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16/11/2023

Reunión entre la FGR y víctimas de Nuevo Laredo para abordar casos de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas

Por: Agencias

Ciudad de México, 15 de noviembre de 2023 .— Representantes de la Fiscalía General de la República (FGR) sostuvieron una reunión con sobrevivientes y familiares de personas víctimas de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y violaciones graves de derechos humanos en Nuevo Laredo.

Durante el encuentro, se destacó la falta de investigación a los mandos militares, centrándose especialmente en casos específicos de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y abusos ocurridos en 2018., perpetrados por personal de la Secretaría de Marina-Armada de México.

Las víctimas presentaron peticiones concretas ante la FGR, proporcionando información detallada sobre el proceso, según indicó Raymundo Ramos Vázquez, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, quien acompañó a los familiares de personas desaparecidas y a sobrevivientes de abusos militares.

Es relevante subrayar que una manifestación pacífica precedió a la reunión, señalando a personal de la SEMAR, Secretaria de la Defensa Nacional y Guardia Nacional, por perpetrar violaciones graves de derechos humanos, entre ellos los delitos de desaparición forzada, ejecución extrajudicial, violación sexual, homicidio calificado y tentativa de homicidio calificado.

Como respuesta positiva, se vislumbra la posibilidad de que la Fiscalía General de la República envíe personal a Nuevo Laredo para revisar las carpetas de investigación, satisfaciendo así una demanda clave de las familias afectadas.

Durante la reunión, se resaltaron dos casos específicos: la masacre en la colonia Cavazos Lerma el 26 de febrero y la tragedia en Smart Zapata. En estos casos, se busca ampliar la investigación a más personas y elementos del Ejército Mexicano. La FGR ha brindado orientación sobre los pasos a seguir, generando esperanzas de una investigación más exhaustiva.

En el caso del Libramiento Mex 2, donde agentes de la Guardia Nacional asesinaron a balazos a una joven de 15 años, a su bebé de ocho meses nonato y a un hombre de 54 años, con tres sobrevivientes, entre ellos Verónica Patricia Treviño Rubí, se exigió una profundización de la investigación.

Ramos Vázquez enfatizó: "Se está solicitando que se impute a personal de la Guardia Nacional por los delitos que cometieron, homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa".

En cuanto a las desapariciones perpetradas por elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México en Nuevo Laredo en 2018, el presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Raymundo Ramos Vázquez, señaló que se llevará a cabo una reunión en la capital el próximo 11 de diciembre para abordar búsquedas pendientes y la desaparición de personas.

"Habremos de trasladarnos a esta ciudad para tratar el asunto que tiene que ver con las búsquedas de las personas desaparecidas que todavía nos faltan por encontrar, y el castigo a los responsables", destacó Ramos Vázquez. En estos casos, personal de la SEMAR es señalado por la desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales.

El presidente de la CDHNL, Raymundo Ramos Vázquez, concluyó señalando que "en síntesis, se trató de una reunión muy positiva con funcionarios de la Fiscalía General de la República".

15/11/2023

Denuncian ante el Senado desapariciones de personas, ejecuciones extrajudiciales, familiares de víctimas de Nuevo Laredo

Por: Agencias

Ciudad de México. — Familiares de personas desaparecidas y ejecutadas extrajudicialmente por personal de la Marina, Ejército Mexicano y Guardia Nacional, así como sobrevivientes, se reunieron en el Senado de la República, donde fueron recibidos por el senador Emilio Álvarez Icaza Longoria.

Encabezados por el presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Raymundo Ramos Vázquez, las familias neolaredenses denunciaron las constantes violaciones de derechos humanos perpetradas por personal militar.

Álvarez Icaza Longoria, integrante del Grupo Plural en el Senado, hizo patente su apoyo a familiares y víctimas y los apoyo después de que se manifestaran frente a Palacio Nacional sin ser atendidos por nadie.

“Es inadmisible que este tipo de abusos y de vejaciones, lejos de tener una sanción, estén cubiertas en un manto de impunidad, en un manto de injusticia. Tienen que venir hasta acá a la Ciudad de México para que sus denuncias sean escuchadas” enfatizó el senador Álvarez Icaza Longoria.

El presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Raymundo Ramos Vázquez, explicó en conferencia de prensa en el Senado, que acompaña a familiares de víctimas de 47 personas desaparecidas en 2018 por integrantes de un Grupo de Operaciones Especiales de la Marina, así como de víctimas de violaciones sexuales e intentos de ejecuciones; en todos los casos hay denuncias ante la Fiscalía General de la República y permanecen impunes.

“Esta mañana queremos denunciar que la mayoría de los casos siguen en total impunidad. Y que la Fiscalía General de la República no investiga la cadena de mando. Por eso estamos aquí”, señaló Ramos Vázquez.

Una víctima sobreviviente es Verónica Patricia Treviño Rubí, atacada a balazos por elementos de la Guardia Nacional en abril de 2023. En el atentado ocurrido en el Libramiento Mex 2, murió Mariana, de 15 años y su hijo nonato de 8 meses, Felipe de 54 años y resultaron lesionadas otras dos personas.

Verónica Patricia fue baleada por los elementos de la Guardia Nacional en el pie izquierdo cuando estaba tirada en el pavimento. Perdió la pierna izquierda y la derecha no tiene movilidad, en este caso la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas ha rehuido cualquier apoyo a la víctima.

“Me llamo Verónica Patricia Treviño Rubí. Pido que por favor se haga justicia, que no quede impune lo que nos hicieron y que paguen. Que paguen todo lo que hicieron. No me han ayudado en nada y me cambió la vida muy rápido. Tengo cuatro hijas por las que tengo que salir adelante. Soy madre soltera y no se me hace justo lo que me hicieron” señaló Verónica Patricia desde el Senado de la República.

Otra madre de familia, Gregoria Hernández, denunció que personal de la Marina desaparecieron a su hijo Noé Ignacio Álvarez Hernández y a su amigo Jonathan Ballesteros, el 18 de febrero de 2018 en Nuevo Laredo.

“Apenas me avisaron que mi hijo falleció. Lo mataron los Marinos y lo encontraron en una brecha en el kilómetro 26 rumbo a Piedras Negras y su cuerpo lo llevaron a la fosa común, cosa que no, no me avisaron. Apenas hace como 15 días me dieron la noticia y me siento muy mal por haberme ocultado -La Fiscalía General de la República- la información”, dijo la atribulada mujer.

En la conferencia de prensa desde el Senado de la República participó también Enrique Pérez Rocha, padre de Gustavo Pérez Benítez, una de las cinco víctimas de la Masacre de la Cavazos Lerma, en la que fueron ejecutados cinco jóvenes por personal de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Gustavo fue asesinado por los militares y su hermano Alejandro logró sobrevivir, pero sufre secuelas psicológicas. “salieron a divertirse ese día y por venir, por divertirse y salir en la noche de un bar, pues el Ejército los ejecutó; falleciendo ahí uno de mis. Tenemos todas las pruebas para que el Ejército sea castigado y esperemos pues que no desvíen la investigación”, manifestó el padre de familia.

En el mismo caso fue ejecutado por los soldados Gustavo Ángel Suarez, conductor de la camioneta, su madre, Jennifer Castillo denunció desde el Senado, “esto fue una masacre lo que hicieron este mi hijo, salió esa noche a festejar que iba a ser papa. Mi primer nieto. Mi nieto acaba de nacer hace dos semanas y estas personas -Militares. le quitaron el derecho de conocer a su papá. Pido ayuda, pido justicia”.

Expusieron sus casos, Manuela Trinidad Ramírez García, madre de Daniel Gerardo García Ramírez, víctima de desaparición forzada por la Marina en 2018, quien exigió justicia y exigió que la Fiscalía General de Tamaulipas deje de ocultar información, permitiendo consultar las carpetas de investigación.

Así como Beatriz Cuevas Bracamontes quien expuso el caso de su esposo Alex Pérez, ejecutado extrajudicialmente por elementos del Quinto Batallón de Fuerzas Especiales de la Secretaría de la Defensa Nacional el 18 de mayo en Nuevo Laredo.

“Hay un video como prueba y ellos niegan las cosas, ellos niegan todo. No hemos obtenido nada de justicia, ningún apoyo por parte de ellos. La carpeta va muy lenta, la investigación va muy lenta. Exijo justicia” exigió la mujer.

Edgar Netro Acuña, abogado de las familias, denunció que la Secretaría de Marina-Armada de México, la Secretaría de la Defensa Nacional y Guardia Nacional encubren a los mandos, eluden su responsabilidad y culpan a elementos de menor jerarquía. Exigió a la Fiscalía General de la República una debida investigación por los delitos perpetrados por el personal militar y la GN en Nuevo Laredo.

Por último, Raymundo Ramos Vázquez dio a conocer que se acudirá a la Fiscalía General de la República a solicitar una audiencia, así como a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Al retomar la palabra, el senador Álvarez Icaza Longoria señaló que el presidente López Obrador, debe saber con toda claridad que “desaparecer a los desaparecidos, no es como se alcanza justicia.

“Lo que está haciendo -Andrés Manuel- López Obrador es un nuevo pacto de impunidad. No solo favorece la militarización del país, sino que encubre las graves violaciones. Si en verdad tuviera un mínimo compromiso con los derechos humanos estas denuncias ya hubieran sido atendidas. Es absolutamente vergonzoso que la Sedena, la SEMAR y la Guardia Nacional ni siquiera atiendan los daños de sus actuaciones” destacó el senador Álvarez Icaza.

Agregó que “el comete el error que cometen todos los gobernantes de corte autoritario y tiránico pensar que van a estar siempre intocables. Se equivoca, la justicia lo va a alcanzar”.

13/11/2023

Familiares de personas desaparecidas por la SEMAR y víctimas de abusos piden intervención del presidente AMLO

Por: Agencias

Ciudad de México, 13 de noviembre de 2023. — Familiares de personas desaparecidas y ejecutadas extrajudicialmente por personal de la Secretaría de Marina-Armada de México y sobrevivientes de abusos militares, exigen la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador, para que se haga justicia.

El contingente, integrado por familiares de víctimas de la SEMAR, Guardia Nacional, Ejército Mexicano de la Policía Estatal de Tamaulipas, así como de sobrevivientes, se manifestó frente a Palacio Nacional, donde pusieron algunas pancartas, exhibiendo la molestia de la ciudadanía de Nuevo Laredo ante estos abusos.

Las pancartas señalan; “Clausurado por fallarle a las víctimas”, “Magistrados y jueces corruptos liberan a marinos”, “Exigimos justicia para víctimas de Valles de Anáhuac”, “víctimas de Guardia Nacional”, “Victimas del Ejército mexicano”, “Exigimos cárcel a militares asesinos”.

Raymundo Ramos Vázquez, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo al respecto dio a conocer que “hemos llegado para pedir la intervención del Presidente de México para que se nos facilite una audiencia, hemos venido para exhibir las deficiencias en las carpetas de investigación por parte de la Fiscalía General de la República, así como la complicidad de los asesores jurídicos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y el silencio cómplice de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos”.

Entre los manifestantes se encuentra, Verónica Patricia Treviño Rubí, quien compartió su impactante testimonio como víctima sobreviviente de un atentado perpetrado por elementos de la Guardia Nacional, en el que fueron asesinadas dos personas y tres resultaron heridas.

Verónica resultó gravemente herida, perdiendo parte de su pierna izquierda, y ahora utiliza una prótesis que logró obtener con esfuerzo propio, “ya que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas no ha ayudado en nada ni para sus gastos de rehabilitación y médicos”, señaló Ramos Vázquez.

En este caso la Fiscalía General de la República no ha “encontrado” evidencias de responsabilidad de la Guardia Nacional, aunque los sobrevivientes han declarado ser víctimas de los militares adscritos a dicha corporación.

Los familiares y víctimas sobrevivientes de los abusos militares, tienen previstas reuniones con autoridades y organizaciones defensoras de los derechos humanos durante su estancia en la Ciudad de México, con la determinación de persistir hasta ser escuchados y obtener respuestas a sus demandas de justicia.

02/11/2023

Encubrimiento y Corrupción: Familias de desaparecidos en Nuevo Laredo exigen justicia

-A 5 años de las desapariciones perpetradas por personal de Operaciones Especiales de la Marina, solo hay 6 detenidos y 25 personas entre ellas dos menores de edad, continúan sin localizar. Los restantes, han sido encontrados, ejecutados por los elementos de la SEMAR.

Por: Agencias

Nuevo Laredo, Tam.— Las Fiscalías General de la República y General de Justicia del Estado de Tamaulipas han encubierto durante 5 años resultados de ADN de cuerpos localizados en fosas clandestinas, de personas desaparecidas por elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México, denunciaron familiares de las víctimas.

En días pasados, una Fiscal de la FGR vino a Nuevo Laredo para informarle a dos familias, que una confronta de pruebas de ADN dieron positivos en los casos de los jóvenes Jonathan Organista Ballesteros, de 17 años y Noe Ignacio Alférez Hernández, de 21, cuyos cuerpos habían sido encontrados en abril de 2018, dos meses después de su desaparición a manos de la Marina el 18 de febrero de 2018, dio a conocer Raymundo Ramos Vázquez, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo.

La desaparición y ejecución extrajudicial de los dos jóvenes, fue perpetrada por elementos de la Unidad de Operaciones Especiales de la Marina.

En una emotiva conferencia de prensa, las familias de Jonathan y Noe Ignacio, quienes estuvieron desaparecidos desde febrero de 2018 en esta frontera, hicieron públicas sus demandas de justicia en medio de un escandaloso encubrimiento por parte de la FGR y FGJET.

Las familias, acompañadas por Ramos Vázquez, expresaron su indignación por el prolongado encubrimiento de pruebas de ADN que finalmente confirmaron la identidad de los jóvenes desaparecidos.

Estas pruebas, obtenidas de osamentas encontradas en el kilómetro 23 de la carretera de Nuevo Laredo a Piedras Negras, dieron positivo, pero las autoridades ocultaron esta información durante años, arrojando una sombra de sospecha sobre la actuación de la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas.

El caso se torna aún más oscuro dado que los responsables de la desaparición de estos jóvenes pertenecen a la Unidad de Operaciones Especiales de la Secretaría de Marina-Armada de México.

A pesar de la gravedad de los hechos, solo seis marinos de un total de 30 que estuvieron involucrados han sido detenidos, lo que ha generado una profunda indignación en las familias afectadas, señaló Ramos Vázquez.

“Han pasado cinco años y no se ha localizado a ninguna de las 25 personas que todavía nos faltan, entre ellas dos menores y no se han castigado los homicidios de cuando menos 13 personas que fueron localizadas sin vida, es decir, cinco años después los marinos se siguen burlando de la justicia”, enfatizó el presidente del CDHNL.

Las madres de los desaparecidos, María Ballesteros Rodríguez, Gregoria Hernández Morales y Manuela Trinidad Ramírez García, entre otras, expresaron su frustración por la falta de avances en las investigaciones y la protección de los marinos involucrados por parte de diversas autoridades mexicanas.

También destacaron la negligencia de las autoridades en la entrega de los restos de sus seres queridos y exigieron justicia para sus hijos y para todas las familias afectadas por desapariciones en el país.

“Ya, yo quiero saber, ¿verdad? Que identifiquen bien si es mi hijo, que quiero saber ya, lo quiero tener y pues que se castigue, se castigue lo que le hicieron. Esos marinos no debieron de haber hecho eso”, señaló entre lágrimas María Ballesteros Rodríguez, madre del jovencito Jonathan Organista Ballesteros, de 17 años.

Gregoria Hernández Morales, madre de Noe Ignacio Alférez Hernández, señaló su indignación, “estoy muy molesta con la Fiscalía -General- de la República Mexicana por haberme ocultado una información tan delicada. De la muerte de mi hijo que fue encontrado en abril. Y hasta hoy, hasta esta fecha apenas me dieron la información de eso; Y pido justicia, todo el peso de la ley a todos los marinos que se llevaron a mi hijo”.

Agregó “esas autoridades que están actuando mal, que sean castigadas, porque hicieron su trabajo mal, y pido que ya me entreguen los restos de mi hijo lo más pronto posible, para darle cristiana sepultura. Y ya quiero descansar ya también, junto con él. Es lo que pido, nada más, exige justicia”.

Ramos Vázquez dio a conocer que, en el lugar, kilómetro 23 de la carretera Piedras Negras, donde se encontró la fosa clandestina y los restos de Noé y Jonathan, se halló un vehículo, un Ford Ta**us que pertenecía a otro joven, que se encuentra desaparecido a manos de la Marina.

Manuela Trinidad Ramírez García, madre de Daniel Gerardo García Ramírez, desaparecido el 14 de abril de 2018, denunció que la Fiscalía de Justicia en Nuevo Laredo, de acuerdo al Fiscal Federal Antonio Saucedo Cruz no entrega los oficios de los perfiles de ADN.

“Yo estoy muy molesta, le dije, -al Fiscal Federal- por qué desde el 2018 y hasta ahorita, por qué vienen saliendo los hijos de mis compañeras, le dije yo, y él me está diciendo que porque aquí Fiscalía de Nuevo Laredo, Tamaulipas, no hace su trabajo”, señaló la madre de familia.,

Las familias instaron al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a intervenir en el caso, a garantizar que se haga justicia y a poner fin al encubrimiento y la corrupción que prevalece en el sistema de justicia federal y de Tamaulipas.

01/11/2023

30/10/2023

Elementos de Fuerza Civil allanan domicilio, amenazan a familia y manosean a niña

-Agentes de Fuerza Civil ingresaron a una vivienda en Anahuac ubicada en Estación Rodríguez, provocando caos y angustia en una familia, alegando supuestas conexiones con actividades delictivas. Detuvieron a un joven, de quien se desconoce su paradero.

Por: Agencias

Anahuac, Nuevo León, 30 de Octubre de 2023 .— La tranquilidad en el hogar de la familia Hernández Rodríguez, ubicada en la calle Río Balsas #205, Colonia Independencia, se vio violentamente interrumpida cuando un contingente de agentes de Fuerza Civil allanó su hogar.

Rosa María Rodríguez Castellano, de 43 años madre de tres hijos, y su conyuge, Juan Carlos Hernández Martínez, de 43 fueron sometidos a un registro ilegal de su domicilio por los agentes policiacos, que allanaron su domicilio, sin mostrar ninguna orden judicial

Los agentes robaron la bolsa de la madre de familia, que contenía dinero, y revolvieron todas las habitaciones de la casa, causando daños, además de robar algunas pertenencias de valor.

Hurtaron un DVR (grabador de video) de las cámaras de seguridad, para evitar dejar evidencia de sus hechos ilícitos, perpetrados al amparo de la noche, actuando como delincuentes.

Una agente, con el pretexto de revisar a las mujeres, aprovechó para manosear en sus partes nobles a una niña de 10 años.

Los elementos de Fuerza Civil sacaron del domicilio a un amigo de las hijas de la familia, asegurando que tenían información que andaba “mal”. Se desconoce el paradero del joven.

Los oficiales acusaron a Rosa de estar involucrada en actividades delictivas, basándose en supuestas pruebas fotográficas, la respuesta de Rosa, que negó cualquier relación con el crimen, no pareció ser suficiente para los agentes, quienes insistieron en que ella conocía a ciertas personas involucradas en actividades ilícitas.

Rosa también expresó su temor y frustración ante la falta de respuesta de las autoridades locales a esta situación, indicando que esta no era la primera vez que su familia había enfrentado acusaciones y abusos de este tipo por parte de la Fuerza Civil.

Señaló que se había visto obligada a mudarse de su casa anterior debido a incidentes similares.

El padre de familia, quien trabaja como mesero, iba saliendo de su hogar y lo obligaron a caminar hacia la esquina, donde lo interceptaron y lo mantuvieron interrogándolo y amedrentándolo, durante 4 horas.

“Me decían que yo que yo andaba trabajando con los malandros y que esto y que lo otro, les dije no, pues yo donde trabajo es en un bar, y ahí me tuvieron, me dijeron que me iban a llevar y que no me la iba a acabar “.

La familia Hernández Rodríguez tiene miedo a represalias. Que los elementos de Fuerza Civil Nuevo León regresen y les “siembren” algo ilícito, por lo que piden a las autoridades estatales su intervención, ya que ellos se han tenido que cambiar de casa, cerraron un puesto de comida porque eran víctimas de un acoso policial.

“Yo tenía un puesto de comida y lo tuve que quitar por lo mismo, porque llegaban y me agredían y este maltrataban a mis hijas y yo me cambié de casa y aquí vinieron a dar otra vez.

Yo no sé ya, yo la verdad, yo ya no sé con quién quejarme, porque aquí nomás no hacen caso” enfatizó la madre de familia.

27/10/2023

Familiares de personas desaparecidas por Marinos en 2018 acusan a FGR y CEAV de ocultarles información

-Los restos de dos jóvenes detenidos/desaparecidos estuvieron cinco años en una fosa común en Nuevo Laredo.

-Esta semana confirmaron su identidad mediante peritajes de ADN

COMUNICADO DE PRENSA

Nuevo Laredo, Tamaulipas (27 de Octubre del 2023). - Familiares de personas víctimas de desapariciones forzadas ocurridas entre febrero y mayo del 2018 y atribuidas a elementos de la Unidad de Operaciones Especiales (UNOPES) de la Marina, acusaron a Ministerios Públicos de la Fiscalía General de la República (FGR) y Asesores Jurídicos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) se ocultarles información respecto a las diligencias realizadas en 34 carpetas de investigación y al menos cuatro juicios encauzados en los últimos dos años.

Este reclamo resurgió el martes pasado cuando una Agente del Ministerio Público perteneciente a la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Desaparición Forzada (FEIDDF) le confirmó a Gregoria Hernández Morales que habían identificado los restos humanos de su hijo Noé Ignacio Alférez Hernández, detenido por marinos el 18 de febrero del 2018 en Nuevo Laredo, junto con un amigo de nombre Jonatán Organista Ballesteros y que durante cinco años estuvieron en una fosa común de un panteón municipal de Nuevo Laredo.

La familia de la víctima acudió en febrero del 2018 a las oficinas de la FGR en Nuevo Laredo a presentar una denuncia formal en contra del personal de la Marina iniciándose la Carpeta de Investigación FED/TAMP/NVO.LAR/0000532/2018.

En abril de ese mismo año, dicha la Fiscalía de Tamaulipas tuvo conocimiento del hallazgo de restos humanos correspondientes a dos personas del s**o masculino en una fosa clandestina ubicada en el kilómetro 23 de la carretera Nuevo Laredo-Piedras Negras, pero ocultó la información a los familiares de Noé Ignacio Alférez Hernández y Jonatán Organista Ballesteros, enviando sus restos a una fosa común y quedando registrados con el número de identificación NN3047.

En un juego perverso entre fiscalías, el 8 de mayo el Agente del Ministerio Público de la Federación en ese tiempo, Fernando de Jesús Cervantes Aguilar decidió no investigar la denuncia presentada en contra de los marinos y el 8 de mayo declinó la competencia a la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas. Dos días después la Fiscalía de Tamaulipas devolvió la misma carpeta a la oficina de la FGR en Nuevo Laredo por considerar que la familia señalaba la participación de servidores públicos federales.

Finalmente, el pasado 5 de octubre del 2023, mediante la obtención de un perfil genético y la confronta con una base de datos de personas fallecidas no identificadas dieron positivo con los padres de la víctima, quienes sufrieron una fuerte crisis nerviosa afectando su salud física y emocional, luego de saber que su hijo Noé Ignacio estaba mu**to y su cuerpo permaneció cinco años sepultado en calidad de desconocido.

DE 30 MARINOS DETENIDOS EN ABRIL DEL 2021 SOLAMENTE 7 CONTINUAN EN PRISION PROTEGIDOS POR JUECES FEDERALES

El 30 de Mayo del 2018, luego de una carta enviada al Gobierno Mexicano por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos Zeid Ra’ Ad Al Hussein, desde Ginebra Suiza, al Gobierno Mexicano, solicitando iniciar una investigación por una serie de desapariciones ocurridas en Nuevo Laredo por una fuerza de seguridad, la Fiscalía General de la República atrajo finalmente a sus oficinas centrales en la Ciudad de México la investigación por el delito de desaparición forzada de los jóvenes Noé Ignacio Alférez Hernández y Jonatán Organista Ballesteros en la carpeta de Investigación FED/TSDHPDSC/FEIDDF-TAMP/0000305/2018, así como de otras 38 personas.

El Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo denunció que entre febrero y mayo del 2018 alrededor de 40 personas, incluyendo mujeres y menores de edad, fueron detenidas arbitrariamente, desaparecidas y ejecutadas extrajudicialmente en diferentes operativos realizados en Nuevo Laredo bajo el mando del Almirante Marco Antonio Ortega Siu y a petición del ex gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

Al respecto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) el 13 de julio del 2020 emitió la Recomendación 36/2020VG dirigida al Secretario de la Marina, Almirante José Rafael Ojeda Durán, pero solamente por 27 víctimas, del resto la institución no encontró “evidencias” de participación de servidores públicos de la Secretaría de Marina. La recomendación también fue dirigida al actual Fiscal General de la República (FGR) Alejandro Gert Manero, al entonces gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca y al Presidente Municipal de Nuevo Laredo, Oscar Enrique Rivas Cuellar.

En julio del 2021 la Secretaría de Marina ofreció una Disculpa Pública en Nuevo Laredo a familiares de víctimas de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales reconociendo que su personal naval incurrió en graves violaciones a los derechos humanos actuando al margen de la ley.

Este miércoles, familiares de las víctimas han solicitado a la CNDH convocar a una reunión urgente en la Ciudad de México con funcionarios de la Secretaría de Gobernación en seguimiento a la Recomendación 36VG/2020, para denunciar que son revictimizadas tanto por funcionarios de la FGR como de CEAV al ocultarles información relevante de sus casos y principalmente porque faltan por localizar alrededor de 25 personas, entre ellas, los menores de edad, Adolfo Ángel Chigo Villegas y Jorge Antonio Hernández Domínguez.

Entre otras irregularidades denunciadas por familiares de víctimas se encuentran las siguientes:

No existe un Mecanismo de Coordinación Interinstitucional del Gobierno Federal que permita el intercambio de información con familiares de las víctimas respecto a la elaboración de un Plan Integral y Efectivo de Búsqueda de las personas desaparecidas, así como acciones pendientes relacionadas con atención médica y reparación integral.

La mayoría de las y los asesores jurídicos de la CEAV no responden a llamadas telefónicas, correos electrónicos, mensajes de aplicación instantáneas o peticiones por escrito para gestionar ante la FGR la entrega de copias de las Carpetas de Investigación actualizadas, así como copias de las diferentes Audiencias correspondientes a las carpetas judiciales.

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas lleva dos años sin proporcionar asistencia psicológica a las familias; primero justificando la pandemia del coronavirus y actualmente la falta de presupuesto institucional para trasladarse a Nuevo Laredo.

El Agente del Ministerio Público de la Federación, de la FEIDDF, Antonio Saucedo Cruz se niega a proporcionar a víctimas indirectas copias de las carpetas de investigación actualizadas a la fecha.

Tanto la Fiscalía General de la República como la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas han acordado realizar “búsquedas en vida” en centros penitenciarios de otros estados de la República Mexicana, sin descartar al menos ocho sitios ubicados en las colindancias de los estados de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, en donde familiares de víctimas presumen que se encuentran fosas clandestinas con restos humanos desde 2018.

En los últimos tres años se han realizado al menos ocho diligencias en otros estados del país, PERO NO HAN ENCONTRADO A NINGUNA DE LAS 25 PERSONAS QUE AUN SE ENCUENTRAN DESAPARECIDAS, solamente es una forma de distraerles y justificar “actos de investigación”.

A cinco años de distancia, es evidente que las “” investigaciones” de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Desaparición Forzada son deficientes, omisas y negligentes cuyos beneficiarios son los marinos que participaron en estas desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales.

25/10/2023

MENOR ES ACOSADA POR ELEMENTO DE FUERZA CIVIL

Colombia, Nuevo León, 25 de octubre de 2023. — Un elemento de Fuerza Civil acosa a una menor, estudiante de preparatoria que después de someterla a revisión por “sospechosa”, pasa por su casa buscando amedrentar a familiares.

En redes sociales se denunció el acoso en contra de la adolescente, perpetrado por el oficial Ángel Martínez, quien tripula la patrulla de Fuerza Civil número económico 212.

La madre de la menor, narró como el martes 24 de octubre, su hija Leslie, de 15 años, salió de la preparatoria en Colombia e iba de regreso a la casa de su abuelita, acompañada de una amiga.

Una cuadra antes de llegar a la casa de su abuela, la adolescente ve unas patrullas de la Fuerza Civil y cruza la calle. Metros antes de llegar al domicilio escucha que gritan “hey, hey", pero ella no voltea, porque no sabía a quién le estaban hablando.

Cuando iba a llegar al portón de la casa, la menor es jaloneada de la parte superior de la mochila y de un brazo y al tratar de abrir el portón, el oficial Ángel Martínez se lo impide, arrinconándola entre el portón y un árbol. Esto le causó un hematoma en la espalda.

“Le evitó el acceso a la casa y mi hija le gritó a su abuela, quien salió y el oficial le dice que no se meta, que no sea metiche, siendo que solo estaba defendiendo a su nieta” señaló Nery, en la denuncia pública.

El elemento de Fuerza Civil Ángel Martínez, le abrió la mochila escolar a la menor encontrando solo las libretas y artículos escolares.

Aunque Leslie traía puesto su uniforme, el oficial dijo que eso a él no le bastaba, “que cruzó la calle corriendo y para ellos es porque traía algo”, enfatiza la denunciante.

Al policía acosador se le pidió una identificación que lo acredite como elemento de Fuerza Civil, pero aseguro que no traía y mostró su credencial de elector con el nombre de Ángel Martínez.

“Ahora andan pasando por la casa de mi mamá, tratando de asustarnos” señala la madre de familia, quien pide la intervención de los superiores del elemento policiaco, para que cese el acoso del que es objeto su hija por parte del oficial de Fuerza Civil.