20/01/2023
📣🇵🇪Pronunciamiento a la ciudadanía
La democracia no se puede sostener sobre la muerte de peruanos, sean civiles, policías o militares, todos dejan un vacío irreparable en sus hogares, la violencia no puede ser normalizada en nuestro país. La protesta es un derecho universal y el control de la paz social es labor de las fuerzas policiales, en el marco del debido proceso y el Estado de Derecho.
Preocupado por lo ocurrido en Ayacucho, Andahuaylas, Junín, Puno y otras regiones del Perú con un doloroso saldo de decenas de familias peruanas que lloran a sus seres queridos, como ciudadano me veo en la obligación patriótica de:
Lamentar que en más de 40 días después del torpe accionar del expresidente Pedro Castillo, los poderes del Estado, Ejecutivo y Legislativo sólo hayan dilatado, por sus intereses particulares la solución a la crisis política, pese a la aspiración de miles de peruanos que en calles y plazas reclaman la convocatoria de elecciones generales en el plazo más célere.
Precisar que la protesta ciudadana está garantizada en la propia Constitución política; y por tanto, es un derecho que le asiste a la ciudadanía para expresar sus justos reclamos. En un régimen democrático, la protesta social permite revelar la existencia de problemas no resueltos y crear oportunidades de cambio.
Invocar a la Fiscalía de la Nación y al Poder Judicial para que acelere las investigaciones de los luctuosos hechos, que no deben quedar impune, como escribe el pensador romano Séneca “nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía”, frase que convertida al léxico jurídico popular se entiende: “justicia que tarda no es justicia”.
En ese sentido, reclamo sanción ejemplar a los autores de los disparos contra los más de 50 peruanos que perdieron la vida de la manera más absurda e inimaginable posible, situación que no se debe repetir hoy, mientras el Perú se viene movilizado.
También, sanción a los ministros del Interior y de Defensa por su responsabilidad política en la lamentable decisión de enfrentar con armas de fuego las revueltas callejeras, no podemos mirar de lado sin dejar de señalar que existe responsabilidad desde el ejecutivo, ninguna acción emprendida a tenido el resultado de generar paz social.
No puede, de ninguna manera quedar impune la responsabilidad que le quepa a la presidente Dina Boluarte, actualmente investigada por Genocidio por el Ministerio Público. Junto a mi Equipo de Colaboradores me mantendré vigilante.
El gobierno de la Señora Boluarte debió responder con una nueva visión pluralista, que incluya las expectativas diversas de nuestra población, desterrando la exclusión y el olvido en la gestión pública, entre otras medidas que añadan valor a la unidad de los peruanos.
El Congreso de la República, en el plazo que le queda de mandato, tiene la oportunidad de reivindicarse, lo que significa que, deberá dejar de lado intereses particulares, priorizar la patria y legislar sobre las reformas necesarias al sistema electoral y los partidos políticos, de tal manera que garanticen elecciones limpias, con reglas claras y nos permitan elegir entre candidatos preparados y honestos que nos representen, y no padecer con el consabido dicho popular “más de lo mismo”.
A los ciudadanos, es momento de asumir la responsabilidad política que nos corresponde, es momento de activar en nuestros barrios, ciudades y todo espacio de organización, para lograr la búsqueda de un consenso nacional que evite nuevamente que el poder caiga en manos de las organizaciones criminales camufladas como partidos políticos.
Miguel Hilario