02/09/2024
Destrucción en la frontera Perú-Ecuador
LA MINERÍA ILEGAL ENVENENA EL RÍO CHINCHIPE
Por: Amilkar Cabrera Ramos
La provincia fronteriza de San Ignacio, en Cajamarca, no solo es una de las regiones más biodiversas del Perú, sino también hogar de comunidades nativas Awajún, cuya existencia está siendo amenazada por la contaminación proveniente de la explotación minera. El río Chinchipe, que nace entre San Ignacio y San José de Lourdes, y desemboca en el pongo de Rentema en Jaén, ha sido testigo del deterioro de su ecosistema. La minería, que se extiende a lo largo de este cuerpo de agua, está devastando el entorno natural, tanto en Perú como en Ecuador.
El río Canchis, que separa a ambos países, es una de las fuentes ricas en oro y otros minerales valiosos. La explotación en esta zona comenzó hacia 1985 de manera artesanal, utilizando dragas que, aunque contaminaban, lo hacían de forma más controlada. Sin embargo, el verdadero cambio ocurrió en 2001, cuando en el lado ecuatoriano se abrieron trochas carrozables, facilitando el acceso de maquinaria pesada y ampliando considerablemente la escala de extracción, y con ello, la contaminación. Desde entonces, las quejas han aumentado, denunciando la presencia de maquinaria pesada que degrada el río.
En el Perú, el impacto ambiental de la minería es un tema recurrente y preocupante. Según el Ministerio del Ambiente (MINAM), alrededor del 30% de los ríos amazónicos del Perú están contaminados debido a la minería ilegal. Esto no solo afecta a la biodiversidad, sino también a las comunidades que dependen del agua para su subsistencia. En el caso específico del río Chinchipe, las autoridades locales han intentado poner freno a esta problemática. En marzo de 2019, el entonces alcalde Ronald García Bure lideró un operativo junto con la fiscalía y los regidores de la provincia para detener las actividades ilegales. Sin embargo, estos esfuerzos han sido insuficientes.
En 2018, se realizaron reuniones binacionales en Yantzaza, Ecuador, con la participación de organismos como la Autoridad Nacional del Agua (ANA) de Perú y MAE y SENAGUA de Ecuador, con el objetivo de establecer un monitoreo continuo de los cuerpos hídricos. Sin embargo, estas iniciativas fueron interrumpidas por la pandemia del COVID-19, dejando el problema en una situación crítica.
La minería en la cuenca del río Chinchipe es llevada a cabo tanto por maquinaria pesada como por métodos artesanales, empleando químicos altamente contaminantes como el mercurio y el cianuro, que envenenan las aguas. La alcaldesa del Centro Poblado 7 de Agosto, Doris Delgado Requejo, ha señalado que los operativos inopinados han logrado frenar la explotación en ciertas áreas, pero en otras, como San Francisco Nazareth de la Cumbre y Lucero del Oriente, la minería ilegal persiste sin control. Las actividades mineras ilegales se han extendido ahora al lado peruano, con la complicidad de algunos locales que colaboran con mineros ecuatorianos, afectando directamente la salud de las comunidades y del río.
El impacto binacional de esta explotación desmedida es innegable. Tanto Perú como Ecuador sufren las consecuencias de la contaminación del río Chinchipe, que ya no es el río cristalino y lleno de vida de antaño. A nivel nacional, el Perú enfrenta una crisis de salud pública en las comunidades cercanas al río, donde el agua ya no es apta para el consumo humano ni para la agricultura. En Ecuador, la situación no es diferente, con comunidades que dependen del río para su supervivencia viendo sus medios de vida gravemente comprometidos.
El 9 de octubre de 2023, se celebró una reunión clave en el Centro Poblado 7 de Agosto con la participación de ronderos de los siete distritos de la provincia, dirigentes ronderos de Cajamarca, el alcalde de San José de Lourdes y residentes locales. La principal preocupación discutida fue la invasión del territorio peruano por mineros ecuatorianos, quienes, en complicidad con algunos peruanos, cercan terrenos y amenazan a la población local para continuar con la extracción ilegal de minerales.
A pesar de los operativos y las reuniones, la situación parece estar lejos de resolverse. Las aguas del río Chinchipe, antaño cristalinas y azules, hoy lucen marrones y sin vida. La pregunta que surge es si las autoridades, tanto nacionales como regionales y locales, serán capaces de tomar medidas contundentes para detener esta catástrofe ambiental que afecta no solo la biodiversidad, sino también la salud y el bienestar de las comunidades que dependen del río.
¿Podrán algún día recuperar la pureza de sus aguas? ¿O seguirán enfrentando una muerte segura a manos de la minería?
