22/01/2024
La nueva empresa de servicios públicos Habitad SAS se constituyó de manera amañada
El grave problema de los servicios públicos y la creación de la nueva empresa que sustituya a la APC aguas del guainía, generó que, a iniciativa del concejal José Hidalgo, se convocará a una reunión en el recinto del concejo municipal, con presencia de concejales, personero, vocal control de los servicios públicos y el gerente de la APC Héctor Córdoba; con el fin de ser informados sobre el tema de los residuos sólidos y la creación de la nueva empresa Habitad SAS y los acuerdos por los cuales se constituyó.
Es así como en el año 2018; la administración municipal, contrató un estudio por valor de más de $600 millones de pesos, el cual concluyó que APC del Guainía no cumple misionalmente, no tiene revisor fiscal, tiene un déficit presupuestal y la empresa está descapitalizada por el no pago del servicio de aseo, debido a que éste no se cumple.
Con base en esto, y motivado en el acuerdo 001 de febrero 25 de 2022 que autoriza el procedimiento de recuperación, adjudicación y legalización de subsidios de vivienda en predios baldíos se entra a constituir la empresa Habitad SAS.
La pregunta es: en qué se basó éste proceso? Parece ser que se realizó un montaje de acuerdos y publicaciones que no corresponden a los acuerdos establecidos por el concejo municipal; así las cosas, el 31 de julio de 2023 en la ciudad de Villavicencio, se constituye la nueva empresa Habitad SAS, con estudios y estatutos aprobados y con tres accionistas así:
Promotora de servicios integrados y aplicaciones eficientes Prosein, representada por Mujer Fabián Palma Becerra con 1740 acciones, valor pagado $174 millones de pesos con participación de 58% ; alcaldía de Inírida, representada por Pablo Acosta Yuvabe, con 1050 acciones, valor pagado $105 millones de pesos con participación de 35% ; empresa tecnológica de servicios públicos del chocó Emserch, representada por Joaquín Córdoba Córdoba, con 210 acciones, valor pagado 21 millones de pesos con participación de 7% .
Total 300 acciones.
Valor pagado $300 millones, divididos en 3000 acciones ordinarias por valor de $100 mil pesos cada una; correspondiendo 35% al municipio y 65% a los otros accionistas.
La sociedad es a término indefinido, con un objeto muy amplio; prestación de servicios públicos y/o demás servicios públicos domiciliarios, para lo cual podrá realizar las siguientes actividades civiles o comerciales lícitas:
Ejecución servicios de agua, energía limpia, gestor de agua departamental, energía limpia, administración de alumbrado y mantenimiento, ejecución de obras, coordinar ejecución planes de obra en relación a servicios públicos, promover programas de reforestación entre otros.
Bajo éste panorama, cabe preguntarse: por qué no se abrió una licitación para tener mayores oferentes? De pronto hubiera aparecido más empresas con variedad de propuestas; cuál fué el interés real del señor alcalde Pablo Acosta Yuvabe? Como es bien sabido, se tenían resultados del estudio contratado en el año 2018 donde se dió a conocer que APC, no era idónea para prestar el servicio, entonces, por qué razón no se reorganizó la empresa, realizando los ajustes necesarios para brindar un buen servicio y así satisfacer plenamente la prestación de los servicios públicos? Y por qué no se consultó a los socios de la APC?
En lo concerniente a la demanda, según lo expresado por el ingeniero Héctor Córdoba, como es por un acto administrativo, bajo está característica quien tiene que entrar a resolver sería la jurisdiccion de lo contencioso administrativo; y de otra parte, si el nuevo señor alcalde toma la decisión de poner en funcionamiento la nueva empresa Habitad SAS el próximo 9 de abril, quién va a asumir la indemnización del personal de carrera que labora en la APC? son personas que necesitan su trabajo y que no pueden quedar a la deriva.
Finalmente, es preciso tener en cuenta que el acuerdo relacionado en la parte motivadora de la creación de la nueva empresa Habitad SAS, no corresponde, ya que habla de predios y construcciones de viviendas.
María Esperanza Castro Torres
Prensa Libre del Guainía