09/01/2023
EXIGENCIAS SON MÍNIMAS PARA CARGOS PÚBLICOS
La semana pasada, el Congreso de la República aprobó un dictamen que establece requisitos mínimos para la designación de funcionarios de confianza. Si bien existen miles de servidores públicos competentes y probos, los cuestionados nombramientos en posiciones de alta dirección durante los seis primeros meses de gobierno han puesto nuevamente los reflectores sobre los problemas por los que atraviesa el servicio civil peruano para contar con gestores públicos íntegros y capaces de atender efectivamente los retos y las necesidades de la población.
Designaciones sin experiencia
Si bien el inicio de una nueva administración trae consigo inevitablemente la rotación de autoridades en entidades públicas, ello no debería significar el nombramiento de personas sin el grado de especialización que exige el cumplimiento de sus funciones, tal como ha venido ocurriendo.
Por ejemplo, el primer Gabinete de este gobierno estuvo conformado en su gran mayoría por funcionarios sin ningún tipo de experiencia en la administración pública.
En efecto, apenas una de cada cuatro carteras ministeriales fue asumida por personas que alguna vez ocuparon altos cargos dentro del sector público. Esta proporción es la más baja registrada entre los primeros gabinetes al comienzo de una nueva gestión a lo largo de la última década.
Elsa Galarza, directora de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, indica que los puestos de confianza de las entidades públicas deberían ser encargados a profesionales en función de sus méritos, capacidades y experiencia previa. Según Galarza, la mayoría de estos funcionarios asumirá importantes responsabilidades que requieren un profundo conocimiento técnico y normativo, que les asegure un buen desempeño y un correcto accionar en la gestión pública.
Las recientes designaciones de funcionarios no idóneos y poco preparados para asumir diferentes cargos públicos solo acentúan uno de los males endémicos de la gestión pública en el Perú. En el 2019, la Contraloría General de la República (CGR) encontró que uno de cada tres funcionarios designados en cargos de confianza no cumplía con las exigencias mínimas para sus puestos.
Además, al cierre del 2021, la CGR identificó a 7.740 funcionarios y servidores públicos, en los tres niveles de gobierno, con presunta responsabilidad en hechos irregulares, los que habrían causado un perjuicio económico al Estado por cerca de S/2.500 millones.
