19/04/2024
La “emergencia económica”zamorista facilita contrataciones directas y por montos que exceden presupuestos oficiales
El gobernador Gerardo Zamora firmó en diciembre del año pasado un decreto que ordenaba medidas de austeridad por la crisis económica, pero en los hechos facilitó negocios a través de contrataciones de precios y constantes ajustes de precios. Esto lleva a sospechar que los contratistas sacan provecho de la reducción de exigencias para obtener contratos millonarios.
Con el decreto 347, del 3 de abril, el gobernador convalidó la contratación directa que realizó la dirección de Energía con la empresa Cabla Instalaciones para la “provisión de energía eléctrica en baja tensión a 114 familias, nuevos suministros sin Red segunda etapa”, por $174.204.721.
Esa operación se concretó en el marco de la Ley Nº 6.730 de Emergencia de Sistema Eléctrico Provincial, pero el presupuesto oficial era $94.611.111 y un plazo de ejecución de 90 días corridos. Es decir que la oferta ganadora casi duplicó el monto original. Hubo otra propuesta, de SAG Electricidad, pero “la comisión observa que presenta fotocopia de estados contables y depósito de garantía de otra obra, por lo que se desestima la presentación”. El sobre con la oferta ni se abrió frente a esa flagrante falencia, llamativa en una compulsa de precios.
Lo curioso es que la primera etapa de esa obra de provisión de energía eléctrica en baja tensión salió también el 3 de abril, por el decreto 350. Y allí de igual modo se presentaron Cabla y SAG. El presupuesto oficial era de $89.545.533,11 y un plazo de 90 días corridos.
La comisión en ese caso autorizó la contratación directa de Cabla, que cotizó $177.217.884, mientras que SAG perdió con una oferta de $177.483.711, es decir por apenas $265.827 más. Lo que parece demasiado llamativo por la escasa diferencia, para justificar la elección que siempre se hace sobre la oferta más baja. En este caso SAG no fue impugnada por ningún error formal y en el decreto no se hizo constar que CABLA ganó pese a superar un 40% del presupuesto inicial.
El decreto 384, del 3 de abril, legitimó la modificación de obra en favor de la empresa Construcciones del Estero SA por la repavimentación de la ruta provincial 21, en el tramo Clodomira-La Banda.
Ese contrato había sido otorgado por el Consejo Provincial de Vialidad el 1 de diciembre del año pasado. Pero el comisionado municipal de la Aurora y personal directivo de una escuela de la ciudad de Clodomira plantearon la “necesidad de construcción de calzada de hormigón, ejecución de bacheo mediante fresado de carpeta asfáltica, como así también dársenas y refugios de pasajeros” que insólitamente “no habían sido contempladas en el proyecto original”.
Esa rectificación elevó el costo de la contratación a $229.230.669, “lo que significa un incremento del 43,06% del monto del contrato original”, es decir unos $98.569.187 más de lo previsto.
En estos casos se cuidarían de alcanzar el 50% por sobre el presupuesto original, lo que ameritaría un nuevo llamado a licitación, como estipula la ley de Contabilidad provincial.
OTROS EJEMPLOS OPACOS
Por otra parte, también son numerosos los decretos –como el 349 del 3 de abril, por ejemplo- donde el gobierno autoriza al ministro de Economía, Atilio Chara, a otorgar subsidios a municipios que no se identifican en las publicaciones del Boletín Oficial, ni tampoco se especifica el monto de esa ayuda ni la finalidad. Todo lo que se indica es que “por el acto administrativo precitado por el Ministerio de Economía, se otorga un subsidio con los fines de asistir económicamente al ente municipal”.
Las ayudas económicas para los clubes también son un misterio, sobre todo los aportes millonarios a los que compiten a nivel nacional, que no casualmente tienen comisiones directivas cooptadas por dirigentes y funcionarios del Frente Cívico.
En el mismo sentido, el gobierno aprobó el reparto de un subsidio para todos los centros hospitalarios de la provincia, correspondiente a marzo, pero tampoco se precisó la cifra en el decreto 352. Es bien sabido que el sistema atraviesa un colapso por un histórico brote de dengue, pero la administración está obligada a publicitar el uso de recursos públicos.
En el decreto 353 se dio luz verde a un aumento del aporte provincial para el Programa CIICA (Centros de Intervención Integral Comunitaria en Adicciones), que funciona en diferentes parroquias de nuestra provincia, “generando así contención comunitaria que repercute en la sociedad al atenuar y disminuir los hechos vinculado a la delincuencia, violencia y desborde social que producen las adicciones”. No se informó el monto del subsidio, que obedece a un convenio firmado en 2018 con el obispado de Santiago del Estero.
Semanas atrás el gobierno también autorizó una revisión del monto que paga a la firma Teknofood por asistir con desayunos fortificados a escuelas primarias y secundarias de Santiago y al programa “Mis primeros 1.700 días”. De forma idéntica a las anteriores no se reveló el volumen de ese incremento.
El decreto 355 también convalidó una práctica ya establecida desde hace años para pagar generalmente publicidad de la Subsecretaría de Prensa, sobre todo estática deportiva, por cifras que se ocultan. Esa área depende directamente del jefe de Gabinete, Elías Suárez, quien profesa el secretismo al retacear detalles elementales de esos pagos. Paradójicamente, hace poco hizo publicar que se costearon las erogaciones de un encuentro del Consejo Federal para la Transparencia en la Administración que se realizó en noviembre en la provincia, en cuyo decreto omitió lo fundamental: cuánto gastó. Todo un estilo de “gobernanza” del zamorismo, que surge de apenas un solo Boletín Oficial del 11 de abril de 2024.
A fines del año pasado Zamora decretó la emergencia económica con un DNU que se planteaba la reducción de gastos. Pero en los hechos ese instrumento parece haber allanado el camino para millonarias contrataciones directas, con compulsas de precios que parecieran acordadas de antemano, con oferta...
