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Keiko Fujimori va a juicio por el Caso Cocteles: los detalles de la orden judicialKeiko Fujimori: PJ revoca orden de imp...
12/01/2024

Keiko Fujimori va a juicio por el Caso Cocteles: los detalles de la orden judicial

Keiko Fujimori: PJ revoca orden de impedimento de salida del país por Caso Cocteles

El juicio oral contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y los demás procesados por el Caso Cocteles estará a cargo del Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional, según se determinó por sorteo, informó este viernes la Corte Superior Nacional.

El equipo especial para el Caso Lava Jato pide una condena de 30 años y 10 meses de cárcel para Keiko Fujimori al sindicarla -junto a ex dirigentes de Fuerza Popular- de haber realizado actos de lavado de activos para ocultar aportes para su campaña presidencial de 2011 y 2016.

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Dicho tribunal deberá fijar la fecha para el inicio del juicio oral contra la excandidata presidencial por el delito de lavado de activos y organización criminal. El Colegiado está presidido por Nayko Coronado e integrado por Raúl Caballero y Max Vengoa.

También son procesados el ex esposo de Fujimori, Mark Vito Villanela, y los ex dirigentes del partido naranja, Pier Figari, Jaime Yoshiyama, Ana Herz, Vicente Silva Checa y José Chlimper, entre otros.





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El juicio oral contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y los demás procesados por el Caso Cocteles

La Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional aceptó la apelación y revocó la orden de 36 meses de impedimento de salida...
12/01/2024

La Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional aceptó la apelación y revocó la orden de 36 meses de impedimento de salida del país contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori y otros procesados por los presuntos delitos de lavado de activos y organización criminal en el Caso Cócteles.

LEE TAMBIÉN: Alberto Fujimori seguirá siendo juzgado por homicidio en el caso Pativilca: las razones del PJ | VIDEO

En mayo del año pasado, el juez Víctor Zúñiga, del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional culminó con las audiencias de control de acusación e impuso impedimento de salida del país además contra Mark Vito Villanella y otros seis acusados.

El magistrado había dictado la medida restrictiva tras un pedido del Equipo Especial Lava Jato de la fiscalía a fin de asegurar su presencia en el país de los investigados de cara al próximo inicio del juicio. El Ministerio Público pide 30 años de prisión para Keiko Fujimori.

Poder Judicial revoca impedimento de salida del país para Keiko Fujimori y otros investigados en caso Cocteles

“Si bien persiste una preocupación porque los acusados puedan rehuir de la acción de la justicia ante una decisión final, debe recordarse que Keiko Fujimori, Jaime Yoshiyama, Adriana Tarazona y Pier Figari vienen cumpliendo reglas de conducta que aseguran su comparecencia restringida, por lo que este tribunal considera que esta medida resulta suficiente para contrarrestar cualquier riesgo de fuga, toda vez que su libertad ambulatoria se encuentra restringida parcialmente al habérseles impuesto “la obligación de no variar su domicilio ubicado en autos sin previa autorización por escrito al Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria”, señala la Segunda Sala Penal de Apelaciones en su resolución, emitida el 10 de enero.

Poder Judicial revoca impedimento de salida del país para Keiko Fujimori y otros investigados en caso Cocteles

Tercer Juzgado Penal verá juicio a Keiko Fujimori por Caso Cocteles

En tanto, la Corte Superior Nacional informó que el Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional será el encargado del juicio oral contra Keiko Fujimori por el Caso Cocteles. Este tribunal, presidido por Nayko Coronado e integrado por Raúl Caballero y Max Vengoa, deberá definir la fecha del inicio del proceso.

Precisó que así “se determinó por sorteo” entre los cuatro Juzgados Penales Colegiados” y señaló además que el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, que tuvo a su cargo este caso, “remitió el auto de enjuiciamiento, la acusación y los anexos correspondientes”.

Se definió a los jueces para el juicio a Keiko Fujimori por el Caso Cócteles. Será el Tercer Juzgado Penal Colegiado de la : Nayko Coronado (presidenta), Raúl Caballero y Max Vengoa. Ellos deberán fijar una fecha para el inicio del juicio pic.twitter.com/vD5JngIkhM

— Víctor Reyes Parra () January 12, 2024

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La Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional aceptó la apelación y revocó la orden de 36 meses de impedimento de salida del país contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori y otros procesados por los presuntos delitos de lavado de activos y organización criminal en el Caso Cócteles.

Patricia Benavides y su defensa legal interpusieron un recurso de tutela de derecho ante el Poder Judicial (PJ) cuestion...
12/01/2024

Patricia Benavides y su defensa legal interpusieron un recurso de tutela de derecho ante el Poder Judicial (PJ) cuestionando que la investigación en su contra se encuentre a cargo de la fiscal suprema Delia Espinoza, titular de la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, según pudo conocer El Comercio.

Delia Espinoza Valenzuela abrió investigación contra la exfiscal de la Nación por siete delitos, entre ellos organización criminal, tráfico de influencias, encubrimiento personal, entre otros.

Ello, luego de que el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena Campana, emitiera la Resolución 024-2004-MP-FN, en la que dispone que el despacho de la fiscal suprema conozca, en adición a sus funciones, la investigación preliminar y preparatoria de los funcionarios aforados (jueces y fiscales) que estén relacionados con la carpeta Nro. 1228-2023.

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Dicha carpeta fiscal se procesa en el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop) contra los exasesores de Benavides, Jaime Villanueva, Miguel Girao Isidro, Abel Hurtado Espinoza y otros.

Sin embargo, este equipo no tiene la competencia para investigar a los altos funcionarios, por lo que todo lo relacionado con los aforados, como fue el caso de Benavides Vargas, debe ser elevado al despacho de Espinoza Valenzuela.

Ahora, según las fuentes, el recurso de tutela de derecho será analizado por el juez supremo de Investigación Preparatoria, Juan Carlos Checkely, quien deberá requerir información al Ministerio Público.

La fiscal suprema Delia Espinoza y el Fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena Campana, en el inicio del Año Fiscal 2024.

Benavides insiste con sus recursos

De otro lado, Patricia Benavides insiste en impulsar los recursos de amparo contra la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por el proceso disiciplinario inmediato y su posterior suspensión en el cargo de fiscal suprema.

Ante el Quinto Juzgado Constitucional, la ex fiscal de la Nación y su defensa interpusieron un recurso de apelación contra la decisión del juez Jorge Ramírez Niño de Guzmán, que declaró improcedente una medida cautelar y un amparo que buscaba “declarar inaplicable y sin efecto jurídico alguno” las resoluciones de inicio del procedimiento disciplinario, la citación a la audiencia del 6 de diciembre y la que declaró infundado su pedido de inhibición.

El juzgado alegó que la funcionaria suspendida y su defensa habían incurrido en duplicidad de demandas. Es decir, que habían solicitado lo mismo en otros recursos similares que se venían procesando en juzgados diferentes.

Similar situación ocurrió ante el Tercer Juzgado Constitucional de Lima, donde han presentado un escrito de aclaración sobre la demanda rechazada.

Entre otros argumentos, el juez John Paredes señaló que la demanda no era precisa y que su pretensión ya habría sido cuestionada ante otros juzgados referida a las resoluciones del proceso disciplinario inmediato, la citación a una audiencia ante la JNJ, entre otros.

Confirma recursos

Juan Peña, abogado de Patricia Benavides, señaló que han accionado una vez más ante el Poder Judicial por no estar de acuerdo con que la investigación contra la exfiscal de la Nación lo realice una fiscal suprema.

“Creemos que no es lo correcto, para cualquier persona, no solo para la señora Benavides. Por eso es que el día de ayer (jueves 11 de enero) presentamos una tutela de derechos frente a esa decisión. Algunos medios, de manera errónea, dicen que no queremos que se investigue, eso es falso. Nosotros queremos una investigación de acuerdo al debido proceso.”

Juan Peña, abogado de Patricia Benavides.

Según explicó, la Ley Orgánica del Ministerio Público señala que quien debe investigar es el fiscal de la Nación y ante su excusa, el más antiguo. En este caso, añadió, sería el fiscal supremo Pablo Sánchez. No obstante, no han sido informados que se haya inhibido de conocer el caso.

Por tanto, señaló que la designación de Espinoza Valenzuela sería contraria a la Constitución y a la Ley Orgánica del MP.

“Si la ley señala que la señora Delia Espinoza sea la llamada a investigarnos, no tenemos problema. Pero si la ley dice otra cosa, porque de manera suspicaz crean resoluciones para que una fiscal solamente pueda conocer un hecho o un caso, sí creemos que no es de acuerdo a ley. Y eso sí creemos que se debe objetar, ya sea mediante tutelas o recursos de amparo”, agregó.

Como se recuerda, anteriormente, la suspendida fiscal suprema y su defensa habían interpuesto otra tutela de derecho para acceder a la carpeta de investigación; sin embargo, la fiscalía cumplió con notificarlos con la disposición del inicio de las diligencias preliminares.

Respecto a la insistencia en sus recursos de amparo rechazadoa por los juzgados constitucionales, el abogado Juan Peña Flores remarcó que los argumentos eran distintos. Por ejemplo, sostuvo que en el cuestionamiento del proceso inmediato consideraban que no era el adecuado porque no existía flagrancia, por tanto eso han reiterado al juzgado para indicar que dicho proceso ante la JNJ sería “inconstitucional y no sería el que le corresponde” a su patrocinada.

“Como no hay otra autoridad que pueda resolver, porque yo no puedo apelar esto a la Junta, debo ir a la vía constitucional, teniendo en cuenta que el daño es inminente”, afirmó.

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Patricia Benavides y su defensa legal interpusieron un recurso de tutela de derecho ante el Poder Judicial (PJ) cuestionando que la investigación en su contra se encuentre a cargo de la fiscal suprema Delia Espinoza, titular de la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionario...

Un acusado por el caso ‘La Centralita’, próximo a ser sentenciado, se ha convertido en un asesor de confianza para el Tr...
12/01/2024

Un acusado por el caso ‘La Centralita’, próximo a ser sentenciado, se ha convertido en un asesor de confianza para el Tribunal Constitucional (TC). El máximo intérprete de nuestra Constitución nombró al excongresista Heriberto Benítez, quien enfrenta un pedido de 30 años de prisión por ese caso, como asesor jurisdiccional de su Gabinete de asesores.

La resolución de nombramiento, a la que accedió El Comercio, fue firmada por Francisco Morales Saravia, presidente del TC. Allí se detalla que fue su despacho el que solicitó que se evalúe el perfil profesional de Heriberto Benítez para ocupar ese cargo.

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En respuesta, un informe de la Oficina de Gestión y Desarrollo Humano señaló que el exlegislador “cumple los requisitos mínimos” para el puesto, que es un cargo de confianza. Con ello, Francisco Morales Saravia firmó la resolución con la que se dispuso su nombramiento a partir de este jueves 11 de enero.

Esta es la resolución de nombramiento de Heriberto Benítez

De congresista a acusado

Abogado de profesión, Heriberto Benítez se hizo conocido en los noventa como defensor en casos de Derechos Humanos. En el 2000, postuló al Congreso por Somos Perú y en el 2001, logró un escaño con el Frente Independiente Moralizador (FIM). Ambos partidos era opositores al régimen de Alberto Fujimori.

Para el 2011, volvió al Congreso como legislador de Solidaridad Nacional por la región Áncash, región que por entonces era gobernada por César Álvarez. Años después, Benítez admitiría que fue elegido para ese cargo “gracias al apoyo de su partido”.

Fue durante ese período como congresista que Benítez comenzó a verse involucrado en las investigaciones a Álvarez por el caso ‘La Centralita’. Eventualmente, el exgobernador y el excongresista serían acusados por la fiscalía en este caso.

Heriberto Benítez y César Álvarez (Foto: Gobierno Regional de Áncash)

‘La Centralita’

El Ministerio Público acusó a César Álvarez de liderar una organización criminal dedicada a desfalcar los recursos del Gobierno Regional de Áncash (2007-2014), la cual tendría brazos de prensa, social, legal y político. A Heriberto Benítez se le señaló como parte del brazo político-legal.

Según la acusación, la red funcionaba en un centro de operaciones denominado La Centralita, ubicado en un edificio de la urbanización La Caleta, en la ciudad de Chimbote. Desde allí, presuntamente se planificaban acciones contra los opositores de Álvarez Aguilar y sobornos a jueces, fiscales y periodistas.

La fiscalía solicitó 30 años de prisión para Heriberto Benítez, acusándolo de tres delitos: asociación Ilícita para delinquir (12 años), encubrimiento real (8 años) y violencia y resistencia a la autoridad (10 años). El caso está en etapa de juicio oral desde marzo del 2021. El juicio actualmente está en su última fase: la autodefensa de los cerca de 50 acusados.

De hecho, Heriberto Benítez está citado para la sesión presencial del juicio de este viernes 19 para que pueda hacer allí su autodefensa junto a otros once acusados. Hay otra audiencia el 30 de enero para que terminen las autodefensas, por lo que se estima que la sentencia del caso sería leída en febrero.

César Álvarez, Heriberto Benítez y los delitos por los que son acusados en el caso ‘La Centralita’, cuyo juicio está próximo a terminar.

En paralelo, César Álvarez ya tiene condenas por otros casos conexos: 35 años de prisión por el as*****to del exconsejero regional Ezequiel Nolasco; 8 años y 3 meses de prisión por pagos irregulares ligados a Odebrecht en la carretera Chacas-San Luis; y 4 años por presunta corrupción ligada al Proyecto Especial de Chinecas.

Pese a la grave acusación, Heriberto Benítez no se ha alejado de la política ni del estado. En el 2020, fue candidato al Congreso por Lima con el partido Podemos Perú, pero no fue elegido.

En el actual Congreso, fue asesor de la Segunda Vicepresidencia cuando esta era ocupada por Enrique Wong, también de Podemos Perú. Luego, trabajó hasta septiembre del 2023 en el Departamento de Redacción del Diario de Debates del Parlamento.

El Comercio envió mensajes al TC y al propio Heriberto Benítez respecto a los cuestionamientos a su nombramiento como asesor. Desde el primero indicaron que no habría ningún pronunciamiento sobre el tema. En tanto, el excongresista no respondió hasta el cierre de esta nota.

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Un acusado por el caso ‘La Centralita’, próximo a ser sentenciado, se ha convertido en un asesor de confianza para el Tribunal Constitucional (TC). El máximo intérprete de nuestra Constitución nombró al excongresista Heriberto Benítez, quien enfrenta un pedido de 30 años de prisión por e...

El Poder Judicial rechazó el pedido que hizo Alberto Fujimori y su abogado, Elio Riera, para que no sea procesado penalm...
12/01/2024

El Poder Judicial rechazó el pedido que hizo Alberto Fujimori y su abogado, Elio Riera, para que no sea procesado penalmente en el juicio por el caso Pativilca como presunto autor mediato de las muertes ocurridas en 1992, al considerar que el derecho de gracia que se le otorgó para salir en libertad no alcanza a este proceso.

La Sala Superior de la Corte Nacional de Justicia se pronunció así, dándole la razón al Ministerio Público que fue la única parte que se opuso a que Fujimori sea apartado de este proceso judicial. La procuraduría, en cambio, se había mostrado a favor del pedido que hizo el expresidente.

La presidenta de la Cuarta Sala Penal Superior, Miluska Giovanna Cano López, dijo que el fallo del Tribunal Constitucional (TC) restituyó los efectos del indulto dándole la razón a una demanda de hábeas corpus que, específicamente, pedía que se revoque el fallo judicial que en el 2018 anuló la gracia por control de convencionalidad.

La Cuarta Sala Penal Superior declara improcedente pedido de «exclusión de proceso» planteado a favor del exmandatario Alberto Fujimori, con el que se buscaba validar el derecho de gracia en el tras la última decisión del TC. pic.twitter.com/OVM0e49Dlm

— Alexander Villarroel Zurita () January 12, 2024

“Teniendo que ese fue el petitorio de la demanda de hábeas corpus presentada ante el Tribunal Constitucional que da lugar a esta sentencia estimatoria, esta sentencia en su resultado no alcanzaría los efectos jurídicos de este proceso penal”, precisó.

Por esto, el tribunal resolvió esta incidencia declarando improcedente la solicitud de exclusión del proceso de Alberto Fujimori.

“No alcanza el derecho de gracia que, además en su momento, el tribunal señaló que no correspondía por no sufrir encarcelamiento el acusado y no estar dentro de los presupuestos que se habían presentado”, agregó.

La fiscalía había contradicho el pedido de Alberto Fujimori con los mismos argumentos que mencionó la magistrada Cano, ya que precisó que el TC había emitido una resolución en el extremo del indulto humanitario que se le concedió en el 2017, no respecto al derecho de gracia.

En la audiencia, el abogado Elio Riera solicitó a la sala de magistrado que se aplicara los mismos motivos por los cuales fue indultado para que se le aparte del proceso judicial. Fujimori insistió en este pedido.

“Yo solicito, apoyando a mi defensa, que se respete el derecho de gracia, pero manifiesto explícita y claramente mi disposición a participar en estas audiencias para que se conozca la verdad, por qué estos militares eliminaron a estos inocentes campesinos”, señaló de manera virtual en la sesión.

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El Poder Judicial rechazó el pedido que hizo Alberto Fujimori y su abogado, Elio Riera, para que no sea procesado penalmente en el juicio por el caso Pativilca como presunto autor mediato de las muertes ocurridas en 1992, al considerar que el derecho de gracia que se le otorgó para salir en libert...

“Descartar a Alberto Otárola en la PCM podría poner en peligro la continuidad del Gobierno”.Tras el advenimiento del cao...
12/01/2024

“Descartar a Alberto Otárola en la PCM podría poner en peligro la continuidad del Gobierno”.

Tras el advenimiento del caos político desatado en el 2016, muchos decretaban que la solución a todos nuestros problemas sería la etérea estabilidad. Es así que, desde hace más de un año, tras el golpe de Estado, nos encontramos ante un jefe del Gabinete Ministerial que, a pesar de todos los cuestionamientos y los escasos logros de su gestión, ha conseguido permanecer en el puesto. Desde el 2011, solamente tres presidentes del Consejo de Ministros han logrado permanecer durante más de un año en el cargo; el récord lo tiene Pedro Cateriano –primer ministro más longevo del gobierno de Ollanta Humala–, que permaneció al mando durante 16 meses. ¿Alberto Otárola logrará superar esa valla?

Como operador político de un gobierno bastante impopular, ha demostrado ser eficaz y es percibido como igual o más poderoso que la presidenta. En el plano del Ejecutivo, se han realizado muy pocos cambios ministeriales, algo que era la orden del día en la anterior gestión. En el plano del Legislativo, cuenta con el respaldo de la mayoría de las bancadas congresales, a pesar de que Boluarte no cuenta con un partido oficialista. Esto es una hazaña política, además, porque al contar con muy baja aprobación (un 17% aproximadamente en los últimos 12 meses), Otárola no puede recurrir a la táctica de polarización contra el Congreso, como lo hicieron jefes del Gabinete Ministerial durante el gobierno de Martín Vizcarra en su momento (que contaban con el doble de aprobación).

Esta eficacia se entiende debido a que Otárola ha estado en la política la mayor parte de su vida. Nació como político de izquierda y luego transicionó al ala progresista. Hoy, calificaría a Otárola como un pragmático populista socialdemócrata. A pesar de que habla constantemente de la importancia de la inversión privada, no se niega a evaluar un nuevo salvataje a Petro-Perú o asignarle los lotes petroleros más importantes del país de manera “temporal”, que en lenguaje gubernamental se traduce a “infinito”. Además, es de dudar su verdadera disposición a adoptar medidas de reforma integral, las que se requieren para poder volver a crecer en el largo plazo. Por ejemplo, la simplificación tributaria y burocrática, la flexibilización del mercado laboral, la reestructuración de empresas públicas, entre otros. En materia de seguridad, Otárola opta por el populismo punitivo con tintes xenofóbicos, al asignar la culpa de la creciente ola de delincuencia en el país a los ciudadanos extranjeros. Sin embargo, no logra capitalizar políticamente ello, debido a que las medidas contra el crimen anunciadas por el Gobierno son percibidas como ineficaces por la población.

La presión para que el Gobierno tenga logros en gestión irá en aumento a medida que se alarguen los meses de la recesión económica. El principal responsable político luego del presidente siempre es el primer ministro. Sin embargo, descartar a Otárola en la PCM podría poner en peligro la continuidad del actual gobierno. Queda claro que el círculo de confianza de Boluarte siempre fue muy reducido debido a la naturaleza de su ascenso al poder, y en este, Otárola resalta por ser su principal escudero.

“Otárola ha fracasado en la articulación con los sectores más marginados de la sociedad”.

La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) es uno de los cargos más amplios del Estado Peruano. El titular de la PCM es vocero de la Presidencia de la República, coordinador del Gabinete Ministerial y articulador político con el Congreso, las élites y la sociedad, entre otras funciones. Para hacer un balance del primer año del primer ministro Alberto Otárola, hay que entender su labor en todos estos frentes.

Como vocero, más allá de las artes retóricas del primer ministro, el actual gobierno no tiene nada que comunicar. El ‘plan Boluarte’ no es un fracaso porque haya sido mal explicado, sino porque nunca existió. Igualmente, la caída de la confianza empresarial no se explica por el poco compromiso del presidente del Consejo de Ministros con el libre mercado, sino porque ningún empresario va a invertir en un país inestable. La falta de ministros con capacidad y prestigio dentro del Gabinete tampoco depende únicamente de Otárola, considerando que su conformación ha dependido de la coalición de gobierno. Los partidos cogobernantes, especialmente Fuerza Popular, tienen más responsabilidad sobre el Gabinete que el primer ministro. Los problemas de capital humano del Gobierno también dependen de la presidenta Dina Boluarte, que mantiene a su hermano como un primer ministro en la sombra.

El punto más bajo del jefe del Gabinete Ministerial se encuentra indudablemente en su responsabilidad sobre la represión en las protestas de hace un año. El actual primer ministro venía de una tradición de izquierda moderada y tenía experiencia ministerial, por lo que se esperaba un perfil más dialogante o, al menos, una actitud menos permisiva con la represión indiscriminada. Sorpresivamente, como ministro de Defensa en un primer momento, y después como primer ministro, Otárola mostró una actitud excesivamente confrontacional que derivó en el descontrol de las fuerzas del orden y, posteriormente, la desconfianza hacia el Estado por parte de los ciudadanos del sur del Perú. Es así como en lo que sí ha fracasado claramente el titular de la PCM ha sido en la articulación con los sectores más marginados de la sociedad, lo que ha reforzado la alta desaprobación del Gobierno.

Si bien la articulación con la sociedad ha fracasado, creo que el primer ministro ha sido relativamente eficiente en su labor de articulador con el Congreso. Como sabemos, el gobierno actual se sostiene en una coalición parlamentaria. En este frente, y salvo algunos problemas surgidos desde finales del año pasado con el aprismo ‘new age’ de Renovación Popular, Otárola ha tenido un desempeño positivo, logrando que cualquier intento de destitución presidencial (incluso dentro de la coalición del Gobierno) sea neutralizado. Siendo el objetivo del Ejecutivo la sobrevivencia, este éxito no me parece poca cosa.

En suma, dada la amplitud que el premierato entraña, creo que Otárola ha sido un buen primer ministro para este gobierno, pero un mal presidente del Consejo de Ministros para el país. Empero sigo pensando que sus falencias hay que verlas más como el producto de un gobierno sustentado en una alianza de grupos particularistas y antidemocráticos, que como el resultado (solamente) de sus deficiencias personales.

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Tras el advenimiento del caos político desatado en el 2016, muchos decretaban que la solución a todos nuestros problemas sería la etérea estabilidad. Es así que, desde hace más de un año, tras el golpe de Estado, nos encontramos ante un jefe del Gabinete Ministerial que, a pesar de todos los ...

El expresidente Alberto Fujimori, quien salió recientemente en libertad por decisión del Tribunal Constitucional (TC), s...
12/01/2024

El expresidente Alberto Fujimori, quien salió recientemente en libertad por decisión del Tribunal Constitucional (TC), solicitó ante el Poder Judicial que se extienda la aplicación de su derecho de gracia que recibió con su indulto humanitario para que no sea procesado por el caso Pativilca.

Antes que se le otorgara la palabra, fue su abogado Elio Riera quien solicitó a la sala de magistrado que se aplicara los mismos motivos por los cuales fue indultado para que se le aparte del proceso judicial. Fujimori insistió en este pedido.

“Yo solicito, apoyando a mi defensa, que se respete el derecho de gracia, pero manifiesto explícita y claramente mi disposición a participar en estas audiencias para que se conozca la verdad, por qué estos militares eliminaron a estos inocentes campesinos”, señaló.

Alberto Fujimori reiteró lo que señaló su abogado, indicando que no se le podía procesar por autoría mediata por los crímenes ocurridos contra los seis campesinos que fueron asesinados en Pativilca por militares en 1992.

“Por ejemplo, en el caso Pativilca, en La Cantuta y en todos los otros casos cometidos por el grupo Colina no sabemos si eran inocentes, cuál era la red que manejaba. Por eso es que se dio énfasis en eso y hacer inteligencia no significa as*****to. Hacer inteligencia significa buscar quiénes quieren y una vez reconocidos, capturarlos como se hizo en su momento”, aseguró el exmandatario.

En su participación, también detalló que desde el 2017 cuando se le otorgó el indulto hasta el 2023 se le ha diagnosticado fibrilación auricular y una enfermedad pulmonar que lo hace oxígenodependiente, insistiendo así en su pedido para no ser procesado como acusado.

“No quisiera colisionar con el derecho a la verdad. Soy el primer interesado en que se conozca la verdad. Porque los mandos responsables de las FF.AA., de la PNP y del SIN no ordenaron, no tenían esa política de eliminación y sobre todo de gente inocente como los campesinos de Pativilca”, concluyó.

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El expresidente Alberto Fujimori, quien salió recientemente en libertad por decisión del Tribunal Constitucional (TC), solicitó ante el Poder Judicial que se extienda la aplicación de su derecho de gracia que recibió con su indulto humanitario para que no sea procesado por el caso Pativilca.

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