14/12/2024
Con la reforma a la Ley de Amparo aprobada por el Senado, los ciudadanos pierden la posibilidad de suspender reformas constitucionales que puedan violar derechos fundamentales. Esto significa que si el gobierno impulsa cambios que afectan salud, educación, vivienda o trabajo, no habrá forma de detenerlos mientras se litiga.
Esta medida golpea especialmente a los más vulnerables, quienes enfrentarán mayores costos y dificultades para defenderse con amparos individuales. Es un retroceso en la protección de derechos y en el acceso a la justicia, dejando a los ciudadanos desprotegidos frente a decisiones arbitrarias.