🔴 #Urgente DESPIDOS MASIVOS EN LA SALUD PÚBLICA
El Ministerio de Salud de la Nación anunció que no renovará 1400 contratos laborales, la decisión se suma al recorte del 30% de los cargos políticos efectuado en los primeros días del año. Este enfoque va en linea con el desguace al sistema público de salud de Argentina que viene ejecutandosé con desfinanciamiento, cierre de programas que forman parte de esta cartera y sus organismos descentralizados.
En este contexto, trabajadores y trabajadoras del Hospital Especializado en Salud Mental y Adicciones “Laura Bonaparte” han expresado su preocupación ante el impacto de estas medidas. Denuncian que la falta de renovación de contratos podría comprometer servicios esenciales en un área especialmente sensible como la salud mental, donde la demanda de atención ha crecido significativamente en los últimos años, un grave daño a pacientes en tratamientos. Representantes gremiales y profesionales del hospital han solicitado al Ministerio reconsiderar las decisiones que afectan directamente la continuidad laboral de personal clave y, en consecuencia, la calidad de la atención brindada. Se van a realizar medidas de lucha para expresa el rechazo rotundo a los despidos brutales y desmedidos.
Por otro lado, desde el Ministerio argumentan que la reestructuración se basa en supuestas irregularidades, pero no profundizan ni expresan cuáles. No obstante la campaña orquestada por el gobierno nacional en desmedro del sector de salud y el negacionismo del vocero presidencial quedan expuestas, contradicciones que hoy muestran el ataque directo a quienes trabajan en todo el sistema público sanitario, y evidencian la intención de acabar con la premisa de una salud como prioridad.
🎥Video: Nunca vas a verlo
✍️🏾#RadioPueblo
#SaludPública #Alerta #SaludEnLucha #ElBonaparteNoSeCierra #SaludMentalEnRiesgo #BastaDeDespidos
🔴 CIERRAN LA HISTÓRICA FÁBRICA DE DANICA EN LAVALLOL: 150 TRABAJADORES DESPEDIDOS
Otro golpe a la industria nacional y el empleo en Argentina, la histórica fábrica de margarinas Dánica Dorada, ubicada en Llavallol, al sur del Gran Buenos Aires, ha cerrado sus puertas definitivamente.
La decisión fue confirmada por el Grupo Beltrán, propietario de la marca, pone fin a más de ocho décadas de actividad en el emblemático y conocido establecimiento que inició sus operaciones en 1940.
La producción en la planta ya se encontraba paralizada desde octubre de 2024, cuando la empresa había otorgado vacaciones anticipadas al personal e implementado un plan de retiros voluntarios. Sin embargo, con el inicio de 2025, el cierre se hizo oficial, dejando a 150 trabajadores sin empleo.
El Grupo Beltrán justificó la medida anunciando que la producción de las margarinas será tercerizada, aunque no se precisaron mayores detalles sobre la reubicación de la actividad. La noticia generó preocupación en la comunidad local, que pierde un símbolo industrial y una fuente importante de empleo para cientos de familias.
La crisis en el sector industrial viene calando fondo, el cierre de la fábrica de Dánica se suma a una creciente lista de empresas que han cerrado sus puertas en este último año, atribuyéndose esta situación a múltiples factores, como la presión de costos, la baja en el consumo y las dificultades para competir en el mercado interno y externo.
Mientras tanto, los trabajadores denuncian falta de diálogo y cuestionan las condiciones en que se realizaron los despidos. Según representantes gremiales, las medidas adoptadas por la empresa no ofrecieron soluciones reales para garantizar la continuidad laboral.
En medio de un panorama económico dealentador, el cierre de esta fábrica icónica vuelve a encender las alarmas sobre el desempleo en el país y la necesidad de políticas que prioricen la reactivación de la industria y la protección de l
🔴 CIERRAN LA HISTÓRICA FÁBRICA DE DANICA EN LAVALLOL: 150 TRABAJADORES DESPEDIDOS
Otro golpe a la industria nacional y el empleo en Argentina, la histórica fábrica de margarinas Dánica Dorada, ubicada en Llavallol, al sur del Gran Buenos Aires, ha cerrado sus puertas definitivamente.
La decisión fue confirmada por el Grupo Beltrán, propietario de la marca, pone fin a más de ocho décadas de actividad en el emblemático y conocido establecimiento que inició sus operaciones en 1940.
La producción en la planta ya se encontraba paralizada desde octubre de 2024, cuando la empresa había otorgado vacaciones anticipadas al personal e implementado un plan de retiros voluntarios. Sin embargo, con el inicio de 2025, el cierre se hizo oficial, dejando a 150 trabajadores sin empleo.
El Grupo Beltrán justificó la medida anunciando que la producción de las margarinas será tercerizada, aunque no se precisaron mayores detalles sobre la reubicación de la actividad. La noticia generó preocupación en la comunidad local, que pierde un símbolo industrial y una fuente importante de empleo para cientos de familias.
La crisis en el sector industrial viene calando fondo, el cierre de la fábrica de Dánica se suma a una creciente lista de empresas que han cerrado sus puertas en este último año, atribuyéndose esta situación a múltiples factores, como la presión de costos, la baja en el consumo y las dificultades para competir en el mercado interno y externo.
Mientras tanto, los trabajadores denuncian falta de diálogo y cuestionan las condiciones en que se realizaron los despidos. Según representantes gremiales, las medidas adoptadas por la empresa no ofrecieron soluciones reales para garantizar la continuidad laboral.
En medio de un panorama económico dealentador, el cierre de esta fábrica icónica vuelve a encender las alarmas sobre el desempleo en el país y la necesidad de políticas que prioricen la reactivación de la industria y la protección de l
🔴 DESALOJO VIOLENTO EN FINCA EL PONGO Y DEVASTACIÓN AMBIENTAL EN TERRITORIO CAMPESINO INDÍGENA
Desde el pasado 27 de diciembre de 2024, la familia Ibañez sufrió un violento desalojo en Hornillos, finca El Pongo, ubicada en el departamento de Perico, provincia de Jujuy. La acción fue ejecutada por más de 15 policías con apoyo de maquinaria pesada, afecta a una comunidad que ha habitado estas tierras por más de un siglo.
La medida, según denuncian, busca favorecer proyectos empresariales con participación extranjera y la construcción de infraestructura comercial, en detrimento de los derechos de los habitantes locales, su identidad cultural y la biodiversidad del lugar.
Griselda Ibañez, es tercera generación de la familia perjudicada, relató entre lágrimas la destrucción de árboles nativos como algarrobos, quebrachos y chañares: "Por favor, necesito que paren esto. Mis familias, los árboles... todos los están tirando". Además, denunció la presencia de empresas chinas interesadas en instalar proyectos para la fabricación de baterías de litio, lo que podría generar contaminación en el río Perico. Según sus declaraciones, el plan incluye conectar la región con el ferrocarril y el aeropuerto para facilitar la exportación de recursos.
El desalojo fue autorizado por la jueza Alejandra Daniela Torres y contó con la participación de Sonia Levis, administradora de la finca, y el abogado Oliver Alanis. Sin embargo, la comunidad no recibió explicaciones claras sobre las garantías de sus derechos. “Los policías no se identificaron. Nos amenazan y hostigan. Mi hijo fue intimidado con ser arrestado si se oponía”, agregó Griselda.
Por su parte, Alberto Ibañez, otro integrante de la familia, subrayó el arraigo histórico de la comunidad: “Mi padre llegó en 1923. Nos dicen intrusos, pero ellos son los intrusos. Nos quieren quitar la propiedad”.
La familia también denunció que las autoridades justificaron el despojo mediante
🔴EL DESALOJO EN LA COMUNIDAD DE GUERRERO
Dialogamos con Dña. Máxima Bustamante quien fue éste año desalojada de sus tierras junto a su família por el terrateniente Guillermo Jenefes, empresario y dueño del Canal 7 de Jujuy.
La justicia, los terratenientes y el gobierno de la provincia siguen avanzando contra las familias que llevan mas de 200 años viviendo en sus tierras, una vez más la complicidad entre poderes oprime a comunidades ancestrales.
Así se vive la desigualdad en Jujuy, mientras empresarios y políticos ven a dónde irán a despedir el año fuera del país con grandes manjares de comidas y lujos; las famílias jujeñas tratan de llenar la mesa y ver dónde pasarán las fiestas porque fueron desalojadas de sus hogares. Una "historia" que se réplica en todos los territorios o comunidades indígenas, hoy se la vive sin historias real, con una historia dibujada, con un relato falaz a favor de los terratenientes del país y los medios de los que también son dueños, pretenden borrar la verdad pero desde la tierra y la identidad, se resiste.
--- Colectivo Radio Pueblo ---
#RadioPueblo #RMA #Jujuy #argentina #NoAlDesalojo #PueblosIndigenas #PorUn2025enPaz
🔴 ¿QUÉ OPINAS SOBRE EL COBRO DE LA SALUD PÚBLICA EN JUJUY?
En estas últimas semanas, en la provincia de Jujuy, el gobierno de Carlos Sadir implementó, a través de una ley que nunca fue consultada con el pueblo jujeño, el cobro de la salud pública a todas las personas que asistan a los hospitales provinciales. Incluso se llegó a mencionar que el costo podría alcanzar los $50.000 mensuales.
Diversos colectivos y especialistas han advertido que esta medida podría agravar la desigualdad en el acceso a la salud, vulnerando derechos básicos para el pueblo trabajador.
¿Vos qué opinás sobre esto?
--- Colectivo Radio Pueblo ---
#RadioPueblo #rma #jujuy #argentina #saludpública #LaSaludEsUnDerecho
¡𝙁𝙚𝙡𝙞𝙘𝙚𝙨 𝙁𝙞𝙚𝙨𝙩𝙖𝙨! ✊🏾🙌🏽✨️🫂💖
En estas celebraciones, deseamos que la Dignidad, la Salud y la Fortaleza estén presentes para afrontar los momentos difíciles que atraviesa nuestro país. Agradecemos profundamente su confianza al informarse con medios alternativos, comunitarios y populares como el nuestro, y por ser parte de esta comunidad que crece día a día, siempre desde abajo y junto al pueblo.
Que el año 2025 traiga paz, prosperidad y la fuerza necesaria para continuar luchando colectivamente por un futuro mejor, y nuestro mayor anhelo, por un mundo digno.✊🏾🫂❤️
Colectivo Radio Pueblo
#RadioPueblo #Jujuy
🔴 IMPUTAN A FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO DE GERARDO MORALES POR LA VIOLACIÓN A LOS DERECHOS DEL PUEBLO KOLLA DE CASPALÁ
En un avance significativo en la lucha por la defensa de los derechos de las comunidades indígenas, esta mañana se realizó una conferencia de prensa donde se informó la formalización de la denuncia por la cual se imputa a varios funcionarios y exfuncionarios del gobierno de Gerardo Morales.
Las acusaciones, que incluyen el delito de defraudación a la administración pública, surgen a raíz de una demanda judicial presentada por la Comunidad de Caspalá, en defensa de sus derechos territoriales y recursos.
Entre los imputados se encuentran María Teresa Bovi Mitre, exministra de Educación; José Torrejón, funcionario del área de Infraestructura Educativa; y María Cecilia Rotondo, asesora legal del Ministerio de Educación. También están implicados María Victoria Martínez Fascio, secretaria de Infraestructura; Diego Ignacio Montenovi, de la Fiscalía de Estado; y Natividad Apaza, excomisionado y actual vocal de la Comisión Municipal de Caspalá.
El proceso judicial estuvo a cargo de la jueza federal de Garantías Carina Inés Gregoraschúk, con la intervención de la fiscal Lucía Romina Orsetti. Durante la audiencia, la mayoría de los imputados se negaron a declarar, a excepción de Torrejón, quien brindó testimonio sobre su accionar.
Cabe destacar que la Comunidad de Caspalá, está ubicada en una región históricamente marginada de la provincia de Jujuy, ha denunciado reiteradas violaciones a sus derechos por parte de autoridades provinciales. Estas incluyen el despojo de tierras comunitarias y la ejecución de proyectos de infraestructura sin consulta previa, un derecho fundamental de los pueblos originarios reconocido por el Convenio 169 de la OIT y la Constitución Nacional.
El caso actual representa un antecedente en la búsqueda de justicia, dado que expone el uso discrecional de recursos públicos para fines que,
🔴¿DESDE CUANDO SEGURIDAD ES SINÓNIMO DE VIOLENCIA INSTITUCIONAL, ABUSO DE PODER Y REPRESIÓN HACIA LOS POBRES?
La violencia policial y el abuso de poder no son hechos aislados, sino expresiones de un sistema que naturaliza la represión y premia a quienes la ejercen. Tres episodios ilustran esta problemática, la brutal agresión a un adolescente detenido de Diego Kravetz exsecretario de Seguridad y actual número dos de la SIDE. El abuso por parte del comisario mayor Christian Geada en el recital de Los Piojos y el Operativo de muerte en Salta que dejó un trabajador de frontera sin vida.
En el caso de Kravetz, todo fue registrado por cámaras de seguridad el pasado 17 de octubre, pero recién salió a la luz gracias a la investigación de Tiempo Argentino. Las imágenes muestran al funcionario golpeando a un menor de edad que ya estaba reducido por tres policías.
Estos hechos develan una política sistemática de violencia institucional que apunta contra los sectores más vulnerables. En lugar de garantizar protección y derechos, el Estado parece delegar en sus fuerzas de seguridad una licencia para ejercer su violencia sin consecuencias y total impunidad.
Christian Gaeda quiso entrar al recital de Los Piojos con dos mujeres, de las cuales una tambien era policía, al viralizarse la prepotencia y abuso, ambos fueron destituidos, ahora están siendo investigados por la justicia.
Por último el operativo de Gendarmería en el marco del plan Güemes para combatir el narcotrafico, por órdenes de Patricia Bullrich dejó un centenar de personas heridas tras la muerte de un pasador de hojas de coca de 27 años que habría sido ultimado de un tiro en el pecho por un gendarme.
La pregunta es inevitable: ¿Por qué lo hacen? Las palabras justas: Porque pueden, porque es una decisión política. Porque les dan las herramientas, el uniforme y la impunidad para actuar como les plazca. Cada golpe, cada bala, cada atropello, son síntomas de un poder tirano que se
🔴 REPUDIAN LA BRUTAL REPRESIÓN Y LA MUERTE DE UN TRABAJADOR DE FRONTERA
La muerte de un joven trabajador de frontera, "chanchero" como suele referirse a esta labor, en el marco de un operativo de Gendarmería Nacional, ha encendido las alarmas en el norte de Salta y del país.
En un comunicado emitido hoy, el Movimiento Rebelión Popular junto a Organismos de DDHH expresaron su "más enérgico repudio" al hecho, calificando al gobierno nacional de "asesino" y responsabilizando directamente a las políticas de seguridad del presidente Javier Milei y su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
El comunicado también pone el foco en las profundas desigualdades estructurales de la región, destacando el impacto de las privatizaciones de empresas clave como YPF y el ingenio San Martín del Tabacal durante los años 90. Según el movimiento, estas decisiones dejaron a miles de trabajadores sin empleo formal, forzándolos a integrarse en la economía informal del bagayeo.
El Movimiento Rebelión Popular señala que el bagayeo y la actividad conocida como "chanchera", relacionada con el traslado de hojas de coca, son actividades que surgen ante la falta de empleo formal en la región. En su comunicado, denuncian que la comercialización de hojas de coca dentro de Argentina es legal, pero las leyes fronterizas y el accionar corrupto de las fuerzas de seguridad agravan la situación y pretenden criminalizar a quienes las realizan
"Fuerzas como Gendarmería secuestran la mercadería y luego la revenden con la complicidad de la justicia federal", denuncia el texto. Además, el movimiento recuerda que la actividad económica informal en la frontera no solo es una forma de sustento, sino un componente estructural de la economía regional, moldeada por décadas de precarización laboral y desindustrialización.
El Movimiento Rebelión Popular convocó a las organizaciones sociales y del campo popular a movilizarse en solidaridad con las víctimas de la represión estata
🔴 REPRESIÓN EN SALTA: MUERE UN BAGAYERO Y ACUSAN A UN GENDARME
La frontera norte de Salta vive momentos de alta conflictivdad y represión tras el fallecimiento de un trabajador bagayero (pasadores de hoja de coca), quien, según los primeros reportes, habría sido víctima de la brutal represión llevada a cabo por Gendarmería Nacional.
Este hecho ha generado indignación entre todos los trabajadores de frontera, que denuncian abusos por parte de las fuerzas de seguridad en el marco de los operativos del Plan Güemes.
El incidente ocurrió en medio de controles estrictos implementados en la región. Sin embargo, estas medidas han provocado un fuerte rechazo entre los bagayeros, quienes aseguran que estas políticas afectan directamente sus fuentes de ingresos y ponen en riesgo el bienestar de sus familias. Como resultado de la represión, además de la persona fallecida, se registraron tres heridos, lo que ha agravado el clima de conflicto y lo que motivó salgan a las calles a expresarse contra estos abusos.
Desde ayer, los trabajadores de frontera han bloqueado la Ruta Nacional 50, entre Arroyo Zenta y Río Blanco, como medida de protesta. Este corte mantiene paralizado el tránsito en una de las principales arterias de la región, en imagenes puede evidenciarse el operativo más cruento con los ensordecedores tiros y detonaciones para dispersar.
Los manifestantes exigen respuestas inmediatas de las autoridades y un cambio en las políticas que consideran represivas. “Nos tratan como criminales por trabajar. Estos controles no solo decomisan mercadería, sino que también nos quitan nuestra forma de sobrevivir”, expresó uno de los líderes de la protesta.
El Plan Güemes, anunciado recientemente por el gobierno nacional, busca fortalecer la seguridad en las fronteras para combatir el contrabando y otros delitos. Sin embargo, los trabajadores de frontera argumentan que las medidas son desproporcionadas, irrazonables y que no se han considerado las
🟣 NEGAR LA IVE ES ATENTAR CONTRA LA VIDA DE NIÑAS Y ADOLESCENTES
El Gobierno Nacional frente a sus lavadas de caras, hoy se pinta de Antiderechos ultraconservador. La Campaña por el Aborto Legal más vigente que nunca.
Stella Manzano afirma que el querer avanzar frente al derecho a la vida, ya otorgado a las mujeres es dar paso nuevamente a las complicaciones de embarazos y partos, dónde antes que se reconozca la legalización fue la cuarta causa de muerte de mujeres entre 15 y 24 años de edad.
También comenta que el Estado Nacional desde la Asunción de Javier Milei ha dejado de proveer los anticonceptivos a las distintas provincias, poniendo en riesgo el aumento de embarazos adolescentes. "Desde que se legalizó (IVE) en el 2020 la mortalidad materna disminuyó increíblemente" expresó.
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