27/11/2025
"𝗩𝗢𝗧𝗔𝗡 𝗦𝗜𝗡 𝗟𝗘𝗘𝗥, 𝗛𝗔𝗕𝗟𝗔𝗡 𝗦𝗜𝗡 𝗣𝗘𝗡𝗦𝗔𝗥"
𝗣𝗼𝗿 𝗝𝘂𝗮𝗻𝗷𝗼 𝗦𝗮́𝗻𝗰𝗵𝗲𝘇
Hay diputados que creen que esconder una iniciativa durante un año es una estrategia válida. Y luego está Alberto Batun Chulim, que convirtió el congelamiento de la derogación de la “Ley Chaleco” en un acto de obediencia partidista tan evidente que se desmoronó apenas le mostraron un documento en la cara.
Y no, el problema no es que la haya bloqueado.
Es cómo lo hizo: Con esa mezcla de torpeza política y disciplina ciega que vuelve a ciertos legisladores perfectamente reemplazables, esos que confunden “ser leal” con “ser útil para tapar huecos del partido”. En su caso, ni lo uno ni lo otro.
Hoy el Congreso anuncia que analizará la propuesta de derogación. No por voluntad, no por coherencia, y mucho menos por responsabilidad. Lo harán porque ya los exhibieron, porque sostener el bloqueo otro día más habría dejado claro —de forma aún más pública— que la decisión no es técnica ni legislativa, sino completamente política. Y de las malas. Y como ya sabes que en estas líneas
José Luis Pech Várguez presentó su iniciativa el 27 de noviembre de 2024.
La Mesa Directiva tardó tres meses en admitirla.
La Comisión de Movilidad, nueve meses en revisarla.
En cualquier democracia seria, esto sería negligencia.
En Quintana Roo, es el manual de operación: dilatar hasta que la presión social revienta, y entonces actuar como si siempre hubieran tenido la intención de atender el tema.
Lo indignante es que Alberto Batún negó en tribuna haber recibido las solicitudes formales para agendar la discusión. Y cuando el Dr. Pech subió con el oficio en la mano, lo dejó expuesto sin necesidad de levantar la voz. El contraste entre los hechos y la versión de Batún fue suficiente para destruir su narrativa en segundos.
La mentira duró lo que tardó en aparecer el documento en pantalla.
Ese es el nivel de “estrategia parlamentaria” con el que están jugando.
El Congreso invita a la ciudadanía a ver la transmisión “en vivo” de la discusión.
Y uno no sabe si reír o aplaudir el cinismo: nos invitan a ver una obra cuyo desenlace está pactado desde antes de abrir la sesión.
La Comisión de Movilidad no va a deliberar nada. Ya no se discuten razones, ni impactos, ni costos sociales. Es una línea de producción donde cada diputado tiene un papel asignado:
Alberto Batún Chulim (Morena), autor del congelamiento.
José María Chacón Chablé (Morena), padre político de la Ley Chaleco.
Euterpe Gutiérrez Valasis (Morena).
Jorge Armando Cabrera Tinajero (PVEM).
Reyna Tamayo (PAN), oposición solo en la tarjeta.
Con ese reparto, lo único que falta es que circulen las frases de siempre: “seguridad”, “orden”, “movilidad responsable”. Palabras gastadas que ya ni ellos mismos se lo creen, pero que usan como barniz para justificar decisiones tomadas en otra oficina.
La Ley Chaleco nació sin respaldo social, sin diagnóstico serio y sin un solo indicador que justificara su existencia. No soluciona los problemas reales de movilidad ni de seguridad. No protege a nadie. No ordena nada. No mejora nada.
Pero sí sirve para algo:
Es un nuevo mecanismo de control con un enorme potencial recaudatorio.
Obligar a motociclistas a usar chalecos con número de placa, cascos rotulados y demás requisitos no previene delitos. Solo genera gastos, trámites, sanciones y más oportunidades para “ordenar” a quien no puede dejar de circular porque vive de su moto.
Por eso Morena la impulsó en la XVII Legislatura.
Por eso Morena y PVEM la blindan hoy.
No porque les importe la seguridad, sino porque les importa el sistema que construyeron alrededor de esta ley.
Imoveqroo no ha podido aplicar la Ley Chaleco porque los motociclistas la frenaron en la calle. Pero el proyecto —el verdadero— sigue allí, respirando:
Chalecos “oficiales”,
Cascos reglamentarios,
Rotulados “certificados”,
Verificaciones,
Licencias,
Nuevas tarifas disfrazadas de ordenamiento vial.
La idea de entregar los primeros chalecos de manera gratuita se evaporó en cuanto hicieron cuentas. No podían sostener la narrativa ni el costo político; tampoco el costo financiero. Entonces guardaron silencio, apostando a que el tiempo haría el trabajo sucio.
Imoveqroo no piensa en seguridad.
Piensa en flujo, en estructura, en un modelo de control que tarde o temprano buscarán revivir. Porque este tipo de leyes no se archivan: Se recalculan hasta que las condiciones políticas permiten aplicarlas sin ruido.
Los colectivos motociclistas de Cancún, Playa del Carmen, Cozumel y Chetumal ya dijeron que no van a retroceder. Y lo dicen con más organización y cohesión que la mayoría de las bancadas del Congreso.
Es casi poético:
una ley que nació para controlar motociclistas terminó uniendo a todos los motociclistas contra quienes la escribieron.
Y lo más incómodo es que funcionan mejor que muchas instituciones estatales: Coordinan, documentan, monitorean y responden. El Congreso, en cambio, sigue jugando al escondite legislativo.
Lo que veremos este martes no es un acto legislativo.
Es una coreografía con guión conocido.
El “análisis” no es análisis.
El “debate” no es debate.
La “discusión” no es discusión.
La Ley Chaleco no se mantiene por utilidad pública.
Se mantiene por utilidad política. Y por interés. Y por disciplina partidista.
El Congreso de Quintana Roo tiene un talento singular:
cuando una ley no sirve para nada, pero sirve para alguien, la protegen como si fuera herencia familiar.
La pregunta aquí no es si derogarán la ley.
La pregunta es ¿Cuánto tiempo más van a fingir que no sabemos quién toma las decisiones en este estado.?
