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21/06/2023

Las ‘corcholatas’ de Morena hacen campaña y violan la ley
Juan Manuel Celis Aguirre

La semana pasada, todos los precandidatos de Morena a la presidencia de la República renunciaron a sus cargos como funcionarios. El primero en renunciar fue Marcelo Ebrard, que ahora es ex secretario de Relaciones Exteriores. Este viernes renunciarán a sus cargos, según lo anunciaron, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López; la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum; el senador Ricardo Monreal, así como el diputado Gerardo Fernández Noroña, del PT, y el diputado Manuel Velasco del Partido Verde.
Las precampañas de Morena por la candidatura presidencial no iniciarán ahora. Claro que no. La verdad es que los precandidatos de Morena con más cercanía al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hace muchos meses que iniciaron sus campañas por todo el país con decenas de miles de pintas, espectaculares, visitas a los estados, entrevistas en la prensa y publicidad en las redes sociales. Hace meses que su publicidad le dice a la gente que cada uno de ellos es el elegido o elegida de López Obrador para sucederlo. A pesar de que se trató de una flagrante violación a la ley, de que legalmente no estaba permitido, la justicia mexicana se los perdonó con el supuesto de que “no estaban promocionando su imagen”.
Una vez terminaron las elecciones del Estado de México y Coahuila, Morena de inmediato se alista para las campañas presidenciales. Por eso, el domingo 11 de junio, los precandidatos de Morena, el PT y el PVEM firmaron un acuerdo que dice que realizarán campaña abierta durante 70 días por todo el país. Estas campañas iniciarán el 19 de junio y terminarán el 27 de agosto. El día 28 de agosto, el partido realizará una encuesta a nivel nacional, que será la oficial, y tres encuestas más de soporte a la encuesta principal. Desde luego, la campaña buscará promocionar al precandidato o al ´coordinador nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación’. Es decir, con este pequeño detalle, legalmente, ante la ley, Morena, el PT y el PVEM, no tendrán problemas. Sus precandidatos harán campaña violando la ley, sin que nadie los pueda acusar legalmente de nada. Se trata, pues, de la violación a la ley desde el Palacio Nacional, con autorización del presidente de México.
Cada precandidato gastará por lo menos 70 millones de pesos en los 70 días para su promoción personal. Aunque dicen que serán campañas austeras, lo cierto es que cada uno invertirá decenas de miles de millones en el conteo oficial y en el conteo no oficial para hacerse publicidad en todo el país. Y la duda es: ¿de dónde saldrá tanto dinero? Es claro que del dinero de los mexicanos. ¿Y por qué los mexicanos debemos pagarles las precampañas a gente que no ha hecho nada por el país, a gente que no tiene un proyecto de nación? Se los debemos pagar porque son los amigos del presidente. Nada más por eso. También considero que las encuestas son una mascarada, que no serán definitivas sobre la decisión final. ¿Quién va a definir al candidato o a la candidata? Lo definirá el presidente del país, no hay que otra. ¿A quién va a elegir? Al seguidor más fiel, a quien haga lo que él le ordenará, a quien no le repele, al muñeco del ventrílocuo que le permita seguir ordenando y gobernando al país, como hace años lo hizo Plutarco Elías Calles, desde su rancho. Por eso, las cuatro corcholatas más cercanas buscan su aprobación y, cada que pueden, no se apenan en limpiarle los zapatos.
De manera que el famoso acuerdo de Morena para lograr la unidad, tomado el 11 de junio, solo implicó que López Obrador les impusiera las reglas a los candidatos más aventajados y que, a un año de las elecciones presidenciales, Morena ya inicie campaña, aunque sea violando la ley. Y la oposición partidaria, ¿no hará la denuncia? ¿Permitirá que Morena les aventaje? Si quiere competir seriamente en el 2024, ya deberían estar actuando. A los poblanos que me escuchan les digo: un partido que inicia su carrera electoral violando la ley, es un partido que violará la ley en el gobierno en perjuicio del pueblo trabajador. Pensemos en eso y actuemos en consecuencia.

04/11/2022

DEBEMOS EXIGIR A LOS POLÍTICOS UN DISCURSO INFORMADO Y COMPROMETIDO

Por: Aquiles Córdova Morán

En verdad, la práctica viene de tiempo atrás, de la época de los regímenes priistas posteriores al periodo presidencial del general Lázaro Cárdenas (1934-1940), momento culminante del impulso social nacido de la Revolución Mexicana. Pero, a pesar de su antigüedad, sigue siendo un hecho de absoluta actualidad debido a que los partidos políticos recién llegados al poder, sin ninguna excepción, la han adoptado con apenas alguna modificación insustancial, por haber comprobado su eficacia para atraer el voto ciudadano a bajo costo, mejor dicho, sin dar nada a cambio. Estoy hablando del estilo retórico de los discursos que pronuncian nuestros políticos en campaña, sin distinción de nivel (municipal, estatal o federal), importancia o carácter de la función (ejecutiva o legislativa) que conlleva el cargo al que aspiran.

El estereotipo no falla: invocación de “elevados” principios de política y de justicia social universal, citas de frases famosas, identificación pública del candidato con principios éticos y valores trascendentales (personales y sociales) que en privado no comparte ni entiende (porque le escriben el discurso), metáforas traídas de los cabellos para dar la impresión de profundidad de pensamiento y dominio del lenguaje, rosario más o menos nutrido de antítesis que pretenden ser contundentes, y esclarecedoras a más no poder, del perfil político global del aspirante y de lo que se propone hacer “si el voto me favorece” (no creo esto, sino aquello; no pienso en esto, sino en aquello; no toleraré tal cosa o tal conducta, sino tales y cuales otras, etc.) y, finalmente, pero no por ello menos importante, la demagogia descarnada que manipula sin recato la sensiblería a flor de piel de nuestra gente ingenua, adulando sus intereses y convicciones más comunes y arraigados, es cierto, pero muchos de ellos perjudiciales para sus verdaderos intereses, como es lógico esperar de un pueblo despolitizado y con bajo nivel de escolaridad gracias a una política educativa errónea o malintencionada.

Es aquí donde entran las repugnantes (por manipulatorias) referencias encomiásticas a la familia del candidato, elevada de pronto a paradigma insuperable de las virtudes de la familia mexicana; los llamados a los presentes para que, “pensando en sus propios hijos, por los que seguramente están dispuestos a cualquier sacrificio”, voten por el candidato que, al mostrarles la suya, les ha puesto delante el modelo de vida familiar que deben perseguir y alcanzar juntos. Lugar destacado ocupa la referencia al “origen popular” del candidato, la modestia económica de su familia y las carencias que padeció en su infancia, los “esfuerzos y sacrificios” que tuvieron que hacer todos para darle una buena educación, etc., rematando todo con la consabida frase: “yo soy producto de la cultura del esfuerzo” y, por ello, “entiendo perfectamente las necesidades de la gente, me identifico con sus anhelos de progreso y de justicia social” y les prometo “no defraudarlos, sino cumplir fielmente, como gobernante, lo que como candidato les estoy ofreciendo”. Después de tan brillante pieza oratoria, no queda más que sentarse a esperar las urnas repletas de votos en favor del hábil discurseador. Pero después de años y años de escuchar puras “variaciones sobre el mismo tema”, como dicen en música, de escuchar las mismas promesas y las mismas apelaciones sentimentaloides al atraso y la incultura de la gente, con idénticos o parecidos resultados, o sea, nada, la eficacia de este discurso está totalmente agotada. La gente concurre a los mítines y manifestaciones de apoyo por intereses más concretos que las promesas de saliva del candidato: conseguir algún “utilitario” (así le llaman, en la jerga electorera, a los obsequios baratos que dan a los “acarreados”) o por temor a represalias de sus “líderes”. Y nada más.

Hace ya rato que es hora de sepultar esa oratoria, ampulosa y llena de lugares comunes y promesas en abstracto que no comprometen a nada. Basta ya de ridiculeces como “detrás de todo gran hombre hay una gran mujer”, “vengo desde abajo y por eso me identifico con el pueblo”, “soy hombre de palabra y de compromisos”, “no toleraremos la impunidad”, “nadie por encima de la ley”, “combatiremos la pobreza con todo”, etc., etc. El elector mexicano necesita, y debe exigir, candidatos que le hablen de manera inteligente, clara y precisa, de sus problemas y carencias reales, inmediatas y mediatas, de las verdaderas causas de tales problemas y, de manera absolutamente puntual, concreta, qué tipo de políticas se propone llevar a cabo para resolverlos o comenzar a resolverlos.

Los mexicanos todos, los que votamos y los que no, debemos aprender a medir el calibre intelectual, la cultura universal, el desinterés, la honestidad, la sinceridad, la laboriosidad y la definición ideológica de quien pide nuestro voto para poder gobernarnos. Y eso puede hacerse fácilmente si, al hablarnos, muestra un dominio perfecto de los temas de su campaña, si conoce a fondo las carencias de la gente, si es capaz de explicar la raíz de tales carencias y si, finalmente, sus propuestas de solución son realistas, acertadas y posibles de ponerse en práctica y no pura demagogia. Si no cumple con estos requisitos mínimos, debemos negarle el voto. De esa manera, comenzaremos a construir desde abajo un nuevo tipo de político, es decir, un nuevo tipo de gobernante y de gobierno, que es lo que pide a gritos el nuevo país que todos demandamos.

19/10/2022

EL VOTO DEBE SER UN ARMA PODEROSA PARA DEFENDER NUESTROS LEGÍTIMOS INTERESES

Por: Aquiles Córdova Morán

Los problemas de nuestro país son múltiples y graves y no son de reciente aparición, vienen de mucho tiempo atrás, como lo atestiguan y confirman las luchas sociales del siglo XIX y principios del XX, principalmente la Guerra de Reforma (que inició en 1854, con la revolución de Ayutla, encabezada por don Juan Álvarez) y la Revolución Mexicana de 1910-1917.

Los hombres de la Reforma se proponían –dicho resumidamente– resolver cuestiones fundamentales como la delimitación precisa entre el poder temporal del Estado y el poder espiritual de la Iglesia, lo que se conoce comúnmente como la separación Estado-Iglesia, que definió el carácter laico del Estado mexicano. Esta reforma tuvo muchas repercusiones en la vida social y política de la nación, como el traspaso de las responsabilidades civiles y de la educación científica de las futuras generaciones al gobierno, y, algo más trascendental quizá, la desamortización de las tierras acaparadas por el alto clero, que en su mayor parte se mantenían ociosas en sus manos, para reincorporarlas de lleno a la actividad productiva, que mucha falta le hacía a la golpeada economía del país.

Sin embargo, justamente para realizar esas reformas había que resolver primero la vieja disputa entre liberales y conservadores sobre qué tipo de Estado debía establecerse en México, en sustitución del gobierno colonial español. Del lado conservador, había dos visiones: el ala más desfasada de los conservadores, inspirada en los Tratados de Córdoba que así lo estipulaban, era partidaria de la monarquía, aunque independiente del rey de España; la otra, compuesta por los menos trasnochados y mejor conocedores del espíritu nacional, abogaba por una república centralista, con un gobierno central único e integrada por provincias que debían quedar sometidas a ese poder central, lo cual era –en el fondo– lo más parecido a la monarquía española, pero convenientemente disfrazado con un traje republicano y democrático. Los liberales, en cambio, defendían un modelo de Estado republicano, democrático y federal, con un Estado nacional a la cabeza de entidades libres y soberanas regidas por una constitución, un parlamento y un poder judicial propios, pero rigurosamente compaginados con las disposiciones establecidas por la Constitución; dicho modelo era muy semejante al que privaba en Estados Unidos, cuya constitución era considerada el mejor modelo de una verdadera democracia.

Como ocurre siempre en la historia real, la Reforma no resolvió todos los problemas del país. La tierra, en particular, de nuevo se concentró rápidamente en manos privadas en lugar de distribuirse entre los campesinos pobres; se formaron más y más grandes latifundios, que se sumaron a los ya existentes (las famosas haciendas porfirianas), que con sus avaros y reaccionarios hacendados se convirtieron de facto en el poder más influyente en nuestra vida política. No podía ser de otro modo, si no olvidamos que todavía no existía un desarrollo industrial vigoroso y, por consecuencia, tampoco una clase obrera numerosa y organizada. Los hacendados –con el apoyo del gobierno– institucionalizaron el trabajo servil de los campesinos (los peones acasillados de las grandes haciendas) con bajos jornales pagados en especie, las tiendas de raya y las cárceles privadas para castigar a los siervos que intentaran huir.

La única actividad productiva de carácter industrial en aquellos años era la minería, sobre todo en el Bajío, el centro-norte y el norte del país, pero el trabajador minero vivía tan sometido y explotado como el peón acasillado. Existía también una industria textil casi artesanal, con obreros sobreexplotados, salarios de hambre y una productividad muy baja, que se ubicaba principalmente en la región centro de Puebla y Veracruz; toda, en manos de españoles. Aun así, creció la población y, con ella, la demanda diversificada de mercancías. También se produjo cierto desarrollo de las exportaciones mexicanas, particularmente de productos agrícolas como el azúcar, el café y el algodón, entre otros; de productos de la minería, como el oro y la plata, y algo de productos textiles.

El incremento de la demanda que estos cambios generaron sólo se pudo resolver, ante una productividad estancada, con jornadas de trabajo más largas y agotadoras, salarios más bajos (y reducidos aún más con multas arbitrarias) y nulas prestaciones a obreros y peones. Nuevamente, la situación se tornó explosiva, como antes de la Reforma, y no es casual que los primeros síntomas de la tormenta que se avecinaba surgieran entre los mineros de Cananea, en Sonora, y los obreros textiles de Río Blanco, cerca de Orizaba, Veracruz.

Estalló la Revolución; cayó la dictadura de Porfirio Díaz; fracasó la reforma puramente política y democrática que pretendía Francisco I. Madero, y el pueblo en armas entró en escena para saldar, a su manera plebeya –como dijo Marx–, sus cuentas pendientes con los privilegiados. Emiliano Zapata y Francisco Villa, los más conspicuos representantes de este genuino sentir popular, desdeñaron la oportunidad de hacerse con el poder y éste quedó, finalmente, en manos de la burguesía, la nueva clase en ascenso. Venustiano Carranza, su representante del momento, quiso modernizar al país: decretó la ley agraria del 6 de enero de 1915, abrió la puerta a las organizaciones obreras y promulgó la Constitución de 1917, pero no pudo –en parte, por su antiyanquismo visceral– impulsar el desarrollo industrial con el vigor que la nueva clase dominante demandaba: con ayuda de la inversión norteamericana; ello le valió perder apoyo social y cayó asesinado en Tlaxcalantongo.

Lo sucedieron Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles. Ambos quisieron regresar a la época de la reelección, que tan odiosa se había hecho con Porfirio Díaz, y ambos fracasaron (lección que deberían recoger los aprendices de brujo de nuestros días): Obregón fue asesinado en 1928, cuando ya era presidente reelecto, y Calles, en su intento de conservar el poder mediante hombres de paja, se estrelló contra la integridad revolucionaria y la dignidad republicana del General Lázaro Cárdenas.

Con Lázaro Cárdenas, la Revolución Mexicana alcanzó su punto más alto. Él repartió la tierra entre los campesinos; impulsó la organización obrera y campesina con la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y la Confederación Nacional Campesina (CNC); ejerció con hechos (no con desplantes oratorios vacuos y arrogantes) la soberanía nacional, al dar asilo a los transterrados españoles que huían del fascismo franquista y al revolucionario ruso León Trotski, cuando el mundo entero le había cerrado las puertas; expropió el petróleo y lanzó la más completa y cabal campaña de alfabetización, pues llevó las escuelas rurales hasta el último rincón del país.

Después de Cárdenas, la Revolución hecha gobierno renunció a toda veleidad socializante y se enfiló resueltamente por la senda del capitalismo, aunque sin metas precisas científicamente establecidas. Por esa razón, siguió un camino errático, de ensayo y error, que en cierta medida nos llevó del Milagro mexicano al Desarrollo compartido, de la “sustitución de importaciones” y la “autosuficiencia económica” al Estado benefactor, que gastó sin ton ni son hasta que detonó una inflación catastrófica y la devaluación del peso a niveles no vistos antes. Durante todo este proceso, lo único que se mantuvo constante fue el carácter mixto de nuestra economía –herencia de la Revolución–, un curioso intento de matrimonio entre dos formas de propiedad que por principio se excluyen entre sí: la empresa pública y la privada en la industria; el ejido y la agricultura capitalista en el campo. El resultado fue que ambas se combatieron y estorbaron entre sí todo lo que pudieron, lo cual entorpeció, en cada etapa, el desarrollo del país y agravó más la crisis económica nacional.

Fue por eso que Miguel de la Madrid consideró indispensable un cambio radical de rumbo hacia lo que ahora llamamos neoliberalismo, cambio que se consolidó con el presidente Carlos Salinas de Gortari. Como se puede observar, este giro no fue un capricho de nadie, sino la respuesta a una crisis económica que era ya inocultable. La economía mixta se había agotado sin resolver los grandes problemas nacionales: insuficiente crecimiento económico, bajos salarios, desempleo, pobreza generalizada, mala educación, mal sistema de salud pública y una corrupción galopante, en buena parte alimentada por la empresa pública que los funcionarios manejaban como su patrimonio personal (aquí se ve que las nacionalizaciones no son el remedio mágico que ahora se piensa).

Es verdad que nos vendieron el neoliberalismo como la solución perfecta a nuestros problemas. La receta era sencilla: privatizarlo todo y dejar el resto en manos de quienes sí saben de negocios: los señores del dinero. Pero no fue así. Aquí estamos de nuevo, con los mismos problemas que al principio, sólo que agravados por la avaricia privada, por la pandemia de la COVID-19 y por el gobierno de la Cuarta Transformación; el crecimiento económico es peor que antes; la concentración de la riqueza es más insultante, si cabe, mientras mucha gente pasa hambre o se muere por falta de medicinas y de médicos; el sistema de salud pública yace en ruinas; el desempleo crece; la baja del ingreso familiar aumenta; la educación es pésima; y la vivienda popular, el mejoramiento urbano de pueblos y colonias y los servicios básicos –como agua, luz y drenaje– están totalmente olvidados y sin fondos para su atención.

Todo eso nos está ahorcando, mientras el Presidente se la pasa peleando con los medios de comunicación de México y el mundo, con los intelectuales y los opositores y haciendo campaña a favor de sus candidatos. Para quitarnos toda esperanza –como dice Dante–, ahora nos ofenden y nos humillan al proponernos como candidatos a “ídolos populares” que no saben nada de política, pero son famosos. El 27 de mayo, Diego Fonseca publicó en el New York Times un artículo titulado “México y la decadencia de la política”, en el que señala: “La política cayó al terreno del freak show en México. El mercado electoral del país es un espectáculo que nada más parece necesitar los personajes rimbombantes de Federico Fellini. (…) Estas candidaturas silvestres, posibles en buena medida por las redes (dice mucho que un partido se llame Redes Sociales Progresistas) han banalizado la política cuando más se necesita vigilancia democrática, debates programáticos y planes concretos para resolver los problemas de fondo de México”.
El 1 de junio, Luis Carlos Ugalde dijo en elfinanciero.com.mx: “En los últimos veinte años se ha dado un proceso de degradación de la clase política local. Los tres principales partidos de la llamada transición a la democracia –PRI, PAN, PRD– son responsables de haber permitido que personas frívolas, incompetentes y corruptas fueran candidatos y luego gobernadores. (…) De los quince gobernadores que se elegirán este domingo, veo dos enormes riesgos (…). Si resultan ganadores, los habitantes (…) lo sufrirán a lo largo de los siguientes años con mayor corrupción, nepotismo, violencia e ingobernabilidad”.

Lo que dice Ugalde es verdad, pero lo que antes eran condenables excepciones, hoy es la norma gracias a la Cuarta Transformación. Respecto a los riesgos, hoy son ya una realidad (y no son los únicos), cuyos frutos envenenados –como Ugalde adelantó– no tardarán en aparecer; sin embargo, cualesquiera que sean, creo que es mi deber decir que sólo el 50 por ciento será culpa de quienes los postularon, el otro 50 por ciento será de quienes votaron por ellos.

Los mexicanos debemos tomar conciencia de esto, tenemos que preguntarnos qué piensan, y por qué lo piensan, quienes desperdician así su voto o, peor aún, lo usan para dañar sus propios intereses. Debemos preguntarles, si tenemos esa oportunidad: “¿qué esperan de una bailarina o de un descerebrado que no es capaz de hilar dos frases coherentes seguidas? ¿No les interesa el futuro de sus hijos, de su pueblo, de su país?”. Todo buen ciudadano mexicano debe tener claro qué país desea, a qué clase de vida aspira para él y los suyos y quién o quiénes son los mejor capacitados para convertir en realidad sus deseos. Y votar por ellos y sólo por ellos. Solamente así haremos de nuestro voto un arma poderosa para defender nuestros intereses legítimos y no una mercancía que vendamos o alquilemos por unos cuantos pesos, a cambio de soportar a un mamarracho en el poder tres o seis años. Tenemos que saber por quién votamos y por qué razones; si no, nos condenamos a vivir siempre como vivimos ahora, y no creo que nadie diga que es el paraíso, que así estamos bien, requetebién, y no necesitamos ningún cambio. Por hoy, la suerte está echada. Ya veremos qué nos depara el futuro inmediato, aunque no lo veo muy prometedor. Ojalá me equivoque.

* Texto de uno de los pronunciamientos que realiza el Ing. Aquiles Córdova Morán, los días jueves, vía redes sociales.

17/10/2022

Morena, las dr**as y el crimen
Juan Manuel Celis Aguirre

Durante muchos años todo mundo lo conoció como Eric Cotoñeto Carmona, un político de la izquierda poblana. Primero fue perredista. Luego fue morenista. Y para no hacerles larga la historia, les diré que Cotoñeto era, hasta mayo pasado, el brazo derecho del gobernador de Puebla: Miguel Barbosa Huerta. Era, dicen algunos, el hombre de todas sus confianzas. El verdadero vicegobernador.
Sin embargo, la noche del viernes 30 de septiembre, a las 11:55, Eric Cotoñeto fue detenido en Zacatlán porque en su bar vendían dr**as y él portaba un arma de fuego de manera ilegal. Ahora, los políticos le dicen Eric “N”. Dicen que muchas veces la política y el crimen se alían para hacerse más rentables. Por eso, algunos políticos deben cambiar su apellido de nacimiento por una simple “N”, que los retrata mejor. De manera que ahora los amigos de Cotoñeto Carmona lo tildan, con cierto desprecio, como Eric “N”.
El sábado 1º de octubre, Eric “N” fue liberado. Él jamás aceptó su detención. En sus redes sociales dijo que había sido llamado a la Fiscalía General del Estado como testigo y que por eso se había presentado ante la ley. Sin embargo, de acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, el morenista fue detenido a las 23:55 horas del viernes 30 de septiembre en el local comercial donde tiene su restaurante llamado “La imprudencia”. El mismo Miguel Barbosa afirmó, en una de sus mañaneras, que sí habían detenido a su exoperador político y que él debía aclarar el porqué de esa detención.
Alguna columna en la prensa poblana, sostuvo que Eric “N” salió libre cuando afirmó que él era capaz de revelar ilegalidades del gobernador, a quien conoce desde que ambos estuvieron en el PRD, hace 28 años. ¿Será cierto? Es altamente probable que sí. Fueron amigos íntimos, aliados y el gobernador lo escuchaba para cualquier asunto.
¿Quién es Eric “N”? Un texto de e-consulta, nos lo dice brevemente: La detención de Eric Cotoñeto por venta de droga y portación de arma de fuego sin licencia, se suma a otros señalamientos en los que el exoperador político de Miguel Barbosa se ha visto involucrado, tales como estafas a indígenas de la Sierra Norte de Puebla, fraudes orquestados por delegados de Bienestar en diversos municipios y la capital, así como manejos irregulares de la estructura Estamos Contigo en dependencias del gobierno. Los antecedentes de estos hechos se registraron a partir de los años 90, cuando Cotoñeto Carmona inició su trayectoria como velador de las oficinas del PRD y después conoció, en 1994, a Miguel Barbosa y se convirtió en su operador político y organizador de grupos de choque. En 1998, junto a Barbosa, logra que Emilio Maurer sea candidato a la presidencia de Puebla y para 2010 se convierte en diputado. En 2018, cuando Barbosa abandonó las filas del PRD para unirse a Morena, Eric Cotoñeto fue conocido como el principal operador político de la campaña, punto en el que comenzaron las estrategias para que en 2019 su candidato llegara a la gubernatura. Luego de que el actual gobernador de Puebla rindiera protesta, Cotoñeto siguió haciendo uso de su posición a través de las dependencias, como la Secretaría de Bienestar, con la que posicionó a delegados, que luego hicieron fraude a las personas que buscaban participar en los beneficios de calentadores, tinacos, pintura y leche a bajo costo.
Sin embargo, en mayo pasado todos los funcionarios del gobierno estatal que eran parte de su grupo fueron despedidos, porque Carmona se peleó con el gobernador. El columnista Rodolfo Ruiz escribió que se debe a tres cosas: “Uno, las quejas de algunos presidentes municipales en funciones, a los que Eric pretendió bajarles recursos de sus participaciones federales; dos, los informes del director general de Gobierno, Julio Huerta Gómez, sobre la poca efectividad política y electoral de la estructura Estamos Contigo y las quejas de ediles sobre los abusos y excesos de quienes la integraban; y tres, los negocios que Cotoñeto y su suegro estaban haciendo o pretendían hacer con tiendas, cooperativas escolares y cursos de alfabetización para adultos en diferentes municipios y zonas escolares”.
No es la primera vez que un político de Morena es detenido por sus crímenes. No es la primera vez que detienen al segundo hombre más poderoso en la política del estado. Todos los poblanos deberíamos analizar cómo se pudre Morena por dentro y no volver a darles más votos ni poder.

12/10/2022

EL PELIGRO Y LA CULPA

Por: Aquiles Córdova Morán

Mucho le ha llovido al presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, y a sus seguidores por el giro sorprendente desde una posición valiente y clara en contra de las anunciadas reformas constitucionales del presidente López Obrador, hacia la promoción y encendida defensa de la extensión del periodo del Ejército en funciones de seguridad pública hasta 2028. Y hay suficientes razones para esa tormenta de críticas.

En efecto, resulta francamente indigerible (y hasta irritante) para la opinión pública informada, la indecente manera en que una ex diputada priista, doctora en derecho según se dice, se prestó para hacer pasar como suya la iniciativa en favor de la prolongación del Ejército en las calles ante la Cámara de Diputados, una impostura que el propio Presidente de la República (su verdadero autor) se encargó de desnudar públicamente más rápido que pronto, como suele decirse, dejando en ridículo a la diputada prestanombre y a su partido, el PRI.

Idéntico rechazo provoca el escuchar a distinguidos miembros del mismo partido defender, enérgica y airadamente incluso, desde la tribuna misma del Congreso de la Unión, la propuesta pseudopriista, con argumentos totalmente inconsistentes a la luz de hechos crasos que son del dominio público. Sostienen, por ejemplo, que los opositores a la reforma mencionada pretenden dejar al país en el desamparo total ante el crimen organizado a partir del 2024, fecha en que, según la legislación aprobada previamente por el mismo Congreso, el Ejército debe retirarse a sus cuarteles.

Es evidente que, para que este argumento sea válido, debe demostrarse primero que hoy, precisamente gracias a la presencia del Ejército (y de la Guardia Nacional, que también es Ejército) en las calles, la población vive tranquila, segura y protegida de los peligros que representa la delincuencia, organizada o no. Pero, desgraciadamente, todos sabemos que eso no es así; que independientemente de fútiles alegatos sobre puntos porcentuales de más o de menos en los índices delictivos, llevamos ya, solo en lo que va de este sexenio, más de 130 mil víctimas de la violencia asesina; que el secuestro, la extorsión, el robo en la calle y en el transporte público, el cobro de piso, el control de ayuntamientos y del comercio de productos básicos (aguacate, limón, pollo, huevo, etc.) alcanzan niveles intolerables en varias zonas y estados neurálgicos en todo el país. Así las cosas, ¿de qué grave desamparo futuro nos quieren proteger los tribunos aludidos?

Un segundo argumento (complemento del primero) es que los opositores a la reforma olvidan que el país carece de un cuerpo policíaco capaz de hacer frente a las circunstancias, es decir, una policía bien educada, disciplinada, entrenada, moralizada y con armamento suficiente, en cantidad y calidad, para suplir con eficacia a los militares. Esto es verdad como hecho aislado, pero como argumento pertinente para defender la militarización de la seguridad nacional por cuatro años más, tendría que aclararse puntualmente de quién es la responsabilidad de tal carencia después de casi 4 años de transformación cuatroteísta, y cuáles son las verdaderas razones de tan grave omisión que hoy se nos arroja al rostro para decidirnos a aceptar la permanencia del ejército en su lugar. ¿Han decidido proscribir definitivamente a la policía civil por considerarla incorregible, históricamente rebasada, obsoleta, inútil e incluso peligrosa para hacerse cargo de la vida y la seguridad de la población?

Si así fuera, habría que concluir que la prolongación de la permanencia del ejército en las calles por 4 o 5 años más es una simple trampa para irnos acostumbrando a la idea de que la militarización de la seguridad pública llegó para quedarse. En efecto, prolongar por 4 o 5 más la presencia del Ejército en las calles es posponer, por ese mismo periodo de tiempo, la creación de la policía civil profesional; y al cumplirse el nuevo plazo acordado, se antojará casi inevitable la repetición del proceso usando exactamente el mismo argumento: la falta de una policía profesional. Lo correcto sería, a mi juicio, que si carecemos de una policía profesional que se considera indispensable para nuestra seguridad, el verdadero reto es crearla en el menor plazo posible, necesidad a la que se contrapone el acuerdo de conceder un nuevo plazo a las fuerzas armadas para continuar supliendo su ausencia. El H. Congreso de la Unión debería urgir a quien tiene el deber de hacerlo, poner manos a la obra de inmediato, en vez de abrirle la oportunidad de seguir posponiéndola para las calendas griegas.

Pero volviendo al principio de este artículo, me parece parcial y poco saludable para nuestra vida pública, volcar toda la crítica y todas las condenas exclusivamente sobre el presidente del PRI y sus seguidores, haciendo a un lado, casi por completo, las causas que, a la vista de todos nosotros, forzaron ese cambio de rumbo. No creo que haga falta repetir aquí todas las acusaciones y delitos (ciertos o no, cuestión que no quiero ni me toca a mí resolver) que se han acumulado sobre la cabeza del líder del PRI y sobre su familia. Mi propósito no es exculpar apriorísticamente a nadie, sino llamar la atención pública sobre el hecho de que ninguna persona que realmente se preocupe por el presente y el futuro de nuestro país, debería pasar por alto elementos tales como la evidente sevicia de los ataques y acusaciones, la calidad política y moral de la fuente de los mismos y, sobre todo, el momento político elegido para poner en acción este repentino e incontenible afán de castigo de la conducta corrupta de un único (de uno solo entre los muchos posibles) ex funcionario público, casualmente líder de un partido opositor.

Todos estos elementos tomados en conjunto, dejan ver a quien quiera verlo que más que un limpio y legítimo acto de combate a la corrupción de los funcionarios y ex funcionarios públicos, se trata de un temible y ya consuetudinario abuso de poder para someter por la fuerza a cualquier opositor, en este caso al grupo encabezado por Moreno Cárdenas, para obligarlo a convenir con las maniobras políticas del actual régimen en busca de afirmarse en la silla presidencial a cualquier precio. Y hay que recordar, desde luego, que este no es un caso único ni el primero que apunta en este sentido; se trata de una verdadera estrategia, teorizada y urdida por expertos, que ha sido diseñada y puesta en práctica desde que inició el reinado de la 4T, y de la que nadie debería considerarse a salvo.

No estoy de acuerdo, por eso, en que cada vez que una nueva víctima cae en esa trampa, en lugar de denunciar y condenar a quien la montó, a quien se vale de ese mecanismo artero para imponer su voluntad a los demás, aparezca una nube de expertos que lo sabían todo sobre el acusado o detenido pero que solo se les ocurre hablar, solo se les antoja decir lo que saben cuando ven al árbol caído. Creo que todos deberíamos estar muy conscientes de que en una dictadura, se halle en la fase incipiente, en la madurez o en la decadencia, nadie está a salvo de ser acusado, enjuiciado y encarcelado a una señal del dictador. Y que de nada le valdrá ser inocente, pues servidores incondicionales del “jefe” se encargarán de inventarle el delito y hacerlo valer como verdad de buena ley ante los tribunales, también sometidos a la voluntad del soberano. Es ante las dictaduras y quienes las encabezan ante quienes el pueblo está verdaderamente desamparado e indefenso; su impotencia ante el crimen organizado es solo una prolongación, una consecuencia natural de aquel desamparo original nacido del poder omnímodo del gobernante autoritario.

Invito por eso, respetuosamente, a quienes tienen voz e influencia sobre la opinión pública, a que, antes de señalar y condenar con dedo flamígero a las víctimas de la trampa del poder, se pregunten primero si, en un caso parecido, aguantarían a pie firme la feroz embestida del Estado, lanzado entero en su contra con la consigna de hallarlos culpables a como dé lugar, condenarlos y sepultarlos media vida en una ergástula solo por no coincidir con sus propósitos y sueños de perpetuidad en el poder. Antes de lanzar contra los caídos la primera piedra, es menester que reflexionemos sobre si es válido, moral, legal, que todo el poder que el pueblo depositó en manos del gobernante sea utilizado por este para amenazar, amedrentar, perseguir y doblegar a sus opositores políticos escudándose en banderas falsas, como el combate a la corrupción pero en los bueyes del compadre y no en los propios; para triunfar a fortiori en las elecciones y retener el poder de la nación contra la voluntad de la nación misma. Y esto no es absolver de una vez por todas a los culpables de peculado, concusión u otro delito cualquiera; es simplemente reservar la justicia para el momento en que no haya riesgo de convertirla en arma de represión y persecución política. El objetivo lo vale.

¿No es, acaso, una grave descomposición del régimen prevaleciente, aceptado por todos o por la mayoría de la población, para la paz y el bienestar social, el hecho de que se “normalicen” la amenaza, el chantaje, el cohecho (cargos públicos, disimulo intencional a las incompetencias profesionales y la falta de probidad en el manejo presupuestal, el perdón arbitrario de culpas, etc.) para conseguir y asegurar adeptos y aliados “ad chalecum” en la lucha por los votos y el poder? ¿Es sano que se exponga al público ludibrio a los infractores como Moreno Cárdenas y, en cambio, solo tributemos elogios al gobernante atrabiliario llamándolo un “verdadero animal político” y calificando como “inteligencia y maestría estratégica y táctica” su uso del terror y la represión contra sus opositores? Como diría Sor Juana: ¿Y quién es más de culpar / aunque cualquiera mal haga / el que peca por la paga / o el que paga por pecar?

A mí me parece que ningún columnista con años de experiencia y brillante trayectoria profesional puede engañarse sobre el verdadero significado y propósito de las acciones persecutorias de la 4T, ni aprobar como acto de verdadera justicia que un corrupto sea el encargado de delatar a otro corrupto por órdenes del poder central. Pero esto es lo que está ocurriendo en el país y no solo en el caso de Moreno Cárdenas. Todos aquellos que tienen ambiciones políticas legítimas, prestigio popular y capacidad de convocatoria, pero no pertenecen a Morena, corren el peligro de ser calumniados, enjuiciados y encarcelados, o de plano desaparecidos para sacarlos de la competencia en 2024. Varios miembros del Movimiento Antorchista están siendo acosados y acusados sin ningún fundamento; alguno está “bajo investigación” por un delito totalmente prefabricado y otros sufren amenazas anónimas de cárcel y muerte por el solo hecho de que la gente los señala como “buenos candidatos” para algún cargo modesto. Y crecen cada día más los rumores de que este clima de terror y persecución se incrementará para todos mientras más cerca estén las elecciones.

Si no lo hacemos ahora, un frente común para denunciar este peligro, si preferimos el acomodo político y la adulación del poderoso, estaremos cambiando, como Esaú a Jacob, la primogenitura por un plato de lentejas. Es decir, estaremos entregando los valores superiores de la nación como la democracia, las libertades civiles y políticas y los derechos humanos de los mexicanos por alguna migaja de prebenda o sinecura. Hay que procurar que nadie se haga reo de semejante culpa porque, en tal caso, nadie nos salvará de la condena por traición al pueblo de México. Vale.

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