09/12/2024
Se derrumba el plan de los intendentes bonaerenses para reinstaurar las reelecciones indefinidas.
La posible modificación de la norma que limita las reelecciones de intendentes enfrenta fuertes resistencias en la Cámara de Diputados. Opositores, sectores del oficialismo y bloques fragmentados advierten sobre un retroceso democrático, mientras algunos intendentes evalúan judicializar el conflicto.
La posible modificación de la ley que limita las reelecciones de intendentes en la provincia de Buenos Aires enfrenta una fuerte resistencia en la Legislatura bonaerense, particularmente en la Cámara de Diputados. La norma, sancionada en 2016 bajo el gobierno de María Eugenia Vidal como parte de un acuerdo entre el PRO y el Frente Renovador, no cuenta actualmente con los votos necesarios para avanzar en su modificación, lo que mantiene en vilo su futuro legislativo.
En las últimas horas, las negociaciones de fin de año en torno al Presupuesto y la Ley Fiscal 2025 abrieron la puerta a rumores sobre la posibilidad de derogar la ley 15.315, última reforma introducida a la normativa original. Este cambio, implementado en 2021 durante la gestión de Axel Kicillof, permitió que cerca de 90 intendentes pudieran postularse nuevamente en las elecciones de 2023. En su momento, la reforma corrigió lo que muchos consideraban una aplicación retroactiva de la ley original de 2016, que tomaba como primer mandato el iniciado en 2015, pese a que la reglamentación recién se emitió en 2019. Esta corrección se basó en el principio de que las leyes no pueden aplicarse retroactivamente, generando un nuevo debate sobre su constitucionalidad.
Ahora, con la posibilidad de una nueva revisión, varios bloques opositores han anunciado su negativa a acompañar el proyecto, argumentando que representa un retroceso institucional y afecta la estabilidad normativa. El Frente Renovador, pieza clave en el debate, reafirmó su postura en contra de modificar una ley que originalmente impulsó. En 2021, los legisladores de este espacio ya habían rechazado las modificaciones introducidas, lo que refuerza su posición actual.
En la Cámara de Diputados bonaerense, Unión por la Patria cuenta con 37 legisladores de un total de 92. De estos, el Frente Renovador aporta 10 miembros que, según confirmaron, no apoyarán cambios en la normativa. Esto deja al peronismo con 27 votos en el mejor de los escenarios. Además, cualquier discusión sobre este tema requeriría un tratamiento en sesión extraordinaria y sin despacho de comisión, lo que implica la necesidad de alcanzar los dos tercios de los votos presentes, un desafío significativo en términos de ingeniería legislativa.
La resistencia también se percibe como un síntoma de tensiones internas dentro del oficialismo, así como entre los bloques opositores. Para algunos sectores, la insistencia en revisar la ley responde a presiones de ciertos intendentes que buscan perpetuar sus mandatos, lo cual genera críticas tanto desde un punto de vista ético como legal.
En este contexto, el debate sobre la reelección de intendentes se ha convertido en un termómetro político que refleja las dificultades para alcanzar consensos amplios en la Legislatura. La discusión, lejos de centrarse exclusivamente en cuestiones legales, pone de manifiesto intereses contrapuestos y un escenario complejo donde las decisiones no solo tienen implicancias locales, sino también proyecciones nacionales.
El tema, además, plantea interrogantes sobre el respeto a los acuerdos legislativos alcanzados en años anteriores y la voluntad política de priorizar reformas que garanticen la transparencia y el equilibrio en los cargos públicos. En un clima de incertidumbre, la resolución de este conflicto podría marcar un precedente clave para futuras reformas políticas en la provincia.
La polémica en torno a la posible modificación de la ley que limita las reelecciones de intendentes en la provincia de Buenos Aires no solo divide al oficialismo, sino que también aviva tensiones entre los bloques opositores. En este contexto, Guillermo Castello, diputado del bloque de La Libertad Avanza (LLA), criticó duramente la propuesta al considerarla “un artilugio de la casta para eternizarse en el poder”. Castello, quien respaldó el proyecto original impulsado por María Eugenia Vidal en 2016 y rechazó las modificaciones realizadas en 2021, reafirmó su postura en contra de cualquier intento por alterar nuevamente la normativa.
El bloque de LLA, compuesto por 13 legisladores y posicionado junto al PRO como segunda minoría en la Cámara de Diputados bonaerense, mantiene una postura inflexible. Castello comparte su visión con otros legisladores que ya se habían opuesto a las modificaciones previas, como el actual Secretario de Culto y Civilización, Nahuel Sotelo, quien en su momento también votó en contra, y la diputada Constanza Moragues, hoy integrante del bloque Unión Renovación y Fe, conocido por su línea de «libertarios dialoguistas».
Unión Renovación y Fe, con nueve integrantes, emitió un contundente comunicado rechazando cualquier intento de modificar la ley. “Es una burla para la sociedad toda que, en medio de la crisis económica y social que atraviesa el país, la dirigencia quiera enquistarse en el poder y perpetuar sus privilegios”, señalaron desde el bloque liderado por Gustavo Cuervo. Este espacio, que ha adoptado un discurso crítico hacia la clase política tradicional, también apuntó contra el PRO, liderado a nivel provincial por Cristian Ritondo, y contra la Unión Cívica Radical, intensificando las fricciones entre sectores opositores.
Los llamados «libertarios dialoguistas» y los integrantes de La Libertad Avanza coinciden en su rechazo a lo que consideran un intento por favorecer los intereses de ciertos dirigentes políticos en detrimento del bienestar general. Esta postura refuerza un discurso alineado con el rechazo a los privilegios políticos y la defensa de la alternancia en el poder como un principio básico de la democracia.
El enfrentamiento no solo refleja una falta de consenso, sino también un endurecimiento de las posturas entre los diferentes bloques de la oposición. Mientras el oficialismo busca encontrar los votos necesarios para avanzar con el proyecto, la creciente resistencia entre los libertarios, el PRO y otros sectores podría complicar aún más la discusión.
En un escenario político marcado por la crisis económica y el descontento social, el debate sobre la reelección de intendentes adquiere una relevancia simbólica. Para los sectores críticos, esta propuesta no solo es un retroceso institucional, sino una muestra de desconexión entre la clase política y las demandas de la ciudadanía. Por su parte, los defensores de la modificación apelan a argumentos legales y de «justicia electoral», en un intento por minimizar las acusaciones de perpetuación en el poder.
El desenlace de este conflicto, lejos de ser un simple trámite legislativo, será un termómetro del nivel de confianza pública en las instituciones y en los actores políticos que las representan.
La discusión sobre la modificación de la ley que limita las reelecciones de intendentes en la provincia de Buenos Aires se encuentra cada vez más polarizada, con posturas divergentes que atraviesan bloques políticos y reflejan intereses en tensión. Mientras los promotores de los cambios argumentan sobre la necesidad de adecuar la norma por su presunta inconstitucionalidad, las fuerzas opositoras y algunos sectores oficialistas mantienen un rechazo enfático, alegando que estas iniciativas representan un retroceso institucional.
El bloque de La Libertad Avanza, junto con otros sectores opositores, ha endurecido su discurso. Mientras que el bloque de Unión Renovación y Fe denunció que la maniobra busca perpetuar privilegios políticos. En sintonía, el PRO emitió un comunicado reafirmando su rechazo: “No permitiremos que se vulneren los valores fundamentales de la democracia. No a la reelección indefinida. No al retroceso democrático”. Sin embargo, las divisiones internas del PRO en 2021, cuando algunos de sus integrantes respaldaron las modificaciones, dejan una herencia de desconfianza que complica el panorama actual.
Por su parte, el radicalismo aún no logra una posición unificada. Con dos bloques principales en Diputados, UCR Cambio Federal y Acuerdo Cívico – UCR + GEN, las posturas oscilan entre quienes defienden la alternancia en el poder y aquellos que respaldaron los cambios en 2021 por presiones de intendentes radicales. La falta de cohesión interna en este espacio se traduce en un factor de incertidumbre clave para el desenlace legislativo.
Mientras tanto, otros sectores políticos, como la Coalición Cívica y la Izquierda, mantienen su rechazo histórico a cualquier intento de prolongar los mandatos. Este posicionamiento refuerza la proyección actual en la Cámara de Diputados bonaerense, donde, de los 92 legisladores, 38 ya anticiparon su voto negativo, un número que podría aumentar a 40 si la Izquierda confirma su postura, dificultando cualquier posibilidad de modificar la normativa.
La resistencia no se limita a la oposición. Incluso dentro del oficialismo hay fracturas notorias. El Frente Renovador, liderado por Sergio Massa, se opone abiertamente a los cambios, y figuras como la senadora Sofía Vanelli han manifestado su rechazo en el Senado, donde el oficialismo necesitaría sumar 11 votos adicionales para alcanzar los dos tercios necesarios.
La posibilidad de recurrir a la vía judicial para declarar inconstitucional la norma también se baraja como una estrategia alternativa. El intendente peronista de Berisso, Fabián Cagliardi, confirmó que trabaja en una presentación ante la Suprema Corte bonaerense en ese sentido. Sin embargo, otros intendentes, como Ramón Lanús de San Isidro, han tomado distancia de estas iniciativas, criticando la desconexión de la política con las prioridades de la ciudadanía. Lanús advirtió que reinstaurar las reelecciones indefinidas sería “una clara señal de que la política sigue mirando sus intereses”.
El debate no solo expone la fragmentación política, sino también una desconexión entre los intereses de la dirigencia y las demandas ciudadanas. En un escenario de crisis económica y descontento social, las iniciativas para reinstaurar las reelecciones indefinidas son vistas por muchos como una muestra de oportunismo político que aleja aún más a las instituciones de la realidad del país.
El desenlace en la Cámara de Diputados bonaerense se perfila como el desafío más complejo para quienes impulsan la derogación de la ley. De no avanzar, en 2025 la norma dejaría sin posibilidad de reelección a 84 intendentes, un resultado que podría cambiar el panorama político de la provincia y marcar un precedente en términos de renovación democrática.
