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14/11/2020
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19/09/2020
08/09/2020

Copa: “Gobierno de Añez pagó $us. 1,6 millones de interés a FMI por crédito que Legislativo rechazó”

La presidenta de la Asamblea Legislativa y del Senado, Eva Copa, denunció que el gobierno transitorio de Jeanine Áñez ya pagó un interés de $us 1,6 millones por el crédito no aprobado por el Legislativo del Fondo Monetario Internacional (FMI), de $us 327 millones.

“El Gobierno de transición ha vulnerado la Constitución en el artículo 322, porque ese crédito ya está en nuestro país sin haber sido aprobado por la Asamblea Legislativa y se ha pagado el interés de $us 1,6 millones, cuando nosotros los bolivianos no sabemos dónde están esos recursos, es por eso importante que hagamos la fiscalización de estos recursos, porque no podemos permitir que se siga utilizando el dinero del Estado para campaña política, que se esté jugando con la salud de los bolivianos y bolivianas”.

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Áñez comete delito de Traición a la Patria al entregar YPFB a la brasileña Petrobras para realizar contratos lesivos al Estado

MEDIOS DE PRENSA, 05-08-2020.- La presidenta transitoria, (No electa por el Pueblo), Jeanine Añez, y las autoridades hidrocarburíferas del país cometieron el delito de Traición a la Patria y pueden ser sometidos a procesos judiciales con 30 años de cárcel sin derecho a indulto al entregar la administración de la estatal petrolera Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) a ex ejecutivos de la brasileña Petrobras quienes realizaron contratos lesivos contra el país.

Según el artículo 359 de la Constitución Política del Estado (CPE), los hidrocarburos, cualquiera sea su estado en que se encuentren o la forma en la que se presenten, “son de propiedad inalienable e imprescriptible del pueblo boliviano” y administrados por el Estado.

En el parágrafo II del mencionado artículo indica que “ningún contrato, acuerdo o convenio, de forma directa o indirecta, tácita o expresa podrá vulnerar total o parcialmente lo establecido en el presente artículo. En el caso de vulneración los contratos serán nulos de pleno derecho y quienes lo hayan acordado, firmado, aprobado, o ejecutado, cometerán delito de Traición a la Patria”.

El 3 de marzo, YPFB firma la octava adenda al contrato de venta de gas a Brasil, con la que se tiene una pérdida millonaria para el país. Según esta modificación del contrato a partir del 11 de agosto el punto de entrega del energético a la firma brasilera ya no es Rio Grande sino Puerto Suárez y el transporte de este tramo de 570 kilómetros debe ser cubierto por la estatal petrolera boliviana, lo que representa una pérdida de 5,4 millones de dólares al mes, por lo que en este año los ingresos para Bolivia disminuyen en unos 58 millones de dólares.

Pero no es el único contrato lesivo que firmaron las autoridades del actual régimen estólido, sino que también que los dos metros cúbicos adicionales que se entregó a Brasil durante el mes de julio a un precio inferior al que se paga por los otros 14 metros cúbicos.

Además, en abril, el presidente de YPFB, Richard Botello, aceptó la cláusula de fuerza mayor para que Petrobras reduzca la compra de gas boliviano a solamente 10 millones de metros cúbicos día, a pesar de que en Brasil no ingresó a una cuarentena por la pandemia.

Víctor Hugo Zamora, ministro de Hidrocarburos y presidente del directorio de YPFB se lavó las manos y dijo que él no firmó la adenda y quien lo hizo fue el presidente de la corporación estatal y argumentó que se tomó esa decisión para evitar las multas que se tenían de gestiones anteriores, cuando lo correcto debió ser que las actuales autoridades presenten la denuncia ante el Ministerio Público a los posibles responsables de esas multas.

Con la firma de esa adenda al contrato, se redujeron drásticamente los ingresos económicos para el país, ya que la entrega de gas disminuyó en 10 metros cúbicos, se redujo el precio de los volúmenes adicionales y se debe pagar el transporte.

*Ejecutivos de Petrobras se hicieron cargo de YPFB*
Otro aspecto que denota claramente la privatización de la corporación estatal es que, desde enero de este año, los altos cargos de YPFB están bajo la administración de personal que anteriormente trabajaba en la brasileña Petrobras y por lo que se sospecha que esta adenda fue firmada por los ejecutivos de la firma nacional para beneficiar a su exempresa.

En la lista de personeros de YPFB que llegaron desde Petrobras se encuentran –según la televisora Gigavisión- el propio presidente de YPFB, Richard Botello, quien anteriormente trabajó por 20 años en la empresa Schulemberg, subsidiaria de Petrobras, y a quienes benefició con la aceptación de la condición de fuerza mayor para que la brasileña deje de comprar gas a Bolivia por 28 días en el mes de abril.

Otro de los ejecutivos de YPFB que llegó desde Petrobras es Ricardo Pacheco, asesor general de la presidencia ejecutivo después de trabajar 12 años en Petrobras, fue quien asesoró la firma de la octava adenda y tras la firma de la misma renunció a su cargo.

Anderson Cesar de Meneses, gerente general de YPFB Logística llegó después de trabajar 16 años en la firma del vecino país, mientras que Aquiles Pfeiffer Yureidini estuvo diez años en Petrobras y luego pasó a ser gerente general de YPFB Refinación.

Raquel Quevedo, después de ocho años en Petrobras se convierte en la Gerente de Comercialización de YPFB Corporación y la directora jurídica de la firma nacional, Verónica García, llegó al cargo después de prestar sus servicios por 14 años en Petrobras.

El cuestionamiento no surge porque profesionales expertos en el área asuman los altos cargos de la firma nacional, sino que, a menos de tres meses de haber asumido los cargos, YPFB firmó la octava adenda al contrato de compra – venta de gas al Brasil, con grandes pérdidas para Bolivia y muchos beneficios para la empresa brasileña.

El artículo 124 de la Carta Magna fija que las personas que cometan el delito de Traición a la Patria “merecerá la máxima sanción penal”, mientras que el Código Penal precisa que el boliviano que incurra en el delito de traición “será sancionado con 30 años de presidio sin derecho a indulto”.

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En caso de ausencia de Áñez, Eva Copa asumiría la Presidencia

Cuatro juristas coincidieron en afirmar que si Áñez se ausentara de manera definitiva del cargo, quien tendría que asumir el mando de la Nación es la presidenta de la Cámara Alta, Eva Copa.

El constitucionalista José Antonio Rivera dijo que en ausencia de un vicepresidente asume el cargo el presidente del Senado y si éste también se ausentara, asumiría el presidente de la Cámara de Diputados. “En este caso se establece la sucesión. Tenemos presidenta del Senado (...). La Presidenta al igual que los ministros infectados no están dejando el cargo, sino que están aislándose respecto al resto de las personas. Yo creo que a través de la tecnología ella va a seguir cumpliendo sus labores”, dijo.

El también constitucionalista Luis Vásquez explicó que el artículo 169, parágrafo II, de la Constitución Política señala que en caso de ausencia temporal asumirá la Presidencia del Estado quien ejerza la Vicepresidencia por un tiempo no mayor a 90 días, y agregó que el artículo 173 de la norma dice que la Presidenta puede ausentarse por un máximo de 10 días sin permiso de la Asamblea Legislativa.

“Los parámetros parecen indicar que si la ausencia es de hasta 10 días no necesita permiso o reemplazo. Si la enfermedad se agrava y debe ser internada, debe designar a su reemplazo por un tiempo de hasta 90 días máximo”, explicó Vásquez. “En caso de que la ausencia se prolongue, se aplica la sucesión constitucional, es decir que le corresponde a la presidenta del Senado”, dijo.

El jurista Carlos Börth explicó que la CPE no es clara en lo que debe entenderse por ausencia. Cuando viaja el Presidente es ausencia temporal, pero cuando la ausencia es definitiva debe asumir la presidenta de la Cámara de Senadores, y si ella no está lo hará el presidente de la Cámara de Diputados. “Hay que esperar la evolución de la enfermedad. Si la Presidenta simplemente tiene una sintomatología leve, no se configura la ausencia y ella estaría gobernando desde la residencia presidencial”.

En caso de agravarse su enfermedad, se daría la figura de ausencia temporal, dijo.

El constitucionalista Arturo Yáñez recordó que Copa ya está en un aislamiento voluntario. Él no ve que se dé una sucesión porque la Presidenta no no tiene impedimento. “Uno puede estar hospitalizado y eso no significa que esté impedido sobre sus funciones”, agregó.

De hecho, la Presidenta afirmó que se siente bien y que seguirá trabajando desde su oficina.

Vía: Página Siete

08/07/2020
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