27/01/2025
Fiscalía pide al PJ ordenar destituir a Guillermo Bocángel como rector de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán.
El Ministerio Público solicitó al Poder Judicial que ordene la destitución del excongresista de Fuerza Popular, Guillermo Bocángel, en el cargo de rector que ostenta en la Universidad Nacional Hermilio Valdizán.
La Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos hizo este requerimiento en atención a la inhabilitación que se impuso al exlegislador por el plazo de 18 meses para el ejercicio de cualquier cargo público como parte de la condena de 4 años y 6 meses de prisión suspendida que se dictó en su contra junto a los exlegisladores Kenji Fujimori y Bienvenido Ramírez por el caso ‘Mamani videos’.
Mediante un escrito presentado el último 17 de enero, la instancia suprema fiscal demanda la ejecución de esta pena de inhabilitación y se ordene de forma expresa que la Universidad Nacional Hermilio Valdizán proceda a la destitución del cargo público de rector que ostenta Guillermo Bocángel en dicha casa superior de estudios , al encontrarse judicialmente inhabilitado para su ejercicio y que se le imponga una multa por la persistencia en el incumplimiento de la pena de inhabilitación, de conformidad con el artículo 9° de la Ley Orgánica del Poder Judicial y el artículo 34° numeral 11 de la Ley de Carrera Judicial.
Este requerimiento fiscal fue presentado ante el despacho del juez supremo Juan Carlos Checkley, quien programó para el martes 11 de febrero a las 9 de la mañana una audiencia virtual para evaluarlo con la participación de las partes involucradas a fin de emitir una decisión al respecto.
Aceptan apelación de Bocángel
El último 21 de enero, el juez supremo Checkley Soria “concedió” el recurso de apelación que presentó Guillermo Bocángel para revocar la resolución que emitió dicho magistrado, el 27 de diciembre del 2024, en la que declaró “improcedente” el pedido que hizo el excongresista para que se declare agotada la pena inhabilitación impuesta, considerando el cumplimiento material del periodo establecido en la sentencia de primera instancia del 25 de noviembre del 2022 y confirmada en segunda apelación el 9 de enero del 2024.
La defensa legal del exlegislador también plantea como pretensión alternativa que se declare la nulidad de la resolución impugnada y se disponga que el juez emita nueva resolución, precisando los parámetros para la ejecución de la pena de inhabilitación conforme a derecho.
Ante ello, el juez supremo Juan Carlos Checkley dispuso remitir este recurso de apelación a la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, instancia que, si lo admite a trámite, deberá convocar a una audiencia virtual para evaluarlo con la participación de las partes involucradas, a fin de emitir un veredicto al respecto.
