25/09/2024
En el contexto de la CONTRATACIÓN ESTATAL se hace necesario fundamentar la importancia de proteger y priorizar a las EMPRESAS LOCALES en los PROCESOS DE ADJUDICACIÓN de CONTRATOS PÚBLICOS. Esta protección no solo responde a principios de equidad y desarrollo económico local, sino que también tiene un impacto significativo en la sostenibilidad de las economías departamentales y municipales, contribuyendo a la generación de empleo dentro de los parámetros contenidos en la Ley 1429 de 29 de diciembre de 2010. Además con el mismo objeto la ley ha venido desarrollando un ordenamiento jurídico que ha llevado a la protección de las empresas locales como el Decreto 1082 de 2015 y el Decreto 1860 de 2021.
Cuando el gobierno departamental y municipal no establece mecanismos de preferencia o protección hacia las empresas locales en los procesos de contratación estatal, está promoviendo indirectamente la fuga de capitales. Esto sucede porque, AL ADJUDICAR CONTRATOS A EMPRESAS FORÁNEAS, los recursos financieros destinados a proyectos locales no se reinvierten en la misma región, además el persona que presta funciones en estas empresas no es local. En cambio, esos fondos se trasladan fuera del territorio, afectando negativamente la economía local, debilitando el comercio, y reduciendo las oportunidades para el crecimiento de otras industrias y sectores dentro de la región.
LAS EMPRESAS EN LA ISLA tienen una mayor propensión a contratar mano de obra isleña, lo que contribuye directamente a la reducción del desempleo y al fortalecimiento del tejido social. Cuando se permite que empresas externas tomen control de los contratos estatales sin ninguna restricción, existe un ALTO RIESGO de que estas empleen a personal foráneo, desplazando a los trabajadores isleños, limitando su acceso a oportunidades laborales e infringiendo nuestra normativa de circulación en el territorio. Este desplazamiento no solo afecta la tasa de empleo, sino también la estabilidad económica de las familias isleñas y, por ende, la cohesión social en nuestro territorio.
La PROTECCIÓN a las empresas locales en la contratación estatal también promueve el desarrollo de capacidades técnicas y administrativas dentro de la isla. Al adjudicar contratos a empresas que tienen mano de obra isleña, son figuras jurídicas que fueron fundadas en la isla y han desarrolla a través del tiempo distintas funciones, aportando así a la economía estas fomentan el crecimiento económico en el territorio. Así, priorizar estas empresas, permite su incremento en su experiencia, mejoran sus competencias y fortalecer su infraestructura operativa. Esto no solo les permite ser más competitivas a nivel nacional, sino que también refuerza la autosuficiencia económica del Archipiélago, lo cual es un factor determinante en el desarrollo sostenible.
Los recursos destinados a la contratación estatal deben generar un impacto positivo y sostenible en el TERRITORIO donde se aplican. Las empresas locales, por estar arraigadas en la ISLA, tienen un mayor compromiso con el desarrollo social y ambiental de su entorno, lo que resulta en una mayor responsabilidad social corporativa. Al apoyar a estas empresas, el gobierno departamental y municipal no solo fortalece la economía local, sino que también impulsa proyectos alineados con las necesidades y prioridades del territorio, promoviendo un desarrollo territorial más inclusivo y equilibrado.
Proteger estas empresas en la contratación estatal también tiene un componente cultural y de identidad. Las empresas locales forman parte de la identidad de una región, y su participación en proyectos estatales refuerza la cohesión y el sentido de pertenencia de la comunidad hacia dichos proyectos.
La falta de protección a las empresas locales en la contratación estatal no solo genera una fuga de capitales que va a debilitar la economía de la isla, sino que también desplaza la mano de obra local, agudizando el desempleo y limitando el desarrollo de capacidades en la región. Por estas razones, es fundamental que el gobierno departamental y municipal cumpla los desarrollos legales que priorizan a las empresas locales en los procesos de contratación estatal, garantizando así un desarrollo económico y social sostenible, basado en el fortalecimiento del tejido empresarial y laboral de las islas.
