12/08/2024
Noticias DBtv.
JEP y la UBPD entregaron dignamente en La Paz (Cesar), la sexta víctima de desaparición forzada hallada en el cementerio de El Copey.
Tras años de incertidumbre, Candelario Martínez
finalmente duerme con algo de tranquilidad. Para él y su familia, han terminado 16 años
de búsqueda de Deiver Yesid Martínez, su hijo. Hoy, por fin, saben dónde está y dónde
pueden ir a visitarlo. La última vez que tuvieron noticias suyas fue en 2008 y, este año,
cuando la JEP y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas los
contactaron para avisarles que lo habían encontrado y que podrían darle una digna
sepultura.
A Deiver, en casa, siempre lo recordarán con la misma alegría que él transmitía a quienes
lo rodeaban. Ese entusiasmo se reflejaba mientras estuvo en Santa Ana (Magdalena), con
unos familiares, antes de partir hacia El Copey para presentarse a una oferta laboral.
Antes de partir, habló con su padre y le contó que le habían ofrecido un trabajo en el
campo. Sin embargo, el 8 de enero, Deiver fue presentado como un supuesto
extorsionista dado de baja en la vereda El Reposo, en El Copey. Según investiga la JEP,
habría sido asesinado por el Gaula del Ejército.
“Me dijo que le habían ofrecido un trabajo para una finca. Yo le dije que no (aceptara)
porque había mucho conflicto, que tuviera mucho cuidado. Él me dijo que yo lo conocía,
que era una persona que le gustaba trabajar y que lo que le habían ofrecido era un buen
trabajo. Yo le dije que no lo fuera a coger, que esperara, pero se dejó convencer. Le
ofrecieron plata, una suma de dinero muy alta, él vio las cosas fáciles y pensó que podía
salir adelante rápido”, contó Candelario sobre la última conversación que tuvo con su
hijo.
Tiempo después, Candelario Martínez se enteró de que Deiver y dos amigos más habían
sido desaparecidos. Desde entonces, comenzó una búsqueda sin obtener datos claros
sobre lo que había sucedido, ni respuestas concretas de las entidades del Estado. “En
2012, recibí información de una persona que me condujo al lugar donde fueron
asesinados. Fui allí a investigar, pero en ese momento la situación era crítica”, comentó
sobre el proceso por el que han atravesado desde 2008.
Indagando, por su cuenta, Candelario Martínez descubrió que las pesquisas lo llevaban
al ‘cementerio alterno’ de El Copey. Sin embargo, sus esfuerzos eran en vano. No contaba
con el apoyo necesario de las autoridades para confirmar esa información. Esa situación
cambió en julio de 2020, cuando la JEP, a partir de la evidencia judicial documentada,
decidió adoptar medidas cautelares para proteger los posibles cuerpos no identificados
que podrían haber sido inhumados en ese lugar.
El trámite judicial fue ordenado por el magistrado Óscar Parra, correlator del Caso 03,
que investiga asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate
por agentes del Estado. “Esta entrega digna constituye un avance en el proceso de
sanación individual y colectiva de sus familiares y representa un paso más en la garantía
de su derecho a la reparación. Como entidades del Sistema Integral para la paz, el
compromiso con las víctimas no acaba con estas acciones”, dijo el magistrado.
Allí, en Cesar, el hallazgo e identificación fue posible gracias al trabajo articulado con la
Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) y Medicina Legal,
quienes, el pasado 15 de julio, se reunieron con la familia de Deiver para realizar la
entrega digna de su cuerpo. “Nosotros estuvimos en todo ese proceso al punto de que
nos hicieron las pruebas de ADN para comparar con los cuerpos que ya habían sacado.
Gracias a Dios que entre esos cuerpos salió el de Deiver”, dijo Candelario, quien
agradeció al Sistema Integral para la Paz.
A la fecha, a través de la medida cautelar sobre el ‘cementerio alterno’ de El Copey se ha
logrado la exhumación y recuperación de 52 cuerpos, de los cuales seis han sido
identificados y entregados dignamente a sus familias bajo los principios de la Justicia
Transicional Restaurativa y como producto del trabajo articulado entre la JEP, la UBPD
y el Instituto Nacional de Medicina Legal