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07/02/2025
La tragedia de un emblema familiar: el caso Sello Rojo y el silencio del poder
Por Roberto Moncada
En el paisaje económico y social de Jalisco, Sello Rojo ha sido más que una marca; es un símbolo de calidad y orgullo regional, forjado con el esfuerzo de generaciones de productores lecheros. Sin embargo, lo que alguna vez fue una empresa familiar y ejemplo de éxito colectivo, se encuentra al borde del colapso, atrapada en un conflicto que combina intereses privados, negligencia gubernamental y un sistema judicial que parece inclinarse al mejor postor.
El problema, como suele ocurrir en historias de traición y ambición desmedida, surge desde adentro. Dos de los socios de la empresa, supuestos herederos del legado familiar, han colocado a Sello Rojo en una crisis deliberada. Las denuncias abundan: una estrategia orquestada para deteriorar la imagen y estabilidad de la empresa, provocar despidos masivos y asfixiar a los pequeños productores, todo con el objetivo de devaluar las acciones y adquirirlas por centavos.
En esta intrincada trama, el papel de las autoridades no puede pasar desapercibido. El exgobernador Enrique Alfaro, lejos de ser un actor imparcial, mantuvo un silencio cómplice mientras la empresa era despojada de su esencia. Sus vínculos con los sobrinos de Don José Luis González, el fundador de Sello Rojo, generan serias dudas sobre su imparcialidad. La intervención de figuras como Marco Valerio Pérez, entonces secretario del Trabajo, en la perpetuación de un estado de "pre huelga" de cinco años, refuerza la percepción de que el gobierno no actuó como árbitro, sino como aliado de una de las facciones en disputa.
El sistema judicial, por su parte, tampoco se ha distinguido por su rectitud. Las medidas cautelares sin fundamento, las decisiones favorables emitidas sistemáticamente por la Octava Sala del Supremo Tribunal de Justicia y la inacción frente a carpetas de investigación completas son muestras alarmantes de cómo la justicia puede convertirse en una herramienta al servicio de intereses particulares.
Pero más allá del conflicto empresarial y las irregularidades legales, lo que realmente está en juego es el tejido social de Jalisco. La quiebra de Sello Rojo no solo afecta a los accionistas, sino a miles de trabajadores, pequeños productores y familias cuya subsistencia depende de la industria lechera. En un país donde el empleo digno es un recurso escaso, cada despido masivo y cada granja cerrada son un golpe directo a la estabilidad de las comunidades rurales.
La tragedia de Sello Rojo es un recordatorio doloroso de lo que ocurre cuando la avaricia se antepone al bien común y cuando quienes deben proteger el interés público eligen mirar hacia otro lado. En un México que aspira a la justicia y la equidad, casos como este no pueden ni deben ser tolerados.
El legado de Don José Luis González merece ser rescatado, no solo por el prestigio de su marca, sino por la dignidad de quienes han sido arrastrados por este conflicto. La sociedad jalisciense tiene la responsabilidad de exigir transparencia, justicia y un alto a la impunidad que, como un cáncer, destruye lo que alguna vez fue el orgullo de todos.