15/10/2021
Diputada de Morena por Ecatepec: candil de la calle y oscuridad en su casa en cuanto a corrupción.
La diputada local de Morena por el distrito VIII, con cabecera en Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, ha sido una de las paladines más asiduas en el discurso anti-corrupción que envuelve a la “cuarta transformación” en el Estado de México; sin embargo, recientemente ha salido a relucir su coparticipación como una de los alfiles políticos más importantes para la operación de ‘moches’ y el desvío de recursos que realizó Delfina Gómez Álvarez, cuando ésta era alcaldesa de Texcoco y hoy secretaria de Educación federal.
De acuerdo a una investigación periodística independiente, la diputada Cisneros fue una pieza clave para solicitar “voluntariamente” el “diezmo” que fue descontado de manera ilegal y arbitraria a 550 empleados del Ayuntamiento de Texcoco durante la gestión de su entonces jefa, de 2013 a 2016. Al respecto, la misma da cuenta de su responsabilidad en los descuentos que ella misma autorizó durante al menos dos años a los más de 80 trabajadores que tenía bajo su mando a cargo de la Dirección de Cultura en la administración municipal de Gómez Álvarez.
Dichas gestiones, sirvieron para financiar al denominado “Grupo de Acción Política” (GAP) de Morena —coordinado por el senador texcocano, Higinio Martinez Miranda—, recursos que fueron desviados y destinados para montar un esquema de financiamiento ilegal de la campaña de la maestra Delfina, en 2017.
En esta lista de operadores y alfiles políticos, destacan varios personajes relevantes de Morena en y , comenzando por Sandra Luz Falcón Venegas, quien se desempeñaba como subdirectora de Recursos Humanos y Nómina, cuando la entonces presidente municipal, Delfina Gómez, autorizaba los descuentos directos del 5% y 10% a los funcionarios municipales de su administración.
El esquema de triangulación era simple y nada complejo: Cada director de área se aseguraba de dictar la línea entre su personal; Falcón Venegas hacía la operación de retención y descuentos, para posteriormente entregar dichos recursos al GAP por medio de cheques expedidos por la Tesorería municipal, los cuales eran cobrados por Victoria Anaya, en ese entonces directora de Recursos Humanos y quien sería después la coordinadora de las giras de Delfina Gómez en el Estado de México (durante su campaña).
Luego entonces, resulta difícil creer que, al ser miembro del GAP, la hoy diputada Azucena Cisneros Coss, desconociera de estas operaciones, sobre las cuales, a la fecha, no se ha pronunciado. Cabe recordar que el 6 de marzo de 2012, el propio Higinio Martínez, líder de este grupo, la presentó públicamente como aspirante a la candidatura de las “izquierdas” en Ecatepec.
Esa lealtad y compromiso abnegado con la hoy funcionaria federal, protegida del presidente López Obrador, le valió un puesto como jefa de prensa de la campaña de Delfina Gómez para la gubernatura del Estado de México en enero de 2017, así como ser parte de su equipo de transición en caso de ganar dicha elección, cuestión que no sucedió.
Inicialmente, tanto Delfina como sus más allegados —incluida la diputada Cisneros Coss— guardaron silencio y, ante los cuestionamientos públicos de la prensa y la sociedad civil, sostuvieron que esos “descuentos” correspondieron al pago del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot). No obstante, diversas fuentes periodísticas han dado cuenta de que el Ayuntamiento en cuestión no tiene convenio con tal Institución desde 2012.
Asimismo, estas acciones salieron a la luz pública y la red de mentiras se derrumbó, una vez que concluyó la investigación del , en septiembre de este año, lo que derivó en una multa para dicho partido por un monto de $4, 529, 225 pesos A su vez, dichas retenciones ilegales fueron aceptadas en su momento por la hoy funcionaria federal en una entrevista concedida a Carmen Aristegui.
La investigación de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, determinó que tanto la secretaria de Educación Pública; su hermano, Alejandro Gómez; Horacio Duarte; Alberto Martínez; así como los funcionarios anteriormente señalados, pusieron en marcha un esquema de retención ilícito de recursos provenientes del salario de trabajadores del Ayuntamiento y del Sistema Municipal DIF Texcoco, para fines electorales vinculados con la candidatura de la morenista, por un monto de 13 millones, 8 mil pesos.
De acuerdo al Art. 108 e, y Art. 109 f.II del Código Fiscal de la Federación, estas acciones se tipifican como delito de defraudación fiscal, mismo que se agrava debido a que fueron cometidos por servidores públicos. Por su parte, el Art. 11 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, en su fracción V, establece que “se impondrán de 200 a 400 días de multa y de dos a nueve años de prisión al servidor público que solicite a sus subordinados, por cualquier medio, aportaciones de dinero o en especie para apoyar a un precandidato, candidato o partido político”.
En cuanto a lo establecido en la legislación local, el Código Penal Estado de México determina en su Art. 339 que “comete el delito de abuso de autoridad contra subalterno, el servidor público que, haciendo uso de su empleo, cargo o comisión, obtenga, exija o solicite sin derecho alguno o causa legítima, para sí o para cualquier otra persona, parte del sueldo o remuneración”.
Si algo ha destacado al gobierno del presidente López Obrador es la persecución de la defraudación fiscal; empero, está en duda si estas políticas aplican para sus correligionarios de partido. Sobre todo, considerando que Delfina fue premiada con una secretaría de Estado, Higinio Martínez con una senaduría y Azucena Cisneros con una diputación local. Por ello, diversas voces académicas y dentro de la opinión pública han solicitado al presidente que el retome la investigación realizada por el INE para profundizar y castigar la defraudación fiscal realizada por todos estos servidores públicos de en el Estado de México.