TeleSISA

TeleSISA Comunicación con identidad para que las voces indígenas tengan poder político. TeleSISA nació en un contexto de resistencia y lucha.

Fue gestada durante el golpe de Estado en Bolivia, en noviembre de 2019, y vio la luz el 8 de marzo de 2020 en Buenos Aires, en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Dos eventos clave marcaron nuestro horizonte: la importancia de los medios de comunicación para romper los cercos mediáticos y el compromiso de visibilizar los derechos de las mujeres indígenas en una sociedad estructurada baj

o el racismo y el patriarcado. Este proyecto fue impulsado por Laki Quispe, del Pueblo Quechua, mediactivista desde 2012, dedicada a visibilizar luchas populares, ambientales, feministas y territoriales. Su experiencia en espacios de comunicación le permitió evidenciar el racismo imperante en los medios. En 2019, propuso a mujeres activistas de los Pueblos Quechua y Aymara la creación de un medio de comunicación liderado por mujeres indígenas. Así, junto a Tatiana Quispe, cofundadora del proyecto, dieron forma a TeleSISA. El golpe de Estado en Bolivia aceleró este sueño, poniendo en evidencia no solo la relevancia del rol del comunicador/a, sino también la urgencia de un reconocimiento identitario frente al racismo y la colonización presentes en la política de un gobierno de facto. Bartolina Sisa, nuestra ancestra, fue mencionada en cada marcha como símbolo de resistencia, y en su honor dimos nombre a este espacio. Desde entonces, asumimos la comunicación como una herramienta política y social indispensable. En estos años, hemos avanzado con acciones concretas. Fundamos nuestra propia escuela, donde enseñamos Periodismo Indígena y otros temas clave, y diseñamos una revista para continuar amplificando nuestras voces y fortaleciendo nuestra narrativa. Nuestro eslogan, “Comunicación con identidad”, sintetiza nuestra misión: luchar por la soberanía comunicacional desde la participación activa de los Pueblos Indígenas y la reivindicación de nuestras identidades en los medios.

21/12/2024

“Nos sentimos vulnerados”: Comunidades Diaguita denuncian el impacto de la derogación de la Ley 26160

En una asamblea realizada en la Comunidad Indígena Langostura, las Comunidades Quilmes, Amaycha del Valle, El Moyar, Tafí del Valle, Langostura, Casa Vieja e Indio Coralao expresaron su rechazo a la reciente derogación de la Ley 26160, que protegía los territorios Indígenas al suspender los desalojos mientras se avanzaba en el relevamiento territorial de las comunidades originarias.

"Hoy las Comunidades se sienten vulneradas por la caída de esta ley y también avasalladas, golpeadas por la fuerza policial y la justicia tucumana", afirmó Patricio González, cacique de la Comunidad India Quilmes, quien enfatizó la necesidad de preservar los derechos adquiridos en 2006 con esta legislación de emergencia territorial, prorrogada en múltiples ocasiones.

La Ley 26160, vigente desde 2006, reconocía el derecho de las comunidades indígenas a sus tierras ancestrales, paralizando desalojos hasta que se completaran relevamientos catastrales y jurídicos. Su derogación deja a numerosas comunidades expuestas a desalojos forzosos, una situación que los líderes indígenas calificaron como "un retroceso en la defensa de nuestros derechos".

La asamblea concluyó con un corte en la Ruta 307, simbolizando la resistencia y el llamado a las autoridades nacionales a restablecer mecanismos de protección para las comunidades indígenas.

Video de


19/12/2024

PRESENTACIÓN DE MONITOREO SOCIOCULTURAL Y LINGÜÍSTICO DE ACCESO A LA IVE Y DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS EN PUEBLOS INDÍGENAS Y COMUNIDADES CAMPESINAS

En un esfuerzo por visibilizar las barreras que enfrentan mujeres Indígenas, campesinas y disidencias en el acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y derechos sexuales y reproductivos, se presentó el Monitoreo sociocultural y lingüístico impulsado por Católicas por el Derecho a Decidir junto a lideresas Indígenas y campesinas. Este informe reúne datos inéditos de 20 Pueblos Originarios en provincias de Argentina y suma las voces de profesionales de la salud que trabajan en estas Comunidades.

El monitoreo expone múltiples formas de violencia y discriminación sistémicas en el sistema de salud. Entre las principales barreras identificadas se destacan la falta de diálogo intercultural, el racismo, la hegemonía médica y la precariedad del acceso en zonas rurales. "Muchas mujeres tienen que recorrer hasta 8 horas para llegar a un hospital, enfrentando largas demoras para turnos y falta de acceso a medicamentos esenciales como el misoprostol", denunciaron las participantes.

Además, el informe subraya la necesidad de personal de salud capacitado en las lenguas y costumbres de los Pueblos Originarios. "El cuerpo de una mujer es su primer territorio, y ese derecho debe ser respetado. Sin embargo, aún se reproducen prácticas patriarcales, como decisiones médicas sin consulta y maltratos en el parto", destacaron las autoras del monitoreo.

Con este trabajo, se busca fomentar una perspectiva intercultural e interseccional en el sistema de salud, garantizando el respeto por las identidades y derechos de las Comunidades Indígenas y campesinas. "Es crucial que el personal médico sea formado en nuestras lenguas, como el Guaraní, para asegurar una atención más justa y equitativa", concluyeron.

🎥 .periodista
Edición y redacción: .periodista


EL FEMICIDIO INDÍGENA DE LA ADOLESCENTE EDITH ROMÁN: UN GRITO DE JUSTICIA DESDE EL CORAZÓN DEL PUEBLO WICHÍLa madrugada ...
17/12/2024

EL FEMICIDIO INDÍGENA DE LA ADOLESCENTE EDITH ROMÁN: UN GRITO DE JUSTICIA DESDE EL CORAZÓN DEL PUEBLO WICHÍ

La madrugada del 13 de diciembre, la Comunidad Wichí Betania despertó con una noticia que marcaría sus vidas para siempre. El cuerpo de Edith Román, una joven de 17 años, fue encontrado en una zanja, golpeado y con fracturas visibles, a pocos kilómetros de la Comunidad La Estrella, en Santa Victoria Este, Salta. Edith, quien había salido la noche anterior junto a su prima para visitar a familiares, nunca regresó. Lo que comenzó como un paseo cotidiano terminó en tragedia. Su historia, como tantas otras, revela el abandono estructural, la violencia de género y la descomposición social que afectan a los territorios Indígenas.

Edith era una joven con sueños, jugaba vóley y fútbol con sus amigas, era hija, hermana y un pilar fundamental en su familia, especialmente a sus hermanos pequeños. “Vivía con su hermana en otra comunidad, cuidaba a sus hermanitos mientras iban a la escuela”, recordó su padre, Reynaldo Román, quien se convirtió en el portavoz del dolor y la indignación de la Comunidad.

“Siempre salían a visitar a primos, amigos, como todos los jóvenes. Pero esa noche, su prima se fue con su novio, dejándola sola con esos hombres. Y, cuando había regresado, la Edith no estaba. Su cuerpo ya estaba tirado en el lado del camino”, explicó Reynaldo, refiriéndose a los agresores, identificados como Javier Gómez, Segundo Erazto, Sergio Pisco y Joaquín Pisco, pertenecientes a comunidades vecinas. Uno de ellos, un menor de edad, fue trasladado a un centro juvenil.

Según Reynaldo, estas personas ya eran conocidas en la zona por su conducta violenta y el consumo de dr**as. “Uno de ellos incluso había obligado a mi hija a ayudarle a vender droga, pero ella se negó. Eso lo enfureció, la golpeó y amenazó”, relató.

La Comunidad quedó conmocionada al saber del as*****to de la joven, cuyo cuerpo presentaba golpes, fracturas en las manos y signos de asfixia. Sin embargo, aún se esperan los resultados de la autopsia. “Reconocí a mi hija. Tenía el cuello y el rostro golpeados, y estaba desnuda. Aún no levantaron la ropa del lugar, y eso me preocupa. Todo está siendo muy lento”, expresó Reynaldo. La desesperación del padre también dejó al descubierto la desidia: la falta de personal policial, la ausencia de comunicación por problemas de señal, y la tardanza en la llegada de peritos forenses.

El padre de Edith también denunció la necesidad de investigar a otros implicados. “Yo tengo una testigo clave, pero a mí me causa también una pena que no esté nombrado el novio, porque la prima había salido con el novio y él también tiene que estar detenido. Él también sabe, sabe, porque han visto, han estado ese día, en esa hora. Que aparezca y que aclare, que diga lo que sabe”, exigió.

Femicidio indígena: la violencia que perpetúa el etnocidio

El caso de Edith no solo es un acto de violencia machista, sino que forma parte de un patrón de opresión hacia los Pueblos Originarios. Este femicidio es parte del etnocidio que comenzó hace más de 500 años para eliminar a los verdaderos dueños de estas tierras. En Santa Victoria, como en tantas otras zonas rurales del norte argentino, el consumo de sustancias y el abandono estatal perpetúan un círculo de violencia que golpea especialmente a las mujeres indígenas.

Reynaldo Román no solo denuncia el femicidio de su hija, sino un contexto de violencia estructural. “Estos muchachos están acostumbrados a hacer esto. Consumen mucha droga y encima venden. Pero sé que son obligados para vender. Alguien más poderoso los usa para que vendan”, relató, señalando cómo las sustancias ilegales han erosionado el tejido social. “A nosotros, como somos aborígenes, nos venden estas cosas, nos causa daño. Entre nosotros hay peleas por culpa del consumo de droga y alcohol. Un Chulupí pelea contra un Wichí, un Wichí contra un Toba. Esto nos divide y nos destruye”.

Asimismo, el padre destacó la ausencia de denuncias en casos similares por miedo o presión social. “La testiga ha sido abusada, pero no hicieron la denuncia. El cacique había tomado la decisión de denunciar, pero algunas familias no lo aceptaron. Hay un silencio que protege a los agresores. Esto no puede seguir así”.

Un llamado urgente a la justicia

El femicidio de Edith ha dejado una herida abierta en la Comunidad Wichí, que ahora exige justicia. “Quiero que esto no quede impune, que los responsables sean castigados. Pero también necesitamos más apoyo en nuestra comunidad: que haya control sobre las dr**as y el alcohol, que se cuide a los jóvenes. No podemos seguir así", clamó Reynaldo. En este sentido, su comunidad ha decidido organizar reuniones para pensar acciones frente al problema, y trabajar por una justicia que no solo castigue, sino que también repare el tejido social de los Pueblos Indígenas. Asimismo, hizo un pedido a las autoridades nacionales para que intervengan con el tema de la droga y el alcohol.

✍️ Laki Quispe Pérez


12/12/2024

EL AVANCE DE LA PRODUCTORA DEL NOROESTE S.A. CONTRA LAS FAMILIAS CAMPESINAS DE LA ESPERANZA

Hoy, 11 de diciembre, continúa el atropello contra las familias campesinas de La Esperanza, Jujuy. La empresa Productora del Noroeste S.A., parte del Grupo Budeguer, ha intensificado su avance sobre estos territorios. Tras cercar las áreas con incendios durante el fin de semana, ahora destruyen el bosque nativo con maquinaria pesada.

Entre las familias afectadas se encuentra la familia González, cuya subsistencia está en riesgo. El desmonte, avalado por el gobierno de Jujuy, comenzó este año en un predio registrado a nombre de la empresa, que abarca 10.000 hectáreas de bosque nativo. “Luego queman los árboles añejos que destruyen con cadenas y máquinas”, denuncian, mientras la maquinaria avanza también sobre tierras campesinas.

Desde las comunidades exigen solidaridad y visibilización del conflicto. “Basta de saquear los bienes naturales de Jujuy y expulsar a quienes conviven y habitan en la naturaleza”.


DEFENSA DE LA VIDA Y LOS TERRITORIOS: EL LEGADO DE LOS ABUELOS FRENTE A LA DEROGACIÓN DE LA LEY 26.160En el Día de los D...
10/12/2024

DEFENSA DE LA VIDA Y LOS TERRITORIOS: EL LEGADO DE LOS ABUELOS FRENTE A LA DEROGACIÓN DE LA LEY 26.160

En el Día de los Derechos Humanos, la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita de Tucumán emitió un contundente mensaje ante la derogación de la Ley 26.160, que suspendía los desalojos en territorios indígenas y obligaba al Estado a realizar relevamientos territoriales. En su comunicado, destacan que la lucha por los derechos ancestrales trasciende las legislaciones nacionales y encuentra respaldo en compromisos internacionales como el Convenio 169 de la OIT y el fallo Lhaka Honhat de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Frente a este escenario, llaman a la unidad, la resistencia pacífica y la difusión responsable como herramientas clave para la defensa de la vida y los territorios.

"Sabíamos que este día llegaría. El día de salir a defender lo que nuestros abuelos nos legaron", afirma el comunicado, destacando que las comunidades no heredaron tierras, sino trincheras de defensa de la vida. En este contexto, es necesario recordar que los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas no dependen únicamente de legislaciones nacionales, sino que están respaldados por instancias internacionales como el fallo Lhaka Honhat de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (2020), que condena al Estado Argentino a cumplir con el Convenio 169 de la OIT.

El valor de los derechos internacionales

El Convenio 169, con rango constitucional en Argentina, sigue plenamente vigente, aunque el gobierno nacional haya optado por medidas que desconocen sus compromisos internacionales. Este convenio obliga al Estado a respetar los derechos territoriales y políticos de los Pueblos Indígenas.

La Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita subraya que la vía legal sigue siendo una herramienta imprescindible para denunciar. Aunque los costos y tiempos pueden ser elevados, se están promoviendo demandas colectivas a las que invitan a sumarse para fortalecer la resistencia legal.

Difusión sin pánico

El comunicado también señala la importancia de la difusión responsable en este contexto crítico. Se busca movilizar apoyo y visibilizar la situación ante la comunidad internacional, evitando mensajes que generen pánico y desunión entre las comunidades.

¿Qué hacer ante posibles desalojos?

La amenaza de desalojo es real y preocupa profundamente a las comunidades. Sin embargo, la Unión de los Pueblos Diaguita llama a evaluar las condiciones de cada territorio, defender los derechos de manera pacífica y articular apoyos con medios de comunicación y la sociedad civil.

Unidad como escudo político

El mensaje concluye con un poderoso llamado a la unidad: “Necesitamos estar más unidos que nunca, en un bloque indestructible con los demás sectores del Pueblo”. Los derechos territoriales, recuerdan, son derechos políticos, no civiles, y su defensa requiere cohesión y estrategia colectiva frente a los actores que buscan despojar a los Pueblos Indígenas de su herencia.

En un contexto donde el Estado, terratenientes y empresas incumplen sus obligaciones, las comunidades indígenas de Argentina vuelven a alzar la voz con un mensaje claro: el legado de los abuelos será defendido con dignidad y resistencia.

Chey Chey! Járuma! Jallalla! Marichiwew! Kausachum! Jaylli Jaylli Jaylli!


EL DESPOJO LEGALIZADO: EL ESTADO ANULA LA LEY 26160 Y DEJA A LAS COMUNIDADES INDÍGENAS SIN PROTECCIÓNEste martes, el Gob...
10/12/2024

EL DESPOJO LEGALIZADO: EL ESTADO ANULA LA LEY 26160 Y DEJA A LAS COMUNIDADES INDÍGENAS SIN PROTECCIÓN

Este martes, el Gobierno nacional decretó el fin de la emergencia territorial indígena, derogando la Ley 26160 y sus prórrogas. Esta medida, formalizada a través del Decreto 1083/2024, pone en jaque la protección de las tierras tradicionalmente ocupadas por las Comunidades Indígenas de Argentina y da luz verde a los desalojos, priorizando los intereses privados y estatales sobre los derechos de los Pueblos Originarios.

Esta decisión representa un retroceso histórico en la lucha por el reconocimiento y la defensa de los territorios ancestrales. La Ley 26160, sancionada en 2006, surgió como respuesta a décadas de despojo, marginación y violencia hacia las Comunidades Indígenas. Su objetivo era suspender los desalojos y realizar un relevamiento territorial para garantizar la seguridad jurídica de los territorios. Sin embargo, el Estado nunca cumplió con esta obligación de manera integral, dejando a miles de comunidades en una situación de vulnerabilidad permanente.

El discurso oficial: deslegitimación y racismo estructural

El Gobierno justificó la derogación de la ley argumentando que generaba "inseguridad jurídica" y afectaba los derechos de "legítimos propietarios". En los considerandos del decreto, se calificó a las comunidades como "fragmentadas", acusándolas de hacer un "uso abusivo" de la normativa. Estas afirmaciones no solo deslegitiman los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas, sino que perpetúan narrativas racistas que criminalizan la lucha por la tierra.

Además, se subrayó un supuesto aumento en los conflictos territoriales, atribuyendo la responsabilidad a las comunidades indígenas sin mencionar el papel del extractivismo, las políticas neoliberales y la violencia estructural que han intensificado estos enfrentamientos. El discurso gubernamental invisibiliza las décadas de resistencia pacífica y organización de las comunidades frente a un sistema que prioriza los intereses empresariales y el saqueo de los recursos naturales.

La violencia del despojo: desalojos e impunidad

Con la derogación de la Ley 26160, se habilitan desalojos masivos que afectan no solo a las comunidades indígenas, sino también a sus modos de vida, cosmovisiones y la preservación del territorio como espacio de vida colectiva. Estos desalojos son, en esencia, una forma de violencia estatal que responde a los intereses del capital inmobiliario, la minería y el agronegocio.

Organizaciones indígenas y de derechos humanos han señalado que esta medida incrementará los conflictos sociales y profundizará la desigualdad estructural que afecta a los Pueblos Originarios. El derecho a la tierra no es solo una cuestión legal, sino una lucha por la autodeterminación y la supervivencia cultural en un contexto de colonización que persiste.

Una lucha que trasciende el decreto

La derogación de la Ley 26160 no silenciará las voces de las comunidades indígenas, que han enfrentado despojos, criminalización y genocidio desde la llegada de los colonizadores. Hoy más que nunca, se reafirma la necesidad de continuar luchando por el reconocimiento pleno de los territorios ancestrales, exigir al Estado el cumplimiento de los derechos consagrados en la Constitución Nacional y en los tratados internacionales, y denunciar las políticas que perpetúan la exclusión y el racismo estructural.

Desde los territorios, las comunidades resisten: porque la tierra no es solo un recurso, es vida, memoria y futuro.


08/12/2024

EL GRUPO BUDEGUER, CON EL RESPALDO DEL GOBIERNO DE JUJUY, DESPOJA DE SU TIERRA A UNA FAMILIA CAMPESINA Y ARRASA CON SUS BIENES

Desde julio, la familia González, campesinos del paraje Los Arrozales en La Esperanza, enfrenta intentos de desalojo violentos por parte de la Productora del Noroeste SA, del grupo Budeguer, con el respaldo del gobierno y la justicia jujeña. A pesar de llevar generaciones trabajando la tierra, sufren represión, desmonte, destrucción de sus bienes, y la vulneración sistemática de sus derechos posesorios.

Este sábado, María González, integrante de la familia, denunció que personal de seguridad de la empresa rodeó su vivienda con fuego, poniendo en peligro la vida de su padre y madre, dos personas mayores que dependen de la actividad agroganadera para subsistir. Según relató, esta no es la primera acción violenta: “Arrasaron potreros, árboles añejos como algarrobos y chañares, y destruyeron todo el alimento para los animales”.

Despojo y complicidad estatal

El conflicto se remonta a 2019, cuando la provincia de Jujuy vendió el ingenio La Esperanza al grupo Budeguer, incluyendo las tierras ocupadas por las familias campesinas sin reconocer sus derechos previos. Aunque hasta mediados de 2024 no habían surgido mayores problemas, la situación cambió drásticamente en junio cuando la empresa Productora del Noroeste inició desmontes masivos, denuncias de usurpación contra los campesinos y el uso de topadoras para destruir viviendas y bienes de las familias ya desalojadas.

El acceso a los campos también ha sido restringido. Los González, que habitan y trabajan en el territorio desde 1906, han sido detenidos y reprimidos por intentar defender su hogar y sustento. Este hostigamiento constante refleja una alianza entre intereses empresariales y estatales que privilegia proyectos inmobiliarios y económicos sobre los derechos humanos.

Diversas organizaciones sociales y el Movimiento Nacional Campesino Indígena de Jujuy han respaldado a las familias afectadas, denunciando el accionar ilegal e inhumano de la empresa y la complicidad del gobierno. “El Gobierno de Sadir es responsable directo de estas violaciones a los derechos humanos”, sostienen desde el movimiento, exigiendo el cese de los atropellos y la restitución de los derechos de las familias campesinas.

(Ampliaremos)

Fuente: .morales


05/12/2024

YOLANDA, CRIMINALIZADA POR LA POBREZA, EXIGE JUSTICIA

En Salta, Yolanda, acompañada por mujeres autoconvocadas, exige su absolución frente a un sistema que criminaliza a las más vulnerables.

En 2021, su vida cambió drásticamente. Mientras regresaba de comprar alimentos, su casa se incendió con sus dos hijos adentro. Ambos fallecieron, y aunque la pericia de Bomberos determinó que el siniestro fue causado por un cortocircuito, Yolanda fue acusada de manera injusta. Pasó 23 días en prisión preventiva en el Penal de Mujeres N.º 9 y desde entonces enfrenta un proceso judicial plagado de irregularidades.

Tras casi cuatro años de espera, el juicio finalmente tiene fecha: será del 3 al 9 de febrero de 2025 en la Ciudad Judicial de Orán. Este caso expone la criminalización de la pobreza y la falta de perspectiva de género en la justicia. Yolanda y las mujeres autoconvocadas exigen que se termine esta persecución y que se garantice un juicio justo.

Cobertura de
Edición: .periodista


COMUNIDADES MAPUCHE TEHUELCHE EN VIEDMA: “MIENTRAS CONSTRUYEN POZOS DE AGUA PARA LA MINERA, NOSOTROS DEPENDEMOS DE LAS L...
05/12/2024

COMUNIDADES MAPUCHE TEHUELCHE EN VIEDMA: “MIENTRAS CONSTRUYEN POZOS DE AGUA PARA LA MINERA, NOSOTROS DEPENDEMOS DE LAS LOCALIDADES VECINAS”

El martes 3 de diciembre, referentes y autoridades del Pueblo Mapuche Tehuelche de toda la provincia de Río Negro se congregaron en Viedma, capital provincial, para entregar un petitorio de diálogo al gobernador Alberto Weretilneck. En una conferencia de prensa frente a la Casa de Gobierno, denunciaron la sistemática vulneración de sus derechos y el impacto devastador del modelo extractivista que avanza sobre sus territorios sin consulta ni consentimiento.

Un grito comunitario contra el extractivismo

Hugo Aranea, miembro de la Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche, abrió el encuentro destacando la preocupación generada en las reuniones zonales realizadas por las Comunidades. “Hay una fuerte preocupación frente al avance de las políticas extractivas, mineras y petroleras, y el abandono de los Estados nacional y provincial. Se están derogando legislaciones fundamentales para los Pueblos Originarios”, afirmó.

Aranea señaló que las Comunidades están unidas en su resistencia y defensa territorial. “Estamos rodeados de proyectos extractivistas... ponen todo el aparato institucional al servicio [de los grandes grupos económicos]. Este modelo no tiene licencia social y la única forma de imponerlo es con un fuerte aparato represivo, pero nosotros decimos: no al silencio. Defendemos nuestros territorios para las generaciones que vienen”.

La resistencia Mapuche tiene figuras emblemáticas como María Torres C**a, de 78 años, Pillan Kushe del Lof C**a Torres. Ella denunció las dificultades que enfrentan las Comunidades rurales: “Estamos pasando momentos muy difíciles. El gobierno no da respuesta a nuestras demandas. Nos afecta la sequía, la minería y la falta de agua. ¿Cómo pretenden que vivamos sin recursos básicos para nuestros animales y nuestra gente?”, cuestionó. Y señaló que los proyectos mineros, presentados como generadores de empleo, no benefician a las Comunidades, ya que las condiciones técnicas y económicas los excluyen.

La invisibilización y la resistencia

Fermina Pichumil, lonco de la Comunidad Urbana Elel Quimun, acusó al gobernador Weretilneck de ignorar sistemáticamente a los representantes legítimos del Pueblo Mapuche. “Queremos entregarle personalmente este petitorio, pero no nos recibe. El gobierno invisibiliza a nuestras Comunidades, se hizo una consulta previa, libre, informada sin la participación de nosotros”, expresó.

Pichumil recordó el despliegue policial durante la audiencia pública de agosto en Ingeniero Jacobacci, donde se avanzó con el proyecto minero Calcatreu: “Rodearon el edificio para que no pudiéramos participar. Nos niegan, pero acá estamos. Somos preexistentes al Estado y seguiremos luchando por nuestros derechos”.

Por su parte, Rosa Flores Piñen, señaló: “El Estado toma decisiones sin consultar al Pueblo Nación Mapuche. Nuestros mayores lucharon para garantizar estos derechos, y no permitiremos que se desvaloricen o desaparezcan”.

El impacto de la minería y la defensa de la vida

José Morales, Lonko de la Comunidad Putren Tuli Mahuida, denunció que las leyes aprobadas de manera exprés y sin consulta afectan directamente los derechos territoriales de las Comunidades. “Hoy cuentan con desalojos pendientes en las cuatro zonas de la provincia”, advirtió.

También mencionó el proyecto minero Calcatreu, resistido desde hace más de 20 años y promovido por la empresa canadiense Patagpnia Gold. “La minería está secando nuestras cuencas. Mientras construyen pozos de agua para la minera, nosotros dependemos de las localidades vecinas. Este modelo extractivo destruye nuestra forma de vida, vinculada a la ganadería y la producción. No queremos ser desplazados ni que invadan nuestro territorio”.

Flores Piñen enfatizó la gravedad de la crisis hídrica provocada por la minería: “Decimos no a la megaminería porque se están quedando sin agua grandes partes de la provincia. El agua no tiene precio y no nos van a comprar con una bolsa de comida ni con votos. Exigimos respeto y consulta, porque el 80% de los rionegrinos son Mapuche Tehuelche”.

Un reclamo intergeneracional por el futuro

Jóvenes productores de la Comunidad conformada con 40 familias, también alzaron su voz. “Somos la cuarta generación en nuestro territorio y queremos cuidarlo para quienes vienen detrás. Los productores somos quienes movemos un país, pero el gobierno prefiere hacer oídos sordos a nuestras demandas, pero seguiremos resistiendo”.

Rosa Flores Piñen denunció la discriminación que enfrentan los niños Mapuche en las escuelas y subrayó la importancia de la lucha intergeneracional: “Hoy muchos Mapuche trabajan en hospitales y ministerios; somos parte de esta sociedad y no dejaremos de exigir respeto. Defendemos el territorio que nos dejaron nuestros mayores, con la firme convicción de cuidarlo para nuestras futuras generaciones”.

El pedido unánime de las Comunidades al gobernador Weretilneck es claro: diálogo, respeto y políticas que consideren su derecho a decidir sobre sus territorios. En palabras de Hugo Aranea, “es urgente tener una reunión seria de trabajo para plantear todas estas problemáticas. Este gobierno está provocando problemas graves y necesitamos cambiar el rumbo”.

✍️ Laki Quispe Pérez


“UN PROCEDIMIENTO DESPROPORCIONADO”: ABOGADO DENUNCIA LAS IRREGULARIDADES EN EL CASO DE CELIA Y SUS HIJOS SEPARADOS POR ...
03/12/2024

“UN PROCEDIMIENTO DESPROPORCIONADO”: ABOGADO DENUNCIA LAS IRREGULARIDADES EN EL CASO DE CELIA Y SUS HIJOS SEPARADOS POR EL RACISMO INSTITUCIONAL EN RAMOS MEJIA

El caso de Celia Rodríguez, quien narró en su cuenta de TikTok la separación forzada de sus tres hijos tras un cuestionado procedimiento del Servicio Local de San Justo, ya cuenta con defensa legal. Ariel Ocsa, abogado de la familia, denunció irregularidades en la intervención realizada el 15 de noviembre, motivada por una denuncia del colegio privado Santísimo Redentor de Ramos Mejía. Según Ocsa, el único argumento fue un golpe menor que presentó una de las niñas, producto de un accidente cotidiano, señalando posibles prejuicios raciales detrás de la decisión que desintegró a la familia.

Un procedimiento cuestionado

Aquel día, Celia Rodríguez fue impedida de retirar a sus hijos del colegio y expulsada del lugar bajo la mirada de la policía, tratada como “una mujer loca”. Según explicó Ocsa, la intervención del Servicio Local se basó en la presencia de un chichón en la frente de la niña mayor, Abril, de 6 años, atribuido a un accidente doméstico, producto de un golpe en el costado de una mesa. “Fue el único supuesto fundamento para tomar esta medida, a pesar de que los otros niños, de 5 y 3 años, no presentaban lesiones ni signos de maltrato”, aseguró el abogado.

Rodríguez describió la separación como un acto injusto y afirmó que nunca imaginó que un accidente cotidiano podría desencadenar la separación de sus hijos. El letrado denunció irregularidades en el procedimiento administrativo aplicado, que contravienen lo estipulado en los artículos 37, 38 y 39 de la Ley 13.298, que regula las medidas de abrigo en la provincia de Buenos Aires. “La ley es clara al establecer que estas medidas deben ser excepcionales, justificadas y precedidas por intentos de soluciones alternativas, lo cual no ocurrió aquí”, afirmó Ocsa.

Las leyes vulneradas

La Ley 13.298 establece que las medidas de abrigo solo deben adoptarse en casos de emergencia, cuando no existan otras alternativas y el entorno familiar represente un riesgo evidente para el bienestar del menor. “Está claro que los niños no sufrían de maltrato, no presentaban, digamos, signos de violencia y tampoco no estaban en un peligro inminente al estar en el entorno familiar.

El abogado señaló que en este caso se omitieron pasos previos esenciales: “No se llamó tanto a la madre como al padre (ambos sin antecedentes de violencia contra sus hijos); pudimos ver que esta medida se adoptó de manera directa”. Además, explicó que no se implementaron las medidas preventivas y asistenciales correspondientes. La intervención ignoró principios fundamentales, como el de no revictimización de los menores y el derecho de la familia a participar en las decisiones. Señaló también que el Servicio Local debe articular con la escuela, la familia y otros actores relevantes para evaluar el contexto antes de tomar medidas extremas. En este marco, cuestionó si se realizó una evaluación integral o si, por el contrario, se actuó únicamente basándose en los testimonios de la escuela, la cual había sido previamente denunciada por discriminación.

¿Un conflicto que escaló por discriminación?

El abogado vinculó la intervención del Servicio Local con el historial de discriminación que Celia enfrentó en el Colegio Santísimo Redentor, donde sus hijos estaban matriculados. Rodríguez había manifestado previamente a la maestra de Abril y a la directora de maltratar y discriminar a su hija, un conflicto que, según Ocsa, pudo haber influido en la decisión de separar a los menores.

“Creemos que los testimonios de la escuela influyeron en la decisión del Servicio Local. Sin embargo, los niños no estaban en peligro inminente ni sufrían violencia en su entorno familiar”, declaró. Aunque no se ha presentado una denuncia formal contra la escuela, la defensa está recopilando pruebas para fundamentar una acción legal.

Estado actual y pasos legales

Los tres menores de 6,5 y 3 años están bajo cuidado institucional, con acceso a condiciones básicas, mientras la madre y padre aún no logran reencontrarse con ellos. En una audiencia reciente, se presentaron testimonios para demostrar que los niños no sufrían maltrato en su hogar y se completaron trámites legales. Se espera la decisión del juez del Juzgado de Familia Nº 3 de San Justo, mientras se planea una reunión con los menores. Según Ocsa, el objetivo es que los padres recuperen a sus hijos, evidenciando que la medida fue desproporcionada.

El caso que se viralizó en redes sociales, donde Celia narró los hechos en su cuenta de TikTok, generó una gran empatía y solidaridad de la gente. Actualmente, cuenta con el acompañamiento del embajador de Bolivia Ramiro Tapia Sainz y el vicecónsul de Bolivia en La Matanza Mauricio Pinaya Peñaranda.

Desde TeleSISA seguiremos de cerca el desarrollo de este caso, que expone no solo fallas en el sistema de protección de la niñez, sino también los efectos del racismo institucional en familias migrantes.

✍️ .periodista


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