28/05/2024
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Un convenio firmado a minutos de inicio del domingo 25 de febrero pasado, documento que eleva la tarifa general de Bs1.40 a Bs1.70 y conserva el pasaje escolar en Bs0.50 y universitario en Bs1.00 en el transporte urbano; a más de dos meses de aquel acuerdo que puso fin a una violenta movilización del transporte público, la Fiscalía del departamento de Oruro, tras una investigación en el tema de elevación de pasajes, ha procedido a la imputación contra el alcalde de esta urbe, Adhemar Wilcarani Morales, por el delito de incumplimiento de deberes y usurpación de funciones.
El fiscal de Distrito, Aldo Morales Alconini, afirma que la denuncia contra el alcalde de Oruro fue planteada por las organizaciones sociales y la Central Obrera Departamental COD, quienes acusan al burgomaestre orureño de incumplir sus deberes de proteger la economía del pueblo además de usurpar funciones, aspectos que fueron considerados dando apertura a la investigación a efecto de llegar a la verdad material del hecho.
“Hemos pasado la etapa preparatoria de poder recabar mayores elementos de convicción y posteriormente proceder lo que en derecho corresponde. El delito cometido por el alcalde es el incumplimiento de deberes, por lo cual esto debería haber pasado por un estudio previo a efecto de subir los pasajes, (que) no ha pasado, sino que directamente ha hecho la subida en un convenio que se ha realizado, lo que ha ido en detrimento de la economía de los orureños”, dice el titular del Ministerio Público de Oruro.
La autoridad indica que, tras la imputación, las investigaciones continúan a efecto de verificar la participación de personas e instituciones que firmaron el convenio, y asegura que el fiscal asignado al caso será convocado a informar sobre el avance de la investigación.
Afirma que la imputación ya fue presentada ante un juzgado, pero que la fiscalía aún no ha sido notificada sobre la fecha y la hora de la audiencia de medidas cautelares. Morales asegura, que todas las personas firmantes del convenio serán convocadas para que presten su declaración informativa.
TIENE QUE RESPONDER
El concejal José Flores, señala que si el alcalde ha autorizado la elevación de pasajes en el transporte público hay responsabilidades de incumplimiento de deberes, ya que la Ordenanza Municipal OM/098 está aún vigente.
Advierte que la OM/098 que puso en vigencia las tarifas actuales de Bs1.40, Bs1.00 y Bs0.50, en su momento, tampoco cumplía con el debido proceso por no existir una Ley Municipal de Transporte como la que ya existe, entonces, asegura, es la justicia la que tiene que definir este tema, por tanto “la ley se encargará de establecer el incumplimiento de deberes o no del alcalde, porque si él ha firmado el convenio tiene que responder”, asevera.
ALCALDE MAL ASESORADO
El ex dirigente de la Junta de Vecinos de Oruro, Javier Solís, expresa que la justicia llega, ya que a título de ser alcalde no le daba ningún derecho a parcializase con el sector del autotransporte, “yo creo que se está haciendo justicia y tiene nomás que asumir su responsabilidad como toda persona que comete un error, la justicia está para eso”, afirma.
Advierte que si la justicia aleja al actual alcalde del ejercicio municipal, se va a generar el mismo problema como cuando sucedió con Edgar Bazán Ortega, “Ahí empezó la chacota municipal, Oruro ha tenido alcaldes de todo tipo y color y eso ha perjudicado el progreso de nuestra ciudad”, dice.
Lamenta que el incumplimiento de deberes demuestra la ineficiencia que tiene el alcalde Wilcarani en el nombramiento de técnicos y secretarios que le rodean, quienes realizan un pésimo asesoramiento que ha hecho que cometa este grave error.
“Hay técnicos que no funcionan y hacen quedar en mal al municipio, hay técnicos que no saben ni dónde están parados, no saben la realidad de la ciudad, no conocen, entonces esta gestión municipal, lamentablemente va a acabar de una manera pésima”, asegura.
CRÓNICA DE UN TARIFAZO DECLARADO ILEGAL
20 de febrero: Alcalde y choferes inician reunión para tratar nivelación de tarifas en el transporte público, sin resultados por la salida abrupta del alcalde
21 de febrero: Choferes del transporte público, se declaran en huelga indefinida y paralizan la ciudad con bloqueo de calles, medida que demanda elevación de tarifas de Bs2.00, Bs1.50 y Bs1.00
21 de febrero: La Federación Departamental de Choferes “San Cristóbal”, a través de la RRSS, pide la abrogación de la Ordenanza 098/2013 que fija tarifas en Bs1.50, Bs1.00, Bs0.50
21 de febrero: FEDJUVE y la COD Oruro califican la medida de choferes como un acto criminal y llaman a la unidad del pueblo
22 de febrero: El bloqueo es levantado por la ciudadanía, choferes responden con el destrozo de vidrieras de la UTO, y marcha universitaria, destroza ventanas de la Federación de Choferes
22 de febrero: Obispado convoca a una nueva reunión alcalde-choferes, se logra un acuerdo de pacificar y mantener las tarifas en vigencia
23 de febrero: Choferes desconocen el acuerdo y rompen el documento, la medida del paro y bloqueo se endurece
24-25 de febrero: Una nueva reunión alcalde-instituciones-choferes, iniciada el sábado 24, termina la madrugada del domingo 25 con la firma de un convenio que eleva la tarifa general de Bs1.40 a Bs1.70, pero mantiene el escolar y el universitario de Bs0.50 y Bs1.00
27 de febrero: Organizaciones sociales y la COD realizan una marcha de protesta contra la nueva tarifa aprobada por el alcalde y transportistas en la madrugada del 25 de febrero y exigen el respeto a la OM/098
A momento de firmar el convenio, el burgomaestre orureño, Adhemar Wilcarani, en declaraciones a la prensa, señala que Oruro ha vivido muchos días de incertidumbre y hoy, “se firma un acuerdo que consolida el pasaje de Bs0.50 para la niñez escolar, Bs1.00 para universitarios y Bs1.70 para el pasaje general”.
El burgomaestre asegura, en esa oportunidad, que se ha trabajado en la mejor propuesta y se espera pacificar de manera definitiva la ciudad de Oruro y, pide al Comando Departamental de la Policía, otorgar todas las garantías al servicio del autotransporte.
Sin embargo, la mejor propuesta como menciona el alcalde, es rechazada por las organizaciones sociales y la COD, consideran que la elevación del costo de tarifas no es legal y recuerdan que la OM 098/2013 se encuentra en vigencia, hecho que deriva en una denuncia contra el alcalde ante el Ministerio Público por incumplimiento de deberes.
NULO DE PLENO DERECHO
El convenio firmado el pasado 25 de febrero, que aprueba una nueva escala tarifaria en el servicio del autotransporte, también fue cuestionada por la ley. ¿Puede aplicarse este incremento y sobreponerse a la OM 098/2013 aún vigente? El abogado Walter Zambrana, opinó que una OM es una norma que no ha sido derogada en los municipios, entonces querer implantar un marco diferente, como un convenio interinstitucional, pecan de nulidad absoluta, la Alcaldía y los transportistas y están atropellando competencias que no les corresponden.
“La OM existe en los municipios, no ha sido derogada ni sustituida por ninguna otra norma, entonces es totalmente arbitrario el querer implantar un marco diferente sin cumplirlas formalidades de ley y esos actos, inclusive del alcalde y de las instituciones, pecan de nulidad absoluta, de acuerdo con lo dispuesto por el Art. 122 de la CPE que señala que nadie puede atribuirse competencias para resolver ningún tema”, afirma.
Asegura que en el caso del convenio (de elevación de tarifas) las disposiciones quedan nulas, “son nulas de pleno derecho, aunque evidentemente en el marco interno surtirán efecto para las partes que han suscrito, pero no tienen ninguna aplicación general, no afectan a terceros, y los usuarios son los terceros interesados”, asevera.
Explica que el país se encuentra regido por una jerarquía normativa, donde la CPE está por encima de cualquier otra norma, luego vienen los tratados internacionales, sobre todo en materia de DDHH, después vienen las leyes en forma general, un marco normativo que habla de competencias y atribuciones de las diferentes instituciones.
“En el municipio de Oruro, se debería regular todos estos elementos a través de leyes dictadas por el Concejo Municipal, luego de cumplirse determinadas formalidades y una Ordenanza Municipal todavía es una norma que no ha sido derogada y no se puede implantar un marco diferente sin cumplir formalidades de ley”, explica Zambrana.
REDACCIÓN: Juan Mejía Cisneros
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