05/03/2025
La transacción de $375K que discute la Legislatura Municipal de Guaynabo para finiquitar reclamación civil del caso de agresión sexual y hostigamiento que mantiene convicto al ex alcalde Partido Nuevo Progresista de Puerto Rico, Hector Oneill, se sumaría a los más de $1.7M que ya se han pagado con fondos del municipio por las ilegalidades relacionadas y cometidas en 24 años por el también ex presidente de la Federación de Municipios y ex representante en la década del 80.
Los casos de hostigamiento sexual pagados con fondos públicos contra el convicto ex Alcalde también se extienden a uno de sus hijos, Hector Oneill Rosa, empleado de la Autoridad Metropolitana de Autobuses, y cuyo caso se vio por jurado en noviembre de 2021 el que determinó su responsabilidad junto a la del municipio por hostigamiento sexual contra una abogada.
Oneill Rosa no era empleado del ayuntamiento pero tenía acceso a todas las áreas de la edificación municipal en el casco del pueblo de Guaynabo incluso con una identificación que lo acreditaba como tal.
En el caso de Oneill Rosa el municipio estuvo representado por el hoy alcalde de San Juan, Miguel Romero toda vez que la abogada hostigada fue despedida una vez el Alcalde supo de la querella contra su hijo.
Entretanto, el libro de la periodista, Ivette Sosa, '¿Hostigador en serie? El escándalo de Guaynabo City' destapó en el 2020 un patrón de casos de hostigamiento entre el entonces Alcalde y su hijo - el 2000 y el 2018 - que costaron $826,634.76, por concepto de honorarios de abogados y $886,372.40 en pagos de transacciones y sentencias.
La pesquisa estableció que los $1,713,007.16, son el producto de solo cuatro casos por lo que se número aumenta ante el hecho de que en ese periodo hubo 26 casos de hostigamiento sexual.
La nueva transacción en el caso civil contra el municipio, contemplaría un acuerdo también pagado por las arcas del municipio y que estaría bajo la responsabilidad de otro hijo de Oneill, el hoy alcalde, Eduard OR.
El ex alcalde, a quien se le adjudica correr el municipio a su antojo y se cataloga como “el alcalde defacto”, hizo alegación de culpa en el 2021 al llegar a un preacuerdo con la Oficina del Fiscal Especial Independiente y cumple su sentencia en probatoria. Se mantuvo un cargo por violación al artículo 3.1 (maltrato en una relación de pareja) de la Ley de Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica y un cargo menos grave de hostigamiento sexual en el empleo. Los delitos graves de agresión sexual fueron reclasificados como parte del pre acuerdo.