25/02/2024
Casi el 40% del presupuesto estatal está preasignado y en algunos casos ni siquiera tiene fuentes de financiamiento
A duras p***s, entre impuestos y petróleo, este 2024 se sumarán $16.921,12 millones de ingresos para el Presupuesto General del Estado (PGE). Sin embargo, por ley y Constitución, más de $6.000 millones (40%) están preasignados para ciertos sectores sin que el Gobierno de turno pueda hacer nada.
Se tiene que presupuestar sí o sí, aunque los recursos sean insuficientes, un 1% del PIB adicional cada año para salud y educación.
Además, buena parte de los ingresos petroleros y tributarios deben ir a universidades y gobiernos locales que, a pesar de tener recursos asegurados tienen resultados deficientes y una calidad del gasto cuestionable.
Así, sin tener espacio para gestionar nada, se tiene que preasignar a ciertos sectores $4 de cada $10 del presupuesto estatal.
Ecuador es uno de los pocos países en el mundo que tiene una preasignación obligatoria. En la Constitución de Montecristi (2008) se estableció que se asignará un 0,5% adicional del PIB para Educación cada año y otro 0,5% adicional del PIB para Salud.
En 2024, eso significa un aumento en el presupuesto de educación de $608,55 millones y de $608,55 millones para salud. En total, más de $1.220 millones adicionales.
“La motivación para poner esta preasignación es loable. La salud y la educación deben ser prioridad. El único problema es que no cuenta con una fuente de financiamiento”, explicó Olga Núñez, subsecretaria de presupuesto del Ministerio de Economía.
Cada presidente, al momento de elaborar la proforma de cada año, debe cumplir con estas preasignaciones, aunque no tenga cómo financiar.
El problema se complicó más desde 2022, cuando en la Asamblea se aprobó una Ley de Presupuestos Incrementales. En esa ley se manda que, para calcular las asignaciones de salud y educación, y el aumento del 0,5% del PIB, se debe tomar el mayor valor entre el presupuesto inicial y el presupuesto codificado (realmente devengado o gastado) del año anterior.
Así, se obliga a inflar los presupuestos por fuera de las reales posibilidades del país. Para este año, la consecuencia es que el aumento presupuestario en salud y educación sube de los más de $1.220 millones a un total de $2.835,04 millones adicionales.
“Este 2024 nos enfrentamos a una situación ilógica de que se proyecta un crecimiento económico del 0,8% del PIB; pero por disposición constitucional, y por la Ley de Presupuestos Incrementales, le debo incrementar en un 1% del PIB los presupuestos para educación y salud”, lamentó Núñez.
Desde el Ministerio de Economía se asegura que se van a hacer todos los esfuerzos por financiar todo el gasto de salud y educación; pero lo cierto es que ya se proyecta un déficit fiscal (más gastos que ingresos) de casi $5.000 millones para 2024.
Andrea Ribas, economista, puntualizó que, en muchos casos, las leyes y la Constitución pintan un país ideal, donde existe dinero para todo, por eso se generan obligaciones y derechos que luego no se pueden pagar o se pagan a medias.
“Antes de exigir por ley que se aumenten presupuestos, lo que se deberían establecer son parámetros claros para controlar la calidad del gasto. Presupuestar más no siempre quiere decir tener mejores servicios. El crecimiento de los presupuestos debe ser atado al crecimiento de la economía y con base en resultados”, recalcó Ribas.
Como publicó en su momento LA HORA, desde 2003 a 2021, el gasto público acumulado en educación llegó a $57.126,02 millones en educación; y a $27.838,58 millones en salud.
Sin embargo, los resultados son deficientes porque, de acuerdo con Ribas, tener presupuestos asegurados, y desde 2008 crecientes por Constitución, no incentivan las mejores prácticas, y han alentado a mafias y a grupos de presión (entre ellos gremios y partidos políticos) a impedir cualquier cambio estructural.
