09/09/2022
| Desplazamiento forzado en Chihuahuación.
Lo lograron. Dos comunidades indígenas de la sierra de Chihuahua: El Manzano y Monterde, municipios de Uruachi y Guazapares, respectivamente, obtuvieron un primer e importante triunfo el 12 y 19 de agosto. Después de que 23 familias, desplazas por las acciones criminales de la banda del Chueco, tuvieron que dejar sus tierras, padecer asesinatos y sufrir toda forma de violencia, la justicia federal les otorgó sendos amparos para que se le reparen los daños causados a raíz de la falta de seguridad en sus lugares de origen.
De acuerdo con el amparo, ahora la Fiscalía General de la República, a la Fiscalía General del Estado y a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado, tendrán que brindarles servicios de alimentación, vivienda, educación, salud y empleo, a esas familias mientras no se garantice su regreso seguro y su vida en paz en sus lugares de origen.
Las familias han sido acompañadas en su lucha por dos organizaciones de la sociedad civil, siempre las organizaciones de la sociedad civil,: Contec, Consultoría Técnica Comunitaria y Centro de los Derechos Humanos de las Mujeres, Cedehm. Desde 2015, cuando inició la persecución de ambas comunidades, por su rechazo a dejarles sus tierras a los criminales para la siembra de dr**as y a que sus jóvenes fueran reclutados por ellos, los sicarios han asesinado a 3 personas, entre ellos a Cruz Soto Caraveo, dirigente y defensor de los derechos humanos de Monterde y al de Cruz Sánchez, líder de El Manzano, éste a pesar de g***r de medidas cautelares decretadas por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos.
La estrategia de estas familias y comunidades, primero, fue tratar de hacerse invisibles para no atraer la atención de las bandas criminales, pero no lo lograron. Luego tuvieron que hacerse visibles para que las autoridades vean y actúen ante sus pesares y sus caminares.
En Chihuahua hay mucho más personas y comunidades que padecen el desplazamiento:el informe recién emitido por 4 organizaciones de la sociedad civil: Contec, Cedehm, Asmac,y Dhia, para la Relatora de la ONU sobre Derechos Humanos de las Personas Desplazadas, afirman que cuentan con la información de al menos 61 eventos de desplazamiento, ocurridos entre el 2012 y el 15 de agosto de 2022 y uno ocurrido en 1996. Estiman que existen al menos mil 703 víctimas, de las cuales, 648 son mujeres, 508, hombres y 524, niñas y niños en Chihuahua. La gran mayoría procede de 11 municipios serranos, sobre todo de Guadalupe y Calvo. Además, hay personas desaparecidas de otras 11 entidades de la República.
Dentro de las acciones de violencia sufridas por las víctimas, este Informe ubica cuando menos once diferentes: asesinatos, secuestros, desapariciones, violencia de género en todas sus formas, agresiones físicas. Además, incendio de propiedades, intentos de reclutamiento forzado de los jóvenes, tala de los bosques comunitarios, robo o matanza del ganado, impedir acceso a la comunidad, corte de los servicios básicas a éstas y un gran etcétera marcado en rojo.
