiembre de 2023, tras formalizarse la salida de Quiroz Caballero, Gonzáles Yep le entregó USD 4.000 adicionales a Villanueva Barreto y a Girao Isidro por sus coordinaciones.
Patricia Benavides
PLAZO. A inicios de junio se vence la suspensión, por seis meses, que le impuso la JNJ a Patricia Benavides.
Foto: Andina
Recientemente, la magistrada Inés Tello de Ñecco presentó su informe final sobre el caso de Bersabeth Revilla Corrales y solicitó la destitución de Benavides Vargas a los integrantes de la JNJ. No obstante, hasta la fecha, no se conoce el estado del caso relacionado a las llamadas entre la suspendida fiscal de la nación y Antonio Camayo Valverde.
En paralelo, la resolución del TC del 25 de abril, como se explicó previamente, restablece la suspensión de Inés Tello de Ñecco y Aldo Vásquez Ríos en la JNJ. Esto puede implicar una afectación a los procesos disciplinarios contra la suspendida fiscal de la nación, en caso uno de los magistrados restantes se abstenga del proceso.
Ante esta situación, el retorno de Benavides Vargas al Ministerio Público es una posibilidad, ya que ella solo fue suspendida preventivamente por seis meses, el 6 de diciembre de 2023. En otras palabras, ese período culmina a inicios de junio.
PARA OMAR AWAPARA, LAS EVIDENCIAS QUE HAY CONTRA PATRICIA BENAVIDES HARÍAN INSOSTENIBLE SU PERMANENCIA EN LA FISCALÍA".
El secretario general de la Asociación Civil Transparencia, Omar Awapara Franco, señaló a OjoPúblico que una de las causas del debilitamiento histórico del Ministerio Público es su vinculación con el poder político, factor que se ha agudizado en la gestión de Patricia Benavides Vargas.
“Hay una debilidad perenne en el sistema de justicia, y eso involucra al Ministerio Público. No es una organización fuerte (...) Más allá de la capacidad o incapacidad que pueda tener esta institución, lo que está afectando su prestigio es su vinculación con el poder político”, dijo.
Awapara Franco considera que la gran cantidad de evidencias contra de Patricia Benavides Vargas haría insostenible su permanencia en el cargo de fiscal de la nación.
“Lo más probable es que llegue debilitada por todos los indicios y acusaciones. Es probable que intente interferir en algunas de ellas. Pero lo que se ha avanzado, en términos de Valkiria y evidencias, creo que la involucra demasiado como para que sea sostenible su situación en el Ministerio Público”.
El departamento de Miguel Girao Isidro
La tesis fiscal indica que Miguel Girao Isidro, exasesor de Patricia Benavides Vargas, habría utilizado el dinero obtenido de manera ilícita en la compra de un departamento junto a su esposa, la fiscal Fiorella Félix Acosta, en el distrito limeño de San Isidro.
El vínculo entre ambos se había mantenido oculto hasta noviembre del año pasado, fecha en la que OjoPúblico reveló el matrimonio y los ascensos que había recibido Félix Acosta, tras la designación de Girao Isidro como asesor de confianza de la entonces fiscal de la nación.
Ahora, el expediente fiscal expone que, en diciembre del año pasado, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) le remitió un informe a la Fiscalía en el que se advierte un presunto acto ilícito de conversión de dinero por parte del exfuncionario, que comprende la suma de S/248.500. La finalidad, según el documento, era evitar la identificación de su origen ilícito y posterior incautación.
Miguel Girao
FAVORES. La fiscal Fiorella Félix Acosta ascendió de puesto luego de que su pareja, Miguel Girao Isidro, asumió el cargo de asesor de Patricia Benavides.
Composición: OjoPúblico / Gianella Rojas
El informe de la UIF precisa que el asesor de Benavides Vargas recibió entre el 23 y el 24 de marzo de 2023, S/165.950 de cuatro personas: el exasesor Villanueva Barreto, el fiscal Juan Carlos Zuñiga Ríos, el funcionario Francesco Franco Flores, y el abogado Miguel Coronado Flores. El 24 de marzo, en tanto, recibió USD 21.000 de su hermano, Luis Enrique Girao Isidro, y de Coronado Flores.
De acuerdo a la información proporcionada por Villanueva Barreto a la Fiscalía, Girao Isidro le había dicho que el dinero obtenido ilícitamente, como el que le entregó Gonzáles Yep, entre otras personas que le solicitaron apoyo a cambio de dinero, lo iba a invertir en la compra de un departamento, valorizado en más de S/1’000.000.
LA FISCALÍA SOSTIENE QUE MIGUEL GIRAO COMPRÓ UN INMUEBLE CON DINERO OBTENIDO DE MANERA ILÍCITA".
El Eficcop también señala que, el mismo 24 de marzo, Miguel Girao Isidro transfirió S/248.500 a Inmobiliarias del Adriático S.A., como cuota inicial del inmueble.
El Ministerio Público pudo establecer, asimismo, que el fiscal Juan Carlos Zuñiga Ríos le había pagado S/2.000 a Girao Isidro para ser promovido al cargo de fiscal provincial del distrito de Lima Centro. Este, según la investigación, no es el único presunto dinero ilícito obtenido por el asesor bajo dicha modalidad.
Más dinero por designaciones y archivos
La investigación del Eficoop también reveló que, en enero de 2023, los exasesores de Patricia Benavides Vargas, Jaime Villanueva Barreto y Miguel Girao Isidro, recibieron USD 4.000. En esta ocasión, por coordinar la designación de la abogada Margoth Cusihuaman Tineo como fiscal adjunta provincial provisional en el despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos de Lima Norte.
Ese mismo mes, relata el expediente fiscal, Villanueva Barreto y Girao Isidro recibieron una solicitud de Oscar Nieves Vela, exconsejero legal de la presidenta Dina Boluarte, para que lo ayuden a gestionar el archivo de la investigación por lavado de activos en la que estaba involucrado Camilo Peirano Blondet. Dicho empresario, antes, había sido investigado por tráfico ilícito de dr**as y violación.
En el entramado también estaba involucrado el fiscal Marco Huamán Muñoz, hombre de confianza de la suspendida fiscal de la nación. Por este hecho, el Eficcop sostiene que Girao Isidro y Villanueva Barreto recibieron USD 20.000, que debían ser repartidos entre ambos. El documento señala que Huamán Muñoz también cobró su parte, pero no se menciona el monto.
Jaime Villanueva
DELATOR. Para el operativo Valkiria XI, Jaime Villanueva contó nuevos presuntos hechos ilícitos que involucran a Patricia Benavides
A inicios de julio de 2023, siempre de acuerdo al expediente, Nieves Vela volvió a buscar a los asesores para negociar su apoyo en otro proceso. En esa oportunidad, el exconsejero de la presidenta solicitó el archivo de la investigación por lavado de activos que tenía el empresario Manuel Luis Altamirano Ramírez. En ese caso también estuvo involucrado el fiscal Huamán Muñoz.
Finalmente, el 21 de julio de 2023, el fiscal Carlos Puma Quispe archivó el caso de Altamirano Ramírez. Tras ello, según el expediente, Nieves Vela entregó una nueva suma a Girao Isidro y Huamán Muñoz, aunque no se precisa la cantidad. No obstante, sí detalla que Girao Isidro le entregó USD 10.000 a Villanueva Barreto.
Para cumplir con el archivo, sostiene el Eficcop, este último y Girao Isidro solicitaron el apoyo de Patricia Benavides Vargas, para que ella presione al fiscal Carlos Puma Quispe. En este hecho, el equipo de la Fiscalía obtuvo las declaraciones del propio Puma Quispe.
Licitaciones direccionadas
El expediente fiscal también expone presuntos direccionamientos de licitaciones por parte de algunos miembros de la supuesta organización criminal liderada por Patricia Benavides Vargas, a cambio de dinero.
El primer caso corresponde a la instalación de un Data Center y un Data de Contingencia previsto para el Ministerio Público. El monto fijado para dicho proceso superaba los S/141’000.000.
Según la Fiscalía, la empresaria Grika Asayag O'besso, cercana a la presidenta Dina Boluarte, se comunicó con Jaime Villanueva Barreto con la intención de presentarle a una persona interesada en la licitación del Ministerio Público.
Se trataba del empresario Giancarlo Valer Enciso, un oficial FAP que, en 2020, fue detenido por ser considerado líder de la banda criminal Los Ingeniosos del Sur, dedicada al direccionamiento de compras en la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur.
El expediente indica que Valer Enciso ofreció S/500.000 a Villanueva Barreto y el mismo monto a Miguel Girao Isidro, si lograban direccionar la millonaria licitación a favor de la empresa Italtel Perú. El acuerdo, según la Fiscalía, fue aceptado.
No solo eso: los asesores informaron al empresario que, para conseguir el objetivo ilícito, tendría que intervenir la entonces fiscal de la nación. Así, Valer Enciso ofreció, a través de Villanueva Barreto y Girao Isidro, S/1’000.000 para Patricia Benavides Vargas, si influía en el proceso.
El expediente indica que la exfiscal de la nación también aceptó la propuesta y realizó una serie de medidas. Entre ellas, destaca el cambio de la directora de la Unidad Ejecutora N° 11 Carpeta Fiscal Electrónica del Ministerio Público, a cargo del proceso, para poner en su lugar a Blanca Arce Barboza, una persona recomendada por Valer Enciso, con el objetivo de controlar la licitación.
Finalmente, la presunta organización criminal logró adjudicar la buena pro a la empresa acordada. No obstante, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), organización que financiaba la licitación, rechazó la propuesta al detectar irregularidades en el proceso. El expediente no precisa si se le llegó a pagar a Benavides Vargas y a sus asesores alguna parte del dinero prometido.
LA FISCALÍA REVELÓ QUE PATRICIA BENAVIDES RECIBIÓ UNA COIMA DE S/30.000 POR SU APOYO EN EL DIRECCIONAMIENTO DE UNA LICITACIÓN".
En la investigación se describe, además, el direccionamiento de una licitación por computadoras a otra empresa vinculada a Valer Enciso por más de S/3’451.000. En esta, el empresario ofreció S/70.000 de coima para que sean repartidos entre los asesores Girao Isidro y Villanueva Barreto; el gerente de la Oficina de Logística, Jorge Palomino Quesada, y la exfiscal de la nación.
El acta señala que Villanueva Barreto se reunió con Patricia Benavides Vargas para entregarle S/30.000 enviados por Valer Enciso como parte del presunto acuerdo ilícito. La buena pro a la empresa Inversiones Tecnológica del Perú se dio en octubre de 2023, según el Ministerio Público.
Por último, la investigación hace referencia al direccionamiento de otras licitaciones por computadoras por más de S/4’000.000 a la misma empresa. Por esta, Valer Enciso entregó un adelanto de S/24.000, que fue repartido entre Girao Isidro y Jorge Palomino Quesada.
Según informó Villanueva Barreto al Eficcop, el dinero restante sería dividido entre él y la entonces fiscal de la nación.
El secretario general de la Asociación Civil Transparencia, Omar Awapara Franco, indicó que urge del compromiso de todos los sectores políticos para encontrar una salida a esta crisis generalizada.
“Aquí es un tema de voluntad, de que los actores políticos dejen de usar como un arma al sistema de justicia o que lo dejen de manipular, como está sucediendo en los últimos años. No hay cambio, si no hay voluntad de los actores políticos”, remarcó.
