15/11/2023
Herramienta clave de espionaje caducará este año sin acuerdo entre Congreso y Casa Blanca
Faltando apenas un mes y medio para el final del año, al gobierno del presidente Joe Biden se le acaba el tiempo para volver a obtener la autorización para un programa de espionaje que considera vital para prevenir el terrorismo, atrapar espías y desbaratar los ciberataques.
La herramienta, la Sección 702 de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera, caducará a finales de diciembre a menos que la Casa Blanca y el Congreso puedan llegar a un acuerdo y resolver un debate inusualmente fastidioso que ha dado lugar a alianzas poco probables en la intersección de la privacidad y la seguridad nacional.
Sin el programa, advierten funcionarios, el gobierno no podrá recopilar inteligencia crucial en el extranjero. Pero los defensores de las libertades civiles de todo el espectro político dicen que la ley, tal como está, viola la privacidad de los ciudadanos e insisten en que se necesitan cambios antes de que se vuelva a autorizar el programa.
“Imaginen si alguna organización terrorista extranjera cambia sus intenciones y ordena a un agente que realice un ataque en nuestro propio patio trasero, e imaginen que no somos capaces de desbaratar la amenaza porque las autorizaciones 702 del FBI han sido muy diluidas”, dijo el director del FBI, Christopher Wray, a los legisladores en el Consejo de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes el miércoles.
La ley, promulgada en 2008, permite a la comunidad de inteligencia estadounidense recopilar sin una orden judicial las comunicaciones de extranjeros fuera del país sospechosos de representar una amenaza a la seguridad nacional. Es importante hacer notar que el gobierno también captura las comunicaciones de los ciudadanos estadounidenses y otras personas en Estados Unidos cuando entran en contacto con esos extranjeros en la mira.
Al defender la renovación de la ley, el gobierno de Biden durante el último año ha citado numerosos casos en los que la inteligencia derivada de la Sección 702 ha ayudado a frustrar un ataque, incluido un complot de as*****to en suelo estadounidense, o ha contribuido a una operación exitosa, como el ataque el año pasado que mató a Ayman al-Zawahri, líder de Al Qaeda.
Los funcionarios de seguridad nacional también han dicho que el 59% de los artículos en el reporte diario del presidente contienen información de la Sección 702, y señalan la necesidad del programa en un momento en el que la guerra de Israel con Hamás ha elevado las preocupaciones sobre ataques dentro de Estados Unidos.
Pero si bien ambos lados del debate están ampliamente de acuerdo en que el programa es valioso, difieren en aspectos clave sobre cómo debería estructurarse, lo que genera un impasse a medida que se acerca la fecha límite y mientras el Congreso está consumido por una apretada agenda de fin de año, que incluye trabajar para evitar un cierre del gobierno y disputas sobre la seguridad fronteriza y el gasto de guerra. La Casa Blanca ya ha descartado por impracticable la única propuesta legislativa conocida que se ha presentado.
Otro factor que complica la gestión del gobierno: la coalición de legisladores escépticos sobre la vigilancia gubernamental incluye tanto a demócratas liberales preocupados por la privacidad como a republicanos que apoyan firmemente al expresidente Donald Trump y que todavía miran a la comunidad de inteligencia con suspicacia por su investigación de los vínculos entre Rusia y la campaña de Trump de 2016.
A pesar de los claros desafíos para lograr un acuerdo, una pugna de último momento entre la Casa Blanca y el Congreso cada vez que los poderes de vigilancia del gobierno deben renovarse se ha vuelto algo previsible. Este programa en particular se renovó por última vez en enero de 2018 luego de una votación dividida en el Congreso y fue promulgado por Trump, quien en una declaración elogió el valor de la herramienta por haber “salvado vidas”, pero también aplaudió un nuevo requisito que estaba destinado a proteger la privacidad.
“Muchos de estos en el pasado han llegado al borde del abismo. Hay una historia aquí de manuibras sutiles cuando estas leyes llegan al borde de la caducidad”, dijo Jamil Jaffer, fundador y director ejecutivo del Instituto de Seguridad Nacional de la Facultad de Derecho de la Universidad George Mason y funcionario sénior del Departamento de Justicia cuando se creó la ley.
Este año, un punto clave de discordia es la insistencia de algunos en el Congreso —a pesar de la fuerte objeción de la Casa Blanca— de que se exija a las agencias federales que obtengan una orden judicial antes de poder acceder a las comunicaciones de personas en Estados Unidos.
Esa ha sido una prioridad para los defensores de las libertades civiles a la luz de las revelaciones del año pasado sobre búsquedas impropias en la base de datos de inteligencia por parte de analistas del FBI de información relacionada con el motín del 6 de enero de 2021 en el Capitolio y las protestas por la justicia racial de 2020, así como sobre figuras políticas estatales y federales.
El gobierno de Biden ha dicho que los errores de cumplimiento por parte del FBI son extremadamente raros dada la enorme cantidad de consultas generales a las bases de datos y que el FBI ha realizado importantes reformas para minimizar la posibilidad de intrusiones de las libertades civiles.
Un alto funcionario del gobierno ha dicho que el requisito de una orden judicial incluido en una propuesta legislativa anunciada la semana pasada cruzaría una “línea roja” para la Casa Blanca, dado que limitaría la capacidad de los funcionarios para detectar y actuar con base en inteligencia potencialmente vital en tiempo real.
El funcionario, quien informó a los periodistas bajo la condición reglamentaria de anonimato establecida por la Casa Blanca, refirió que tal mandato no sólo sería operativamente inviable sino también legalmente innecesario porque obligaría a los funcionarios a obtener una orden judicial para examinar información de inteligencia que ya fue recopilada legalmente.
Wray, en declaraciones preparadas para el panel de asuntos internos de la Cámara de Representantes, dijo que el requisito de una orden judicial equivaldría a una “prohibición de facto” en parte debido a la cantidad de tiempo y de recursos necesarios para preparar una solicitud de orden judicial.
El requisito de una orden judicial tiene el apoyo del representante republicano Jim Jordan, presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes —y uno de los miembros del Congreso más pro-Trump— y del senador demócrata Ron Wyden, un defensor confiable de las libertades civiles y abanderado liberal por décadas.
Wyden publicó la semana pasada un proyecto de ley con un grupo bipartidista de legisladores —incluido el representante republicano Andy Biggs, un firme partidario de Trump— que exigiría una orden judicial, excepto para exenciones limitadas, como cuando los funcionarios necesitan detener una amenaza inminente o si el sujeto de la consulta ha dado su consentimiento a la búsqueda.
En una entrevista, Wyden explicó que, aunque sentía firmemente la necesidad de órdenes judiciales —son “importantes porque los Padres Fundadores pensaban que eran importantes”—, también creía que su equipo había adoptado un enfoque mesurado al incluir excepciones significativas al requisito de una orden judicial.
“No estamos negociando con nosotros mismos”, dijo Wyden. “Tenemos una política de puertas abiertas. Si hay preocupaciones por parte del gobierno, debe plantearlas, exponerlas y discutirlas”.
