13/05/2024
|| CONTRALORÍA ACORRALA CUESTIONADO CONCURSO DOCENTE DE LA UNF
Un nuevo escándalo sacude a la Universidad Nacional de Frontera tras la emisión del informe de orientación de oficio N° 004-2024-OCI/5955-SOO por parte de la Contraloría, de fecha 29 de abril de 2024.
Este informe cuestiona seriamente el Concurso Público Nacional de la UNF, publicado el 26 de marzo de este año mediante resolución N° 224-2024-UNF/CO, que tiene por finalidad seleccionar y nombrar a 26 docentes ordinarios para la institución. Las revelaciones del informe ponen en duda la integridad del proceso de selección en curso.
Además, tras un minucioso análisis de las observaciones de la Contraloría, se reafirma la sospecha de que María Jiménez de Benites (Vicepresidente Académico) y Baldemar Tene Farfán (Vicepresidente de Investigación), estarían ejerciendo sus funciones de manera poco transparente y legal. Al parecer, estarían favoreciendo a docentes cuestionados que formaron parte del círculo de confianza de la administración de Raúl Edgardo Natividad Ferrer, conocida por la población sullanera como la ‘gestión de los Chachapoyanos’. Entre estos docentes se encuentran figuras como Wilson Manuel Castro Silupú, Jhony Alberto Gonzales Malca, Luis Ángel Paucar, entre otros. Es importante destacar que esta gestión previa de los chachapoyanos ha sido objeto de fuertes críticas y actualmente está siendo investigada por el Ministerio Público y el Poder Judicial debido a presuntas irregularidades de corrupción.
Un ejemplo evidente de esta conducta sistemática, según quedó registrado en actas, es el respaldo que tanto María Jiménez de Benites como Baldemar Tene Farfán brindaron en dos ocasiones al docente Luis Ángel Paucar, contratado en la gestión de 'los chachapoyanos', luego de ser denunciado de acosar a una alumna sullanera desde que ésta era menor de edad y que generó el repudio unánime de la Perla del Chira.
De manera específica, la Contraloría ha identificado al menos 5 observaciones graves al proceso, agrupadas en 3 situaciones adversas que requieren una respuesta por parte de la entidad, con posibles implicaciones legales, civiles o administrativas.
OBSERVACIÓN 1:
SOSPECHAS DE DIRECCIONAMIENTO PARA 06 PLAZAS DESTINADAS A PROFESIONALES EN TURISMO
La primera situación adversa identificada por la Contraloría se refiere a sospechas de direccionamiento en seis plazas destinadas a profesionales en Turismo. En estas plazas, los requisitos originales establecidos en las bases del concurso fueron alterados de manera arbitraria, lo que limitó significativamente la oportunidad de postulación para los profesionales del campo. La modificación de los requisitos llevó a requerir profesionales con actividades específicas del rubro, lo que resultó en la descalificación de candidatos como Raimundo Ishuiza Tapulima (Licenciado en Administración en Turismo) y Sara Randy Cuzquén Yocya (Licenciada en Turismo y Negocios). A pesar de los reclamos de la Junta de Decanos de los Colegios Profesionales de Licenciados en Turismo del Perú, el Jurado Calificador de la UNF desestimó estas sugerencias. En resumen, estas modificaciones han llevado a descalificaciones injustas basadas en diferencias semánticas en lugar de criterios profesionales esenciales, lo que evidencia una preocupante falta de rigurosidad, coherencia y posible violación de los principios de equidad, legalidad y transparencia en el proceso de selección.
OBSERVACIÓN 2:
UNF INCUMPLE NORMATIVA DE DIFUSIÓN Y RESTRINGE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA EN CONCURSO DOCENTE
En esta situación adversa, la Contraloría identifica que la Universidad Nacional de Frontera (UNF) no cumplió con los requisitos establecidos para la publicación de la convocatoria del concurso docente. Según lo normado, la convocatoria debió ser publicada en el portal del Servicio Nacional de Empleo y en diarios de circulación nacional, regional o local, así como en el Portal Institucional de la UNF, con al menos diez días hábiles de antelación. Sin embargo, la entidad no proporcionó evidencia de dicha publicación, y la Contraloría no encontró registros de la convocatoria en medios digitales durante el período establecido. Esta omisión llevó a la ausencia de postulantes en algunas plazas y a la presentación de un único postulante en otras, lo que pone en peligro la validez legal del proceso y compromete la meritocracia en la admisión y promoción de la carrera docente. Además, la UNF no publicó la Resolución que designó al Jurado Calificador del concurso, infringiendo el principio de acceso permanente a la información pública establecido en la Ley N° 27444.
OBSERVACIÓN 3:
POSIBLE CONFLICTO DE INTERESES POR PARTE DEL JURADO CALIFICADOR DEL CONCURSO PÚBLICO DE LA UNF
La Contraloría detectó un potencial conflicto de intereses en el Jurado Calificador del concurso público de la Universidad Nacional de Frontera (UNF), integrado por Wilson Manuel Castro Silupú como Presidente, Susana Soledad Chinchay Villarreyes como Secretaria, Marlon Martín Mogollón Taboada como Vocal y William Rolando Miranda Zamora como Suplente. La preocupación radica en que tres de estos miembros también ocupan cargos en el Tribunal de Honor de la UNF. Específicamente, Mogollón Taboada preside el Tribunal de Honor, mientras que Castro Silupú y Chinchay Villarreyes son miembros del mismo.
La situación plantea un claro conflicto de interés, ya que los miembros del Jurado Calificador, Mogollón Taboada, Castro Silupú y Chinchay Villarreyes, también ocupan roles en el Tribunal de Honor de la UNF. Esto significa que podrían estar en la posición de juzgar casos éticos relacionados con miembros de la comunidad universitaria, al tiempo que participan en la selección de docentes, lo que podría comprometer su imparcialidad y objetividad en el proceso de contratación. Esta situación podría generar conflictos de interés en el concurso actual y vulnerar normativas institucionales, como el artículo 19° del Reglamento para Concurso Público Nacional de la UNF. Además, podría constituir infracciones según el artículo 6° del Reglamento de Ética de la UNF y el artículo 75° de la Ley N° 30220.
OBSERVACIÓN 4:
POSIBLE CONFLICTO DE INTERESES DESDE LA VICEPRESIDENCIA DE INVESTIGACIÓN
La Contraloría descubrió que Jhony Alberto Gonzales Malca (asesor del Vicepresidente de Investigación de la UNF, Valdemar Tene Farfán) se inscribió como candidato para la plaza N° 5 del mencionado concurso docente. Según el órgano de control, su participación en el concurso vulnera directamente el principio de integridad del proceso, ya que que en 2023 Gonzales Malaca fue acreditado por el actual Presidente del Jurado Calificador, Wilson Manuel Castro Silupú, como gestor del proyecto de investigación "Sistema Prototipo de Determinación de Calidad de Taza para Café: Estudio de Técnicas Deep Learning". A propósito, es también relevante destacar que Wilson Castro y Gonzales Malca fueron personal de confianza de la extinta gestión de los Chachapoyanos, liderada por Raúl Edgardo Natividad Ferrer.
El problema es todavía más complejo, ya que el 16 de febrero de 2024, Wilson Manuel Castro Silupú, el actual Presidente del Jurado Calificador, fue nombrado Director del Instituto de Investigación en Biotecnología Alimentaria y Biodiversidad de la UNF, según la Resolución N° 124-2024-UNF/CO, una oficina dependiente de la Vicepresidencia de Investigación liderada por Valdemar Tene Farfán. Esta designación revela una estructura jerárquica en la que Valdemar Tene Farfán ocupa la máxima posición, seguido por Gonzales Malca, y finalmente Wilson Castro. Esta configuración plantea un potencial conflicto de interés, ya que el Presidente del Jurado Calificador podría estar evaluando a alguien directamente subordinado a su superior jerárquico.
Esto, según la Contraloría, plantea serías dudas sobre la transparencia y legalidad del concurso, puesto que todos los servidores civiles que participen en los procesos de selección, ya sea como operadores, gestores o postulantes, deben regir su actuación conforme a los valores de integridad, honestidad e imparcialidad, priorizando siempre el interés público. Además, sugiere la sospechosa inacción de parte del Vicepresidente de Investigación, Valdemar Tene Farfán, quien dispone de las facultades pertinentes para evitar estos hechos que ahora son materia de graves cuestionamientos por los miembros de la comunidad de la UNF, la provincia de Sullana, y la prensa regional.
OBSERVACIÓN 5:
POSIBLE CONFLICTO DE INTERESES DESDE LA VICEPRESIDENCIA DE ACADÉMICA
La última observación de la Contraloría se centra en tres figuras claves: Yesenia Saavedra Navarro (ex directora del Departamento Académico de Matemática y Estadística), Marlon Martín Mogollón Taboada (actual responsable del mismo cargo y Vocal del Jurado Calificador del Concurso Docente) y María Jiménez de Benites (Vicepresidenta Académica de la UNF).
Según Contraloría, Saavedra Navarro presentó su renuncia como directora del Departamento Académico de Matemática y Estadística de la UNF el día 15 de marzo de 2024, diez días antes del inicio del Concurso Docente. Sin embargo, su dimisión no se hizo efectiva hasta el 27 de marzo. Durante este período de transición, que abarcó casi dos semanas, Marlon Martín Mogollón Taboada asumió funciones de coordinador del departamento sin contar con una resolución que respaldara legalmente sus acciones. Un ejemplo concreto de esta situación ocurrió el 20 de marzo, cuando Mogollón Taboada envió a María Jiménez de Benites los perfiles de los docentes requeridos por su facultad, los cuales fueron elaborados por Yesenia Saavedra Navarro. Es importante destacar que Saavedra Navarro, tras la aceptación de su renuncia, se inscribió como postulante en el concurso en una de las plazas cuyo perfil previamente fue elaborado por su despacho. Es decir, una vez más, un alto funcionario de la UNF actuó como juez y parte dentro del Concurso Docente.
Contraloría advierte que María Jiménez de Benites, en su calidad de Vicepresidenta Académica, no habría cumplido adecuadamente con sus atribuciones de coordinar y gestionar los procesos de selección de docentes universitarios. En lugar de alertar sobre las irregularidades detectadas, habría continuado con los actos preparatorios del concurso, como lo demuestra el envío del Reglamento y Bases del Concurso Público para su aprobación, incluso después de que surgieran las primeras inconsistencias. Esta aparente omisión por parte de la Vicepresidenta Académica habría contribuido a la vulneración de los principios de integridad, honestidad, transparencia e imparcialidad en el proceso de selección de personal docente en la Universidad Nacional de Frontera.
CONCLUSIONES:
El informe de la Contraloría revela una serie de irregularidades que ponen en entredicho la transparencia y la legalidad del Concurso Público Nacional llevado a cabo por la Universidad Nacional de Frontera (UNF) para la selección de 26 docentes ordinarios. En el trasfondo de estas observaciones se vislumbra una posible injerencia de dos vicepresidentes universitarios, María Jiménez de Benites y Baldemar Tene Farfán, en favor de individuos vinculados a la gestión anterior de la UNF, conocida como la "gestión de los Chachapoyanos", liderada por Raúl Edgardo Natividad Ferrer.
Ante este panorama, es imperativo que el Ministerio Público y la fiscalía especializada correspondiente intervengan para investigar a fondo estas irregularidades y determinar si existen responsabilidades legales, civiles o administrativas. Es necesario garantizar la integridad de los procesos de selección en las instituciones educativas y proteger los principios de equidad, legalidad y transparencia, fundamentales para el adecuado funcionamiento de la educación superior en el país.
