30/05/2025
¿Reforma o Repartija?
𝐀𝐍𝐈𝐍 𝐛𝐮𝐬𝐜𝐚 𝐪𝐮𝐞𝐝𝐚𝐫𝐬𝐞 𝐜𝐨𝐧 𝟏𝟒 𝐩𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐬 𝐩𝐮́𝐛𝐥𝐢𝐜𝐨𝐬 𝐲 𝐦𝐚́𝐬 𝐝𝐞 𝐒/ 𝟏𝟎 𝐦𝐢𝐥 𝐦𝐢𝐥𝐥𝐨𝐧𝐞𝐬, 𝐩𝐞𝐬𝐞 𝐚 𝐝𝐞𝐧𝐮𝐧𝐜𝐢𝐚𝐬, 𝐛𝐥𝐢𝐧𝐝𝐚𝐣𝐞 𝐩𝐨𝐥𝐢́𝐭𝐢𝐜𝐨 𝐲 𝐬𝐢𝐥𝐞𝐧𝐜𝐢𝐨 𝐞𝐦𝐩𝐫𝐞𝐬𝐚𝐫𝐢𝐚𝐥
¿Eficiencia o nuevo “Club de la Construcción”?
Mientras las denuncias se acumulan, gremios empresariales aplauden. ¿Qué se esconde detrás de la obsesión por convertir a la ANIN en el brazo todopoderoso de la infraestructura estatal?
La Agencia Nacional de Infraestructura (ANIN) se ha convertido en el botín más codiciado del gobierno. Con un presupuesto proyectado que supera los S/ 10 mil millones, la presión para que absorba 14 programas públicos crece sin control, incluso en medio de graves denuncias de copamiento político, contrataciones sin perfil técnico y despilfarro millonario.
¿Quién está detrás? Nada menos que los grandes gremios empresariales: CONFIEP, COMEX, CAPECO, y compañía, que ahora actúan como escuderos de una entidad dirigida por un personaje cuestionado: Hernán Yaipén, amigo de APP, protegido del Clan Acuña, y con un sueldo mensual de S/ 31,250 que ni siquiera justifica con experiencia comprobada.
El silencio que incomoda
¿Dónde están las respuestas de Hernán Yaipén Arestegui, jefe de la Autoridad Nacional de Infraestructura? sobre la contratación de más de 50 allegados de APP, entre ellos Yessenia Lozano, ¿la “hija política” de César Acuña? ¿Por qué nadie explica cómo se han gastado más de S/ 100 millones entre consultorías y locadores, cuando los resultados en el campo son vergonzosos?
Y mientras eso pasa, el Congreso y los gremios empresariales piden a gritos que la ANIN absorba programas como Provías Descentralizado, Programa Nacional de Infraestructura Educativa, Programa Nacional de Inversiones en Salud o el Programa Subsectorial de Irrigaciones, que tienen trayectoria técnica, impacto real y presencia en zonas rurales. ¿Por qué? Simple: quieren centralizar los contratos, facilitar el lobby y tener el control desde Lima.
El exministro José Salardi, principal impulsor de esta supuesta reforma, salió por la puerta falsa y ni siquiera se dignó a ir al Congreso a explicar su proyecto. Pero sus aliados continúan vendiendo la narrativa de la "eficiencia" y el “reordenamiento”.
Lo cierto es que esta “gran reforma” no tiene ni sustento técnico, ni legal, ni sentido operativo. ¿Cómo va a reemplazar la ANIN a miles de profesionales de los programas que pretende absorber? ¿Quién va a ejecutar los proyectos chicos, los que no interesan a las grandes constructoras?
Porque seamos claros: esto no es una reforma para beneficiar a los agricultores o regiones, sino para beneficiar a un puñado de empresas que quieren todas las obras grandes en bandeja de plata.
Los mismos de siempre, las mismas mañas de siempre
La ANIN se ha convertido en el refugio de reciclados de la fracasada Reconstrucción con Cambios. Figuras como Alberto Marquina o César Rafael, siguen operando en la sombra, repitiendo los errores de siempre, pero ahora con un cheque más grande.
Y para coronar el caos, la agencia ahora dice ser especialista en TODO: educación, salud, prevención de desastres, ecosistemas degradados, sistemas de alerta, carreteras, riego… ¡Un Frankenstein institucional! ¿Cómo puede funcionar una entidad así?
La última evidencia de su fracaso: los desbordes en el norte del país. Mientras los ríos arrasaban campos, viviendas y vías, la ANIN gastaba millones en estudios para riesgos futuros, ignorando peligros presentes. El colapso de la presa en Lambayeque y el desborde del río Tumbes son prueba de que esta entidad no está preparada.
La trampa del discurso de “eficiencia”
La gran ironía: los gremios empresariales que hoy claman por eficiencia, callaron durante años frente a las adendas corruptas, los sobrecostos y las coimas del Club de la Construcción.
Hoy se presentan como salvadores, pero solo están hambrientos por nuevas licitaciones. La ANIN les ofrece lo que quieren: contratos grandes, sin competencia regional ni control ciudadano.
¿Y el Congreso? ¿Y la ciudadanía?
Incluso la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) ya se pronunció en contra. “No aceptaremos recentralizaciones encubiertas”, dijeron. ¿Por qué los congresistas no investigan a Yaipén? ¿Por qué nadie fiscaliza el gasto en consultorías inútiles?
¿Qué intereses los amordazan?
La población exige:
• La renuncia inmediata de Hernán Yaipén
• Una auditoría independiente a los fondos de la ANIN
• Investigación fiscal por posible copamiento político y uso indebido de recursos públicos
No nos dejemos engañar.
Esto no es una reforma.
Es un intento de capturar el Estado, centralizar el poder y repartir los contratos públicos entre los mismos de siempre.
Una presunta red criminal opera dentro de la ANIN: vínculos, propiedades y favoritismos al descubierto
Una grave denuncia sacude nuevamente al sector público. La Agencia Nacional de Infraestructura (ANIN) encabezada estaría siendo manejada por una presunta red criminal liderada por Ricardo Alfredo Arenas Sovero, alias “El Castigador”. Según el organigrama revelado, Arenas estaría rodeado por una red de personas de extrema confianza, muchos de ellos con estrechos lazos personales y beneficios patrimoniales notables.
Una de las figuras clave es Kelly Espinoza Anaya, presentada como pareja sentimental de Arenas, quien cumple un rol estratégico como “testaferro”. Se le acusa de facilitar el ingreso de personal afín para manipular presupuestos y costos a conveniencia. Llama la atención la cantidad de propiedades registradas a su nombre: al menos cuatro, además del uso de una moderna camioneta a nombre de su hermano y adquisiciones recientes por parte de otros familiares. También aparece relacionada al Hotel Alipa, cuyo vínculo directo aún requiere mayor investigación.
Por otro lado, se identifica a José Luperdi Mendoza como otro personaje de peso dentro del círculo de Arenas. Es descrito como su amigo íntimo y cómplice, tanto en la ANIN como en la desaparecida Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC). Luperdi posee al menos ocho propiedades a su nombre, una acumulación que levanta sospechas sobre el origen de sus fondos y posibles actos de enriquecimiento ilícito.
La red también incluye a Carlos Alberto Azáñero Centurión, viejo amigo de Arenas y señalado como operador en la ARCC y en la actual ANIN. A ellos se suman Lucio Gutiérrez Quispe, cercano a Arenas desde la universidad y con paso por el MIDAGRI; y Mijail Johel Espinoza Abarca, a quien Arenas habría presionado directamente para gestionar camionetas, posiblemente como parte de las operaciones logísticas de la red.
La acumulación sospechosa de propiedades, las conexiones personales con altos funcionarios y la concentración de poder al interior de la ANIN hacen urgente una investigación exhaustiva e independiente. ¿Estamos frente a una estructura mafiosa enquistada en el Estado? Las pruebas y vínculos expuestos son alarmantes y demandan una acción inmediata de la Contraloría, el Ministerio Público y los órganos de control del Congreso.