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Comunicación política.

02/04/2024
En el año 2023 la crisis política alimentada por el gobierno y el parlamento de manera laboriosa ha tenido impacto en va...
05/01/2024

En el año 2023 la crisis política alimentada por el gobierno y el parlamento de manera laboriosa ha tenido impacto en varias esferas de la sociedad, es decir, no se quedó, como pensaban muchos, solo en el ámbito de lo político. El resultado es un caos político por el gran desorden e incertidumbre que pone en cuestión al sistema político.
Los intereses de la clase política, si es que podemos denominarla así, se centró en su esfuerzo desesperado por llegar hasta el 2026 cueste lo que cueste y lograr la impunidad de sus líderes políticos y de muchos de ellos mediante el control de los órganos de administración de la justicia. Además, tienen la expectativa de lograr la continuidad en el poder en el próximo periodo para lo cual montaron una estrategia para lograr el control de los órganos electorales e implementado una contrarreforma política que le garantice el control vertical y antidemocrático de sus organizaciones políticas.
La llamada “estabilidad democrática” que pregona la presidenta y su compinche Otárola es que ya no hay un permanente enfrentamiento entre el ejecutivo y legislativo, es decir, dejan constancia de haber montado un coalición autoritaria y corrupta para el logro de sus objetivos: mantenerse en el poder hasta el 2026 y la impunidad de los delitos de sus lideres y partidarios.
Hacer el balance del año 2023, es a su vez un balance del primer año de gobierno de la presidenta Boluarte. El periodo presidencial que inicio Pedro Castillo y continuó Dina Boluarte ha sido trágico para el país. La situación actual es la mejor evidencia de ello. En la primera etapa de gobierno Pedro Castillo no solo fue un presidente débil políticamente sino inepto, la segunda etapa al mando de Boluarte también es débil y precario a pesar de haber constituido una coalición en la cual es una subordinada a las decisiones de quienes tienen el control político del parlamento, que, además, fueron los que perdieron las elecciones generales. Es decir, los perdedores ahora son gobierno.
Los principales hechos que han marcado el año 2023, es la muestra de esta nueva situación: 1) la represión a fuego y sangre de las movilizaciones que rechazan al gobierno y al Congreso, 2) el deterioro creciente del Estado de derecho y de la institucionalidad democrática, 3) la recesión económica, 4) el aumento de la pobreza y pobreza extrema, 5) la permanente inestabilidad política generada por el gobierno y parlamento, 6) la inseguridad alimentaria, 7) el incremento de la violencia criminal de las bandas nacionales e internacionales, 8) la develación de la presunta red criminal encabezada por la suspendida Fiscal de la Nación que compromete a la coalición de gobierno, y finalmente, 8) la libertad de Alberto Fujimori decidido por el Tribunal Constitucional que confirma a que intereses representa.
Crisis y caos político
El año 2023 podemos caracterizarlo como el año del caos político, aunque habría que definir la naturaleza del “caos político” como concepto en la sociedad actual. Como dice la profesora Lilén Gómez (2022), la figura del caos, en la Grecia antigua, se asocia fundamentalmente a lo político, aunque también se usa para explicar problemas en las ciencia naturales.
El concepto de "caos político" no parece ser un término ampliamente utilizado o teorizado en el ámbito de la política. Sin embargo, se puede inferir que el caos político se refiere a una situación en la que la política se caracteriza por su complejidad, inestabilidad y falta de predictibilidad. Algunos autores han abordado el tema de la política en relación con la teoría del caos, como Cornelius Castoriadis, quien ha analizado el imaginario social institucional y la política en su contexto de caos.
La teoría del caos ha sido utilizada para analizar situaciones de turbulencia en la política y la sociedad y de cambios rápidos en el sistema político como en el caso de la protesta popular y el enfrentamiento político en algunos países.
Los conceptos de “estabilidad política” e “inestabilidad política” obviamente tienen que ver con el caos político, ya que la inestabilidad política genera el caos político. La teoría de sistemas afirma que al sistema le atribuimos la cualidad tanto de organizarse como de desorganizarse para volver a realizar esa doble función en forma sucesiva.
Andrés Moreno nos habla de la Teoría del Caos Social, como el estudio de los sistemas inestables, en los que, dados determinados procesos naturales, pequeños cambios en las condiciones iniciales conducen a enormes discrepancias en los resultados. ¿Es el sistema político en el Perú, un sistema caótico?
El caos político es resultado de la profundización de la crisis política como expresión de la crisis de representación que lleva varios años y que se fragua a partir de la mitad de la década de los 90 en el Perú. Para mayor detalle de ello véase mi libro “Crisis de representación y reforma política en el Perú” (2020). Una crisis es un proceso en el cual el orden de las cosas se va degradando de tal manera, que la propia supervivencia del orden político y social se pone en entredicho hasta llegar a plantearse la alternativa de sustituirlo por otro (Medellín, 2022).
Al presentar el balance de gestión 2023, la presidenta Dina Boluarte, enfatizó que su gestión gubernamental logró la estabilidad democrática que tanto necesita el país, ello a través de un sistema de pesos y contrapesos con los otros poderes del Estado, dejando a atrás enfrentamiento con el Legislativo. Es decir, la estabilidad democrática de Boluarte se reduce a que ya no hay enfrentamiento entre ejecutivo y legislativo, precisando que los pesos y contrapesos ha desaparecido.
La presidenta de Perú, Dina Boluarte, fue catalogada como el personaje más negativo de 2023, según una encuesta realizada por Datum Internacional de diciembre 2023, donde alcanzó el 38% de menciones en esta categoría. La encuesta también reveló una baja aprobación presidencial, situándose en 9%. Detrás de Boluarte, el expresidente Pedro Castillo y la excandidata presidencial Keiko Fujimori fueron también señalados entre los personajes más negativos, con 11% y 8%, respectivamente.
Castillo vs. Boluarte
La pregunta es: ¿a un año de asumir el mando del país el gobierno de la presidenta Dina Boluarte y su premier Alberto Otárola tenemos un balance positivo de su gobierno? ¿Ha sido un mejor gobierno que el de su predecesor Pedro Castillo?
La respuesta a la primera pregunta es no. No lo digo yo sino la mayoría de los peruanos y los hechos que ha producido este gobierno mencionados líneas arriba lo demuestran.
La presidenta de Perú, Dina Boluarte, ha sido catalogada como el personaje más negativo de 2023, según la encuesta realizada por Datum Internacional de diciembre 2023, donde alcanzó el 38% de menciones en esta categoría. La encuesta también reveló una baja aprobación presidencial, situándose en 9%. Detrás de Boluarte, el expresidente Pedro Castillo y la excandidata presidencial Keiko Fujimori fueron también señalados entre los personajes más negativos del 2023, con 11% y 8%, respectivamente.
En la última encuesta de diciembre del Instituto de Estudios Peruanos respecto de lo que la gente piensa y siente al terminar el año 2023, muestra que Dina Boluarte, pasó de tener un 71% de desaprobación en enero a culminar este año con 84% de desaprobación a su gobierno. La aprobación pasó de 19% al 9%, en un año. La tendencia de las encuestas de varias de las encuestadoras muestra lo imposible que sería revertir esta situación.
La línea de conducta tanto del ejecutivo como del legislativo es seguir echando más leña al fuego, no les interesan, de manera contradictoria, los costos políticos de sus actuación. En el próximo periodo electoral es muy posible que desaparezcan del mapa político la mayoría de los partidos del actual parlamento, salvo el fujimorismo por otras razones.
Respecto de la segunda pregunta la respuesta es también negativa. El gobierno de Dina Boluarte es peor que el de Pedro Castillo, este cuando cumplió un año de gobierno tenía 24% de aprobación y 67% de desaprobación.
¿Estamos mejor que en el gobierno de Pedro Castillo? Las encuestan muestran que no. Que dice ahora los gremios empresariales que aplaudían a Dina Boluarte el 7 de diciembre del 2022 y que han hecho mutis durante todo un año respecto de sus gestión de gobierno, del mismo modo que dicen los partidos y la derecha al respecto o los medios concentrados.
La encuesta dice, además, que el 73% afirma que la situación económica está peor que hace un año, el 69% que la situación política está peor, el 81% considera que la seguridad está peor y el 68% considera que la corrupción aumentó en comparación al año anterior.
Respecto de la gestión del primer año del gobierno de Boluarte el 76% de los encuestados afirma que ha sido malo o muy malo, mientras que solamente el 4% cree que ha sido un buen año de gestión.
En el caso del Congreso la encuesta muestra que la desaprobación del Congreso pasó del 88% en enero al 91% en diciembre del 2023; mientras que su aprobación bajó del 9% al 5% en el mismo periodo. De que estabilidad democrática estamos hablando. Hemos pasado de Guatemala a Guatepeor en un año.
Expectativas para el 2024
La situación de deterioro político del régimen continua, no hay señales claras que la recesión económica pueda ser superada el 2024, habrá lo que llaman un rebote muy leve. El caos político puede aumentar el 2024 lo que podría generar una situación crítica que acelere la articulación de una respuesta más contundente del movimiento social y político y que obligue a la izquierda a articularse políticamente.
El movimiento social y político de oposición al gobierno y al parlamento esta desgastado, golpeado por la brutal represión, las amenazas y la impunidad de los asesinatos cometidos por las fuerzas policiales y militares. Las últimas movilizaciones no tienen la dimensión ni el empuje de las anteriores. La centralización y convocatoria de las acciones de lucha es débil. Los colectivos ciudadanos y las organizaciones políticas del campo de la izquierda no logran articular una coalición que sea capaz de jaquear a la coalición de la derecha y de la corrupción.
La izquierda esta debilitada y desacreditada por el supuesto gobierno de izquierda que encabezó Pedro Castillo y Perú Libre. Es necesario deslindar y construir una alternativa de gobierno que recoja las demandas de los movimientos sociales regionales que han emergido en el último periodo. Las distintas iniciativas en curso de organización política desde la izquierda deben ir hacia una gran confluencia de unidad para prepararse y ser alternativa en el próximo periodo.
P350-30/12/23

18/11/2022

III 𝗖𝗢𝗡𝗙𝗘𝗥𝗘𝗡𝗖𝗜𝗔 𝗜𝗡𝗧𝗘𝗥𝗡𝗔𝗖𝗜𝗢𝗡𝗔𝗟
Participa en la conferencia virtual "REDES SOCIALES EN LAS CAMPAÑAS ELECTORALES MUNICIPALES Y REGIONALES EN COLOMBIA Y MÉXICO", organizada por CERSEU LETRAS y el Grupo de Investigación ComOrg.
🗓 23 de noviembre
⏰ 6 p.m.
¡Te esperamos!
📌 Comparte para llegar a más personas.
No te olvides de seguirnos en https://www.facebook.com/ComOrgUNMSM

08/09/2022

Programa en RCR TV sobre temas de descentralización, reforma del Estado, desarrollo regional y local

20/05/2022

Este sábado un programa imperdible sobre la situación de la minería y el canon a propósito de los conflictos mineros y los proyectos de ley que pretenden modificar la distribución del canon minero. PERÚ 203O a las 9 am por Radio Sta Rosa.

21/04/2022

Uno de los problemas que debe enfrentar el gobierno de Castillo, en lo inmediato, es una grave crisis alimentaria que se está procesando. Se pronostica que en los siguientes meses la producción agropecuaria caería en 40%. El principal problema es la subida de los fertilizantes y otros insumos que usan los agricultores. Las siembras disminuirán por dichos costos. También, los insumos para la crianza del ganado han subido en 70%.
No olvidemos que el 80% de la canasta familiar de los peruanos la produce la agricultura familiar. Escasez de alimentos más alza de precios es un petardo que podría traer abajo a cualquier gobierno si es que no se toman las medidas más eficaces y rápidas para enfrentarlo. Se ha dicho que las medidas del gobierno y del parlamento sobre las exoneraciones del IGV en algunos alimentos de la canasta familiar no tendría mayor impacto.
El contexto internacional
Este no es una fenómeno solo del Perú o del gobierno de Castillo es un problema internacional como ya lo advirtió la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el año pasado. Señaló, además, que tres países de América podrían enfrentar una grave crisis alimentaria este año debido a la inestabilidad económica, el desplazamiento, la violencia y la inestabilidad política en la región: Colombia, Haití y Honduras.
La Agencia Reuters informó que el conflicto en Ucrania está amenazando la producción mundial de granos, el suministro de aceites comestibles y las exportaciones de fertilizantes, disparando los precios de los productos básicos y reflejando la crisis en los mercados energéticos. Indica, además, que el aceite de palma es el aceite vegetal más utilizado en el mundo, se usa en la fabricación de muchos productos, como galletas, margarina, detergentes y chocolate. Sus precios han aumentado más del 50% este año. Los precios mundiales de los alimentos tocaron un máximo histórico en febrero, con un aumento interanual de 20.7%, según la agencia de alimentos de Naciones Unidas, mientras que muchos mercados han seguido subiendo. Rusia y Ucrania son los principales productores mundiales de aceite de girasol, con casi el 80% de las exportaciones.
La FAO informa que la crisis sanitaria ha afectado a los sistemas alimentarios y ha amenazado el acceso de las personas a los alimentos a través de múltiples dinámicas. Señala que han producido no solo importantes perturbaciones en las cadenas de suministro de alimentos a raíz de los confinamientos desencadenados por la crisis sanitaria mundial, sino también, una gran desaceleración económica mundial. Precisa que esta crisis ha provocado la reducción de los ingresos y el aumento de los precios de algunos alimentos, por lo que los alimentos han quedado fuera del alcance de muchas personas, se ha menoscabado el derecho a la alimentación y se han frenado los esfuerzos por cumplir el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 2: “Hambre cero”.
El 37.º período de sesiones de la Conferencia Regional de la FAO para América Latina y el Caribe, señala que en el período 2022-23, cinco tendencias principales establecerán las bases para el enfoque programático de la FAO en América Latina y el Caribe: i) la persistencia de la pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) y sus consecuencias socioeconómicas; ii) la recuperación económica, que es irregular y menos dinámica de lo previsto; iii) el aumento de las tasas de pobreza, hambre e inseguridad alimentaria; iv) el aumento de la desigualdad entre los países y dentro de ellos; v) la degradación de los recursos naturales y los ecosistemas, las repercusiones de la crisis climática y el aumento de la frecuencia e intensidad de los desastres y perturbaciones.
La FAO, también señala, que la recuperación económica viene acompañada de una presión inflacionaria para la mayoría de las economías. Los precios de los alimentos, que habían aumentado ya antes de la pandemia, son ahora una parte fundamental de esta tendencia. Asimismo, dice que las economías emergentes —países importadores netos de alimentos— y las economías de bajos ingresos que hacen frente a la pandemia se verán significativamente afectadas por el aumento del precio de los alimentos, lo que agravará las tendencias de incremento del hambre, la inseguridad alimentaria, la pobreza y las desigualdades.
Las medidas del gobierno en el sector agrario
El gobierno ha continuado con la reactivación agraria mediante el FAE-Agrario, luego ha propuesto la II Reforma Agraria, finalmente, ha declarado en emergencia el sector agrario y la exoneración del IGV a algunos productos de la canasta familiar. Agreguemos que en 9 meses ha cambiado al ministro de Agricultura 3 veces.
En julio del 2020 se creó el Fondo de Apoyo Empresarial al Sector Agro (FAE-Agro), El balance es pobre a pesar de que se ha relanzado varias veces. Cofide informa que, al cierre del 31 de diciembre del 2021, el programa alcanzó a solo 11.300 productores agropecuarios, un 4% del total de 270.000 que se esperaba beneficiar. El alcance fue de apenas 0,51% del total de 2,2 millones de agricultores que hay en el país. Desde sus inicios, el FAE-Agro ha asignado S/ 192,5 millones en garantías, cuando el fondo total disponible es de S/ 2.200 millones. Sólo hay un avance de 9,6%.
Por otro lado, está la denominada “Segunda Reforma Agraria” se propone promoverá una mayor inclusión social de los pequeños productores de Agricultura Familiar, que suministran más del 80 por ciento de los alimentos que consumen los casi 32 millones de peruanos. Tiene nueve ejes centrales que contemplan medidas concretas para promover la competitividad de los pequeños productores, y mejorar su productividad, lo que les permitirá acceder a nuevos mercados y obtener mayores ingresos en beneficio de las familias campesinas.
En noviembre del año pasado se promulgó el Decreto Supremo N° 022-2021-MIDAGRI que aprueba los Lineamientos de la Segunda Reforma Agraria que aprueba 5 lineamientos de acción. Sin embargo, recién empezará a implementarse a partir de declarar en emergencia nacional el agro y que se complementaría con un paquete de 10 decretos supremos relacionados con el financiamiento agrario, la conservación de los recursos naturales, la seguridad hídrica, entre otros.
El 19 de marzo se publicó el Decreto Supremo que declara en Emergencia el Sector Agrario y de Riego, el dispositivo legal se establece la emergencia el sector agrario y de riego a nivel nacional por 120 días calendario, por los efectos generados por la COVID-19, el incremento de los precios de los insumos agrarios a nivel internacional, agravado por los conflictos internacionales que impactan negativamente en el agro peruano, en la economía nacional y en la seguridad alimentaria.
En dicha decreto se establece que el MIDAGRI deberá aprobar el Plan de Emergencia Agraria, el cual se aprobó el 9 de abril mediante resolución ministerial Nº 0140-2022-MIDAGRI, donde se han consignado hasta 39 acciones para potenciar la actividad agropecuaria a nivel nacional.
Estamos entrando a una fase crítica y las acciones de gobierno, en el mejor de los casos, estarían en sus inicios. El sector agrario ya está en pie de lucha ha realizado movilizaciones y paros. Los acontecimiento van mucho más rápido que las medidas del gobierno. Ya el Comité de Lucha Nacional Agrario, que reúne a varios gremios ha convocado a un paro preventivo nacional para el jueves 21 de abril con una plataforma de 5 puntos gremiales y políticos. La situación se presenta muy difícil.

FP/267/16/04/22

15/04/2022

¿Estamos frente al inicio de una grave crisis económica que tendrá impacto decisivo en la economía popular? Es el tema de la mesa central de PERÚ 2030 esta sábado 16 a las 9 de la mañana por radio Santa Rosa y en directo por este Facebook.

08/04/2022

Este sábado 9 no te pierdas el programa PERÚ 2030 por radio Santa Rosa y en directo por el Facebook de PERÚ 2030.

01/04/2022

No te pierdas este sábado a las 9 de la mañana por radio Santa Rosa la entrevista exclusiva al presidente de CANATUR Carlos Canales. PERÚ 2030.

11/02/2022

Este sábado 12 a las 9 am. no te pierdas PERÚ 2030 con el análisis del cuarto gabinete de Pedro Castillo. Problemas y perspectivas para la gobernabilidad del país.

05/02/2022

El presidente Pedro Castillo confesó y reconoció, en las entrevistas que concedió, que no estuvo preparado para gobernar y que está aprendiendo a hacerlo. Esto ya lo sabíamos desde la segunda vuelta, no es ninguna novedad. Hay que decirlo, además, que ninguno de los presidentes anteriores lo estuvo y lo que aprendieron rápido fue robar y terminaron donde están, salvo error u omisión.
El gran problema político de nuestro tiempo es la capacidad de gobierno lo que es un problema mundial, no del segundo o tercer mundo, tal como lo señala Carlos Matus (2008) en su libro “El Líder sin Estado Mayor”.
Es el caso del gobierno de Pedro Castillo, que tiene el problema de capacidad de gobierno, tanto personales como institucionales. El tema de las capacidades de gobierno es ya un tema harto discutido en la literatura internacional. Spinelli (2012) nos precisa que las capacidades de gobierno personales (experiencia, liderazgo y conocimiento) y las capacidades de gobierno institucionales (capital organizativo disponible) están en relación con lo político y las políticas.
Este problema se da tanto en los ministerios como en los gobiernos regionales y municipales. No es de ahora, se ha producido en todos los gobiernos que fueron y en toda América Latina. El Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD), organismo intergubernamental a la cual pertenece el Perú, ha realizado amplio estudio sobre ello desde el 2009 y ha propuesto el Fortalecimiento del Alto Gobierno, lo cual ya es una tendencia en los gobierno contemporáneos.
En el Perú la oficina presidencial se denomina Despacho Presidencial, tal como lo establece la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Es un nombre tradicional que se viene arrastrando desde hace mucho tiempo, no es un lugar donde atiende el presidente a sus visitantes o funcionarios, como son propiamente los “despachos”. Hoy en día a las oficinas del presidente se le denomina Oficina del Gobernante, Alta Dirección Pública (ADP) o Centro de Gobierno (CdeG).
Estamos hablando de un conjunto de funcionarios de primera línea de las administraciones gubernamentales que actúa en su rol de “vaso comunicante” entre las esferas políticas y la burocracia. Son los responsables de gestionar estratégica y operativamente una organización estatal y su entorno político (Zuvanic, 2016).
Recientemente el Despacho Presidencial, estuvo a cargo de un maestro de secundaria que tuvo que renunciar por inconducta funcional y para que se haga cargo de la secretaria general el presidente tuvo que modificar el ROF ya que no cumplía con el perfil profesional. Obviamente, el soporte técnico-político fue cero, muy por el contrario, dañó la figura presidencial. No se le puede pedir peras al olmo.
El Despacho Presidencial tiene 322 empleados, como se puede observar en el Cuadro de Asignación de Personal (CAP), cerca del 96% están dedicados a labores administrativas y operativas. Diríamos que tiene un exceso de personal que debería reducirse a la mitad. Entendemos que sucesivas administraciones han contribuido a su crecimiento indiscriminado.
El Despacho Presidencial, conforme lo establece el artículo 9 de la Ley 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (LOPE), es la unidad responsable de la asistencia técnica y administrativa de la Presidencia de la República para el cumplimiento de sus competencias y funciones. Dice “asistencia técnica”, no “asistencia política” y ahí está el problema. Su ROF establece las funciones generales, estructura orgánica, así como sus relaciones entre los órganos que la integran y su vinculación con las entidades públicas y privadas. El error esta, también, en la concepción y diseño del ROF en donde se establece su organización y funciones.
Tenemos una oficina del presidente mal diseñada y débil en sus capacidades, incapaz de brindar el soporte técnico-político al presidente para la toma de decisiones de gobierno ya que privilegió el aspecto administrativo-operativo sobre lo técnico-político. Débil para conducir a su gabinete ministerial. Pareciera que fue diseñada para tener un presidente disminuido para la conducción de gobierno o que la Presidencia del Consejo de Ministros, que a partir de la LOPE es un ministerio, tuviera todo el control y manejo de gobierno. Se podría sostener que es suficiente con lo que pueda aportar la PCM en este sentido, el problema es que el presidente, conforme el artículo 8 de la LOPE es jefe de Estado y jefe del Poder Ejecutivo. En consecuencia, no puede estar sujeto a las determinaciones de la PCM, sino al revés.
Las oficinas de los gobernantes en América Latina, dice Matus, están en general mal diseñadas y son débiles en sus capacidades. Precisa, son débiles tanto en el diseño organizativo como en sus métodos de trabajo. El Despacho Presidencial actual es una muestra de ello.
Las medidas correctivas para ello pasan por crear un CdeG en lugar de la unidad denominada Despacho Presidencial con el objeto de proveer un apoyo y asesoramiento técnico y político directo a la máxima autoridad política en la cumbre del Poder Ejecutivo. Ello implica un nuevo Reglamento de Organización y Funciones (ROF) para la nueva unidad. Sus funciones básicas deben ser dos: generar certidumbre de que el gobierno puede gobernar y lograr que el gobierno, como un todo, genere resultados valiosos para la sociedad y que efectivamente sean percibidos como tales (Cunill y Fernández, 2011). Asimismo, se requiere la racionalización del personal, reduciendo el exceso y mejorando su asignación para una eficiente y eficaz gestión.
El CdeG como unidad de soporte a la gestión de gobierno debe organizarse en tres principales áreas: 1. Área de asesoría política y gestión de gobierno. 2. Área administrativa y legal como soporte a lo anterior. 3. Área de comunicación de gobierno. Son estas áreas las que requieren ser dotadas de personal altamente calificado y con experiencia en la administración pública y en la gestión política.
Los objetivos del CdeG son: a. Asistir a la Presidencia en la gestión de la gobernabilidad en una situación de crisis económica, social y política producto de la pandemia y debilidad institucional y política del sistema político. b. Gestión de la política general de gobierno 2021-2026. c. Evitar el aislamiento político y debilitamiento del presidente frente a la derecha política y los poderes fácticos que no aceptan un gobierno de izquierda. d. Dotar de capacidad de respuesta política del presidente frente a los acontecimientos políticos. e. Resolver las posibles crisis políticas que se presenten mediante estrategias de contención y de reparación de la imagen del presidente. f. Enfrentar la resistencia al gobierno formulando y poniendo la agenda política, así como desarrollando un sistema de alianzas estratégicas políticas, sociales y gremiales alrededor de esta agenda política.
FP/255/22/01/22

04/02/2022

Este sábado 5 a las 9 de la mañana los esperamos en PERÚ 2030 para analizar la situación del actual gobierno.

19/01/2022

Esta semana el Congreso puso en agenda los dos dictámenes aprobados por la Comisión de Educación con el objeto de dar marcha atrás con la reforma universitaria. Frente a ello, la presidente del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, se pronunció en contra luego de la sesión del Consejo de Ministros del miércoles.
La escalada en contra de la reforma universitaria está liderada por el presidente de la Comisión de Educación del Congreso y parte de sus miembros que tienen intereses con varias de las universidades que no fueron licenciadas e inclusive de las que fueron licenciadas. Una muestra de ello es el dictamen de la Comisión de Educación sobre los proyectos de ley 697, 862 y 908, por el cual se “restablece la autonomía e institucionalidad de las universidades peruanas”. Iniciativas legislativas de Renovación Popular y de Perú Libre. Para esta escalada los extremos se juntan. Se propone que una parte del Consejo Directivo sean representantes de las universidades públicas y privadas.
En realidad, el tema de fondo, promovido por las universidades privadas, sobre todo por las 46 que no fueron licenciadas, es de naturaleza económica, puesto que la ley obliga a invertir buena parte de la renta que obtienen en tener como mínimo un 25% de profesores a tiempo completo e invertir en infraestructura para la investigación y formación de calidad. Todo ello establecido en las 8 Condiciones Básicas de Calidad (CBC) que deben cumplir. El control de la SUNEDU es clave para modificar las reglas de juego de acuerdo con su conveniencia.
Luego de más de 30 años fue posible en el 2013 la reforma universitaria. Innumerables proyectos de ley que se presentaron durante varios periodos parlamentarios fueron encarpetados. Todos bloqueados sobre todo en los últimos 15 años. Se decía que detrás de ello había un gigantesco lobby de los dueños de ciertas universidades privadas que habían acumulado mucho dinero a expensas de los anhelos de los estudiantes.
Por fin, el 9 de julio del 2014 se promulgó la nueva Ley Universitaria 30220 (LU). La Comisión de Educación, presidida por el congresista Daniel Mora logró tamaña hazaña contra viento y marea. La oposición a la ley fue feroz, se utilizó todo tipo de armas para impedir que la ley fuera aprobada. Tuvimos la suerte de estar presente en la elaboración de dicha norma, así como en el debate y aprobación en el pleno del Congreso.
Todos los argumentos para justificar el desmontaje de la reforma universitaria son precarios y desdeñables. No hay un solo argumento válido. El 13 de diciembre 16 universidades públicas y privadas, frente a los dictámenes de la Comisión de Educación, publicaron un comunicado en defensa de la calidad universitaria y de la SUNEDU. Posteriormente el 18, la UNI publicó un comunicado por la calidad de la educación universitaria y en contra de los “sectores mercantilistas de la educación universitaria”. Propuso, además, que el Superintendente de la SUNEDU sea elegido por votación universal de docentes y estudiantes. El 19 la UNMSM publicó su comunicado en defensa de la autonomía universitaria como garantía de la calidad educativa, afirmando que la SUNEDU afecta “el principio de la autonomía universitaria”.
El tema de la vulneración de autonomía universitaria es el principal argumento contra la SUNEDU. El problema es que nunca se dice como es que lo afecta. Creo que es necesario citar en extenso lo que dice el artículo 8 de la LU para traerse abajo dicho argumento.
Dicho artículo establece que: “El Estado reconoce la autonomía universitaria. La autonomía inherente a las universidades se ejerce de conformidad con lo establecido en la Constitución, la presente Ley y demás normativa aplicable. Esta autonomía se manifiesta en los siguientes regímenes: 8.1 Normativo, implica la potestad autodeterminativa para la creación de normas internas (estatuto y reglamentos) destinadas a regular la institución universitaria. 8.2 De gobierno, implica la potestad autodeterminativa para estructurar, organizar y conducir la institución universitaria, con atención a su naturaleza, características y necesidades. Es formalmente dependiente del régimen normativo. 8.3 Académico, implica la potestad autodeterminativa para fijar el marco del proceso de enseñanza-aprendizaje dentro de la institución universitaria. Supone el señalamiento de los planes de estudios, programas de investigación, formas de ingreso y egreso de la institución, etc. Es formalmente dependiente del régimen normativo y es la expresión más acabada de la razón de ser de la actividad universitaria. 8.4 Administrativo, implica la potestad autodeterminativa para establecer los principios, técnicas y prácticas de sistemas de gestión, tendientes a facilitar la consecución de los fines de la institución universitaria, incluyendo la organización y administración del escalafón de su personal docente y administrativo. 8.5 Económico, implica la potestad autodeterminativa para administrar y disponer del patrimonio institucional; así como para fijar los criterios de generación y aplicación de los recursos.”
La SUNEDU viola el artículo 8 de la LU. La respuesta es NO. Aclaremos que no existe autonomía absoluta en ninguna entidad pública, las autonomías son siempre relativas. Es decir, que son conforme a ley. La ley establece los límites de la autonomía de aquellas entidades que la tienen.
La fuente del fundamento del artículo 8 está en una sentencia del Tribunal Constitucional (EXP. N.º 4232-2004-AA/TC del año 2005) que en su numeral 28 establece que “La autonomía inherente a las universidades se ejerce de conformidad con lo establecido en la Constitución y las leyes. Esta autonomía se manifiesta en los siguientes cinco planos...” que son los que redactamos para el artículo 8 de la LU.
Posteriormente en el 2015 se presentaron varias demandas en contra de la LU, por el Colegio de Abogados de Lima y de Lima Norte y por Martha Chávez y suscrita por los congresistas del fujimorismo y del Apra, principalmente. El TC falló en contra de estas demandas.
El segundo argumento es el de la representación. Se dice que el Consejo Directivo de la SUNEDU, que es el órgano máximo y de mayor jerarquía, no es representativo de las universidades públicas y privadas. Dicen que no son elegidos por las universidades públicas y privadas, sino designados. Ello porque Superintendente de la SUNEDU, que es la máxima autoridad ejecutiva de la entidad y titular del pliego presupuestal, es designado mediante resolución suprema a propuesta del Ministro de Educación. Además, los cinco miembros del Consejo Directivo son designados luego del concurso público de méritos. Se suma el representante designado por el CONCYTEC.
El error de los que proponen que los miembros del SUNEDU deben ser representantes de las universidades públicas y privadas es la confusión sobre la naturaleza de la SUNEDU, ya que este no es un organismo representativo sino un organismo supervisor (art. 13 de la LU). La naturaleza de organismo supervisor es que sus directivos sean plenamente autónomos de los supervisados. No pueden ser juez y parte en el acto de la supervisión, porque se produciría un conflicto de intereses que anula el acto de supervisión. El Estado tiene en funciones varios organismos supervisores de esta naturaleza en varios sectores.
Según el artículo 12 de la LU, la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) es un Organismo Público Técnico Especializado adscrito al Ministerio de Educación, con autonomía técnica, funcional, económica, presupuestal y administrativa, para el ejercicio de sus funciones. Tiene naturaleza jurídica de derecho público interno y constituye pliego presupuestal. Según la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, los Organismo Públicos (OP antes OPD) se crean por ley a iniciativa del Poder Ejecutivo y están adscritas a un ministerio.
Finalmente, otro argumento es la “democratización” del SUNEDU, es decir que sus miembros directivos sean elegidos por elecciones universales, directas y secretas de los profesores y estudiantes de las universidades, tal como se eligen a los rectores o las asambleas universitarias. Nuevamente la confusión entre representación y supervisión. Las elecciones implican elegir representantes, el representante se debe a su representado y debe cumplir con los intereses que le delega. Además, como ocurre en la democracia representativa, ello no garantiza la idoneidad del representante elegido. Se desnaturaliza, de esta forma, lo de organismo técnico especializado y supervisor. El acceso al cargo no por la meritocracia sino por la elección.
El gobierno de Pedro Castillo y el Congreso tiene una gran responsabilidad frente a las universidades y el país. Ello pasa por evitar el desmontaje de los avances de la reforma universitaria que en estos años de su aplicación ha comenzado a dar sus primeros frutos.
FP/9/01/22

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