20/12/2024
La legitimidad de las demandas frente a un análisis profundo y respetuoso de los bloqueos carreteros
En un entorno democrático, el debate público y el derecho a la libre expresión son herramientas esenciales para visibilizar problemáticas y generar cambios. Sin embargo, cuando las demandas sociales trascienden hacia formas de protesta como los bloqueos carreteros, surgen posturas encontradas que requieren un análisis equilibrado y respetuoso, centrado en los principios de justicia social y ética.
Los bloqueos carreteros, como toda forma de manifestación, son un reflejo de un sector que no ha encontrado respuesta en los canales institucionales. En el caso de los productores agrícolas de Tamaulipas, los bloqueos no son actos de protagonismo, sino medidas desesperadas impulsadas por una crisis estructural en el campo. Ante la falta de soluciones, estas acciones han obligado a las autoridades a atender demandas que, de otro modo, habrían permanecido invisibles.
El sector agrícola enfrenta una realidad de abandono institucional. La falta de acceso a precios justos, los incumplimientos en apoyos económicos prometidos y la opacidad en programas como el S111 han exacerbado una problemática que afecta no solo a los productores, sino a miles de familias que dependen del campo mexicano.
Las movilizaciones recientes, aunque controvertidas, lograron un impacto tangible: la asignación de 270 millones de pesos al programa S111 y la aprobación de 7,000 folios mencionados por el secretario de la SADER, Antonio Varela, son logros que no se habrían materializado sin la presión ejercida por los bloqueos carreteros. Este resultado subraya la efectividad de la protesta como herramienta para visibilizar y atender problemas que las vías tradicionales no han resuelto.
Es cierto que los bloqueos afectan el libre tránsito y pueden ser analizados desde el marco jurídico del Código Penal Federal, que contempla sanciones para ataques a las vías de comunicación. Sin embargo, analizar las movilizaciones exclusivamente desde un enfoque punitivo descontextualiza la realidad social que las origina.
El señalamiento de que estas acciones podrían tipificarse como "terrorismo" resulta desproporcionado y polarizante. Si bien las manifestaciones pueden generar incomodidad, su objetivo no es intimidar ni causar daño, sino ejercer presión para obtener soluciones concretas a problemáticas largamente ignoradas. Esta narrativa criminalizadora desvía la atención del problema de fondo: la falta de políticas públicas efectivas y el incumplimiento de compromisos gubernamentales con el sector agrícola.
No se puede ignorar que los bloqueos carreteros tienen un impacto sobre terceros. Sin embargo, responsabilizar exclusivamente a los manifestantes por estas afectaciones es desconocer el papel fundamental que las autoridades tienen al no atender las causas de la protesta. Los bloqueos son el último recurso de un sector que, tras agotar las vías institucionales, recurre a estas medidas para ser escuchado.
La solución no radica en criminalizar las manifestaciones, sino en establecer canales de diálogo efectivos que permitan atender las demandas legítimas de los productores agrícolas. Las autoridades deben comprometerse con mesas de trabajo con plazos claros, transparencia y rendición de cuentas, mientras que los líderes campesinos pueden explorar formas innovadoras y pacíficas de manifestación.
Las protestas no son una amenaza para la democracia; son un síntoma de un sistema que necesita transformarse para garantizar justicia y equidad. Los 270 millones de pesos logrados y los 7,000 folios aprobados son un recordatorio de que la acción colectiva puede generar cambios significativos.
La tierra es de quien la trabaja, y la justicia debe ser para todos.
