01/12/2024
𝗘𝗟 𝗟𝗜𝗧𝗜𝗢 𝗕𝗢𝗟𝗜𝗩𝗜𝗔𝗡𝗢: 𝗦𝗔𝗤𝗨𝗘𝗢 𝗘𝗡𝗖𝗨𝗕𝗜𝗘𝗥𝗧𝗢 𝗕𝗔𝗝𝗢 𝗟𝗔 𝗠Á𝗦𝗖𝗔𝗥𝗔 𝗗𝗘 𝗟𝗔 𝗜𝗡𝗩𝗘𝗥𝗦𝗜Ó𝗡 𝗘𝗫𝗧𝗥𝗔𝗡𝗝𝗘𝗥𝗔 𝗬 𝗘𝗟 𝗦𝗜𝗟𝗘𝗡𝗖𝗜𝗢 𝗖Ó𝗠𝗣𝗟𝗜𝗖𝗘 𝗗𝗘 𝗟𝗔𝗦 𝗢𝗥𝗚𝗔𝗡𝗜𝗭𝗔𝗖𝗜𝗢𝗡𝗘𝗦 𝗩𝗘𝗡𝗗𝗜𝗗𝗔𝗦.
𝐘𝐚𝐦𝐢𝐥𝐞 𝐂𝐫𝐮𝐳 𝐓𝐞𝐣𝐞𝐫𝐢𝐧𝐚 𝐄𝐣𝐞𝐜𝐮𝐭𝐢𝐯𝐚 𝐑𝐞𝐠𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐝𝐞 FRUTCAS:
La reciente firma de contratos entre Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) y las transnacionales Uranium One de Rusia y Hong Kong CBC de China para la supuesta extracción de litio en el Salar de Uyuni, no solo representa un acto de opacidad, corrupción y entrega de los recursos naturales del país, sino que además constituye una flagrante violación a la Constitución Política del Estado (CPE), es un claro ejemplo de cómo el gobierno traiciona los intereses del pueblo boliviano. A continuación, se presentan observaciones que evidencian la inconstitucionalidad, falta de transparencia y los graves riesgos asociados y la nulidad a estos contratos. Primero, nuestra Constitución CPE establece de manera inequívoca que el litio y los recursos evaporíticos son recursos naturales estratégicos cuya prospección, exploración, explotación, producción y comercialización son competencia exclusiva del Estado. Cualquier intento de delegar estas funciones a actores privados, como se evidencia en estos contratos, contraviene los principios fundamentales que rigen la soberanía sobre nuestros recursos. Asimismo, estos contratos violan flagrantemente la Ley 928, que prohíbe la participación de empresas privadas en la fase extractiva del litio. En estos contratos citan como base legal, el Artículo 15 de la Ley 1546 (ley de presupuesto general del estado 2024), precisamente destinado a direccionar contratos del litio boliviano, que contradice abiertamente la Ley 928, y lo más crítico esta ley del PGE no fue aprobado por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). Por lo tanto, estos contratos con Uranium One y Hong Kong CBC, violan también la Ley 928, que prohíbe expresamente la participación de empresas privadas en la fase extractiva del litio, reforzando la idea de que estas acciones carecen de sustento legal.
En segundo lugar, a la inconstitucionalidad de estos contratos se suma la opacidad con la que se seleccionaron las empresas involucradas. Este proceso, realizado "entre gallos y medianoche", estuvo marcado por la falta de transparencia y asesoramiento técnico calificado. Lo más preocupante es que la consultora encargada de la evaluación de las tecnologías de Extracción Directa de Litio (EDL) fue YPFB Refinación, una empresa en quiebra, sin experiencia en el sector del litio ni conocimiento sobre esta tecnología experimental. La elección de YPFB Refinación como consultora para el asesoramiento técnico, jurídico y financiero en la selección de estas empresas, demuestra una negligencia alarmante, evidenciando intereses mezquinos y decisiones que carecen de sustento técnico y científico. Este hecho, sumado a las irregularidades mencionadas, invalida los convenios y contratos firmados, al estar plagados de vicios legales que los hacen nulos de pleno derecho.
En tercer lugar, el proceso de selección de la empresa Uranium One para la explotación del litio en Bolivia evidencia serias irregularidades y carencias técnicas que comprometen la viabilidad y transparencia del proyecto. Uranium One, carece de experiencia demostrada en la extracción de litio y la producción de carbonato de litio, un aspecto crucial para un proyecto de esta magnitud. Hasta la fecha, esta compañía no cuenta con una sola planta industrial de producción de carbonato de litio en funcionamiento en Rusia, ni en ninguna parte del mundo existe evidencia de que Uranium One opere instalaciones de este tipo o posea un historial exitoso en este sector. Esta ausencia de capacidad técnica pone en duda su idoneidad para asumir un proyecto estratégico como el del Salar de Uyuni. A esta falta de experiencia se suma un hecho aún más alarmante: el inexplicable aumento del monto de inversión. El convenio inicial estipulaba un costo de $us 450 millones, el contrato firmado posteriormente eleva a $us 976 millones, duplicando prácticamente la inversión requerida. Lo más grave es que este incremento se aplica a un proyecto que mantiene la misma capacidad de producción y la misma micro localización. Este sobreprecio de $526 millones carece de justificación técnica o financiera, lo que genera serias sospechas sobre irregularidades y negociaciones poco transparentes. Por otra parte, la firma con la empresa china Hong Kong CBC. es completamente ilegal porque la empresa pertenece a un consorcio que ya no existe.
En cuarto lugar, el contrato elimina la soberanía científica y tecnológica de Bolivia al conformar una empresa mixta con las empresas transnacionales. La tecnología de Extracción Directa de Litio (EDL) que se utilizará aún está en fase de pilotaje, poniendo en riesgo las siguientes etapas del proyecto y por si fuera poco estaremos siempre dependientes de estas empresas transnacionales y que debemos pagarles por el uso de su know how y tecnología y en el momento en que se les dé la gana nos suben estos costos o aranceles. En quinto lugar, estos contratos inconstitucionales son un paso hacia la privatización y desnacionalización del litio y los recursos evaporíticos en Bolivia. Es una traición a la lucha del pueblo por la recuperación de sus riquezas naturales. En sexto lugar, Estos contratos firmados para la explotación del litio en el Salar de Uyuni representan serias amenazas ambientales debido a la ausencia de estudios rigurosos y certificaciones confiables. Hasta la fecha, no se han realizado estudios de cuantificación de reservas de agua con el respaldo de una empresa certificada. Los datos disponibles provienen únicamente de estudios preliminares realizados por Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), los cuales carecen de la rigurosidad necesaria y no ofrecen confianza, ya que YLB actúa como juez y parte en el proceso. Esta falta de análisis técnico independiente y especializado compromete la sostenibilidad del proyecto desde su fase inicial. Asimismo, una de las mayores preocupaciones es la reinyección de salmuera contaminada en el Salar de Uyuni, un procedimiento que podría devastar el ecosistema local y afectar gravemente los acuíferos de la región. Además, no se han llevado a cabo estudios hidrogeológicos exhaustivos para evaluar el impacto del alto consumo de agua que demandará el proyecto. Este consumo excesivo podría reducir la disponibilidad de agua en una zona ya vulnerable, generando consecuencias irreversibles para el medio ambiente y las comunidades cercanas. En séptimo lugar, el contrato con Uranium One, establece términos altamente desfavorables para Bolivia y excluye injustamente a las comunidades directamente afectadas. Uranium One se beneficia de una participación excesiva en las utilidades del proyecto, alcanzando hasta un 129% bajo proyecciones de precios realistas. Este porcentaje resulta desproporcionado frente al valor estratégico del litio como recurso no renovable y pone en evidencia un desequilibrio en la negociación de los términos contractuales. Las regalías establecidas en un 3% son insuficientes, especialmente dado el potencial económico del litio. Además, su destino se menciona que estarían asignadas al gobierno municipal de Potosí, dejando de lado a las comunidades, municipios y regiones que sufrirán afectaciones directas e indirectas por la explotación; las regalías mineras son, por definición, una compensación económica destinada a las áreas impactadas por la explotación de recursos no renovables, algo que no se va a cumplir en este caso. El contrato también otorga a Uranium One el monopolio de la compra del producto por un periodo de al menos 20 años, a un precio preferencial negociado de manera confidencial entre YLB y la transnacional. Esta cláusula de confidencialidad impide el acceso público a la información clave sobre las condiciones de venta, limitando la transparencia y la rendición de cuentas. Octavo lugar, Uranium One tendrá un control excesivo sobre el proyecto, incluyendo la supervisión de su propia ejecución, lo cual se considera ilegal. Además, se carece de información crucial, como los estudios de impacto ambiental, los costos de producción detallados y los indicadores financieros terminaran siendo juez y parte en la ejecución, seguimiento y control de la ejecución del proyecto.
En conclusión, los contratos entre YLB y las transnacionales representan un preocupante regreso a la era de los gobiernos traidores que vendieron la patria. Estos acuerdos y contratos no solo son perjudiciales para Bolivia, sino que constituyen una entrega de nuestros recursos estratégicos a intereses extranjeros, a cambio de "negociados oscuros". La ausencia de estudios serios y certificaciones confiables, sumada a los riesgos ambientales no mitigados, convierte este contrato en una amenaza para el equilibrio ecológico y la sostenibilidad de los recursos hídricos en el Salar de Uyuni. Es fundamental que se priorice la realización de investigaciones técnicas independientes y exhaustivas antes de avanzar con proyectos que podrían tener consecuencias desastrosas para el medio ambiente y las futuras generaciones. Exigimos la nulidad inmediata de estos contratos y una investigación exhaustiva para identificar a los responsables de este inminente saqueo a nuestra nación. El pueblo boliviano merece una gestión transparente y responsable de sus recursos naturales, no una entrega servil a las transnacionales. Es hora de defender nuestra soberanía y exigir cuentas a quienes traicionan el bienestar de nuestra patria.
