07/10/2023
COMUNICADO A LA OPINIÓN PUBLICA Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN:
El día de hoy 6 de octubre el movimiento social y ambiental colombiano estará desde las 10 am, en la Corte Constitucional en un plantón. Para exigirle a la corte constitucional, especialmente al Magistrado Jorge Ibáñez la REVISIÓN INMEDIATA DE LA LEY 2273 de 2023, se trata del ACUERDO DE ESCAZÚ
La Corte Constitucional de Colombia debe ser célere, efectiva, eficiente y respetuosa del debido proceso constitucional; en el marco de la revisión de constitucionalidad que está realizando del Acuerdo de Derecho Internacional Ambiental: "Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe" adoptado en Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo de 2018.
Consideramos que es preciso y oportuno recordar que este importante instrumento internacional, AÚN NO ESTÁ RATIFICADO EN COLOMBIA. El llamado es contundente: Vamos Por los Derechos del Acuerdo de Escazú en Colombia, nuestro país lo necesita para avanzar en el fortalecimiento del Estado Social y Democrático de Derecho, así como en la Democracia y justicia Ambiental, Ecológica y Animalista.
Esta herramienta es fundamental en materia de derecho ambiental y de derechos humanos en el contexto regional de las democracias ambientales en América Latina y El Caribe - Abya Yala. En el caso de Colombia es importante reconstruir los diferentes momentos que han transcurrido respecto de este instrumento:
1) Colombia ha participado de cada uno de los momentos que antecedieron la construcción y redacción del Acuerdo de Escazú (2014, 2015, 2016);
2) Colombia realizó contribuciones muy valiosas desde la sociedad civil para la redacción final del Acuerdo (2016, 2017);
3) Colombia inicia la ruta de ratificación del instrumento, luego de promulgado el texto final del Acuerdo de Escazú (2018) en tres (3) pasos, así:
3.1) En primer lugar, el Congreso de la República, a través de la Cámara de Representantes y el Senado de la República ratifican en el poder legislativo el Acuerdo de Escazú. Con una votación de 119 votos a favor en la Cámara y 74 votos a favor en el Senado el 11 de octubre del 2022.
3.2) En segundo lugar, la Presidencia de la República a través del señor Presidente Gustavo Petro Urrego sanciona la Ley 2273 del 5 de noviembre de 2022, ratificando el aval del poder ejecutivo;
3.3) Finalmente, en tercer lugar, el día 5 de noviembre de 2022 se inicia el proceso de revisión de constitucionalidad formal de todo tratado internacional, que se realiza en la Corte Constitucional, proceso que ha emitido autos de trámite y de pruebas, pero que ya han transcurrido diez (10) meses que es tiempo suficiente para que contemos con un pronunciamiento de constitucionalidad final.
De 3 pasos, aún nos falta 1 y eso debemos aclararlo y comunicarlo a la opinión pública y a la sociedad civil en general. Nos falta el último esfuerzo para que podamos decir con libertad y alegría, que el Acuerdo de Escazú se encuentra debidamente ratificado en el ordenamiento jurídico de Colombia.
Desde la colectividad "Vamos Por los Derechos", hacemos un llamado a todo el movimiento ambiental y social colombiano, para que desde todas sus expresiones populares, comunitarias, afrocolombianas, raizales, palenqueras, rom, indígenas, campesinas, urbanas y diversidades, nos movilicemos activamente y exijamos celeridad en los mecanismos democráticos como el control de constitucionalidad formal, ya que es imperativo para la justicia ambiental en Colombia la vigencia inmediata de la Ley 2273 de 2023, para que todas las entidades públicas del Estado colombiano puedan iniciar los correspondientes procesos de implementación de este fundamental instrumento de derecho internacional ambiental, derechos humanos y de la naturaleza.
Exigimos a la Corte Constitucional celeridad en el proceso, para que se hagan efectivos nuestros derechos de acceso a la información ambiental, a la participación en la toma de decisiones ambientales, a la justicia ambiental y a la protección de personas y organizaciones defensoras de derechos humanos ambientales, así como para la materialización de los mandatos populares y jurídicos que se encuentran en nuestro Plan Nacional de Desarrollo: Colombia Potencia de la Vida