04/02/2025
La recta final
Por Fausto Giraldo✍️
En la recta final de la campaña electoral es preciso que los ecuatorianos analicemos profundamente algunos aspectos que nos permitan decidir nuestro voto. Corresponde tener en cuenta cuál es el contexto del país en lo económico, social y político.
Inseguridad, criminalidad, presencia del narcotráfico y las bandas delictivas en las esferas institucionales; desempleo y recesión económica; falta de acceso a educación, principalmente superior, y salud; seguridad social en crisis; deuda externa y un presupuesto que no satisface las necesidades de la población ecuatoriana; estancamiento de la obra pública; desinstitucionalización del Estado y corrupción.
Para ello, precisa entender cuál es el perfil de los candidatos y partidos políticos y cuáles son sus propuestas, fundamentalmente, cómo van a resolver toda esta problemática. Se ha hecho público que más de 230 candidatos de asambleístas han sido judicializados por diferentes motivos o razones, muchos de los casos han sido archivados, sin embargo, algunos como aquellos vinculados a procesos como: metástasis, purga, plaga, etc. involucran a algunos postulantes. Candidatos que deberían aclarar el origen de su patrimonio
Un presidente – candidato, que no respeta la ley, encarga la presidencia a su “secretaria” y recientemente la corte constitucional declaró inconstitucional estos decretos de Daniel Noboa, No toma licencia formal para realizar la campaña, es evidente que ha existido uso de recursos públicos y pese a que la ley prohíbe expresamente la utilización de niños niñas menores, el primer mandatario lo ha hecho.
Un Consejo Nacional Electoral que se ha hecho de “oídos sordos y vista gorda” frente al incumplimiento de la ley, el uso de recursos públicos y el gasto excesivo en la campaña electoral
Una de las funciones asignadas al CNE es del fortalecimiento de la formación ciudadana para la participación en tiempo de elecciones, no solo del voto informado como se desarrolla en una serie de promociones mediáticas, sino fundamentalmente, un voto con argumento, con conciencia, reflexionado, aspecto que no se lo ha cumplido. Una responsabilidad de esta naturaleza también corresponde a las organizaciones políticas y candidatos que tampoco han impulsado este propósito durante el trayecto de formación de las organizaciones políticas.
Una campaña en la que se ha destacado la confrontación y no la propuesta, planteamientos generales de la mayoría y supuesta reivindicación de lo hecho durante el año de ejercicio gubernamental.
A través de las redes sociales principalmente y otros medios se ha realizado la denominada campaña sucia, noticias falsas y manipulación de la información. Campaña que transgrede la privacidad de las personas y agreden a sus familias; son desarrolladas por equipos de gente a las que podría denominar “mercenarios electorales”, estos que están sin identidad tras un computador atacando a los candidatos oponentes y a su vez son quienes manejan los denominados trolls.
Las encuestas también han servido para desorientar más que orientar en la campaña electoral, se han hecho eco de supuestos estudios de intención del voto en los que ponen de favoritos a unos y a otros, pretendiendo que con la masificación de esa desinformación la población se incline a favor de su candidato.
Lamentablemente, no se ha ejercido lo que establecen los códigos de ética, aquellos que dicen cuál debe ser el comportamiento de comunicadores sociales, medios de comunicación, principalmente electrónicos, no todos desde luego, de candidatos y de ciudadanos, que se han hecho eco de toda esta campaña que hace daño a un proceso que debería ser realmente participativo, transparente y democrático.
Después de las elecciones sería importante que se desarrolle un profundo debate en torno a sí el marco legal o Código de la Democracia responde a las necesidades de participación electoral o si hay que reformar en función de eliminar los vacíos legales que existen, por ejemplo, aquellos personajes interesados en ser candidatos y que tienen o han tenido procesos jurídicos, principalmente, por delitos graves no puedan ser calificados; que tácitamente todos los postulantes al momento de su inscripción “insofacto” tendrán licencia sin sueldo para que los gobernantes y autoridades que van a una reelección no se escuden en argucias y leguleyadas jurídicas; qué automáticamente candidatos y funcionarios que hagan uso los recursos públicos para campaña electoral queden destituidos; y, así mismo que se sancione a las empresas consultoras que hacen negocio de los estudios de intención de voto y que mal utilizan los resultados de estos.
Se dice que aproximadamente el 25%, un poco más, de electores aún no habría decidido su voto, hablamos de alrededor de 3.2 millones de votantes, implica que este es el segmento que, de una u otra forma, inclinará la balanza a favor de algún candidato. A esta población debemos dirigir el mensaje claro de que su voto no sea por la imposición de mensajes a través de las redes sociales, de las falsas encuestas y la desinformación sobre supuestas gestiones que realizan las autoridades que están postuladas para una reelección.
En realidad, la situación del país exige a los ciudadanos a despojarse de fanatismo y odio, a mirar con objetividad la situación que estamos atravesando y determinar si es que existe algún candidato y partido político que pueda resolver, o por lo menos superar, las dificultades que tenemos la mayoría de los ecuatorianos y que las demos denunciado en principio.
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