25/06/2020
El presidente Vizcarra, en una nueva muestra de prepotencia y alter ego, amenazó con hacer uso del Artículo Nro 70 de la Constitución Política del Perú para expropiar a las clínicas si estas no acordaban fijar un precio “justo” sobre la atención de pacientes infectados por el virus chino. La respuesta del sector no se ha hecho esperar y en los detalles ofrecidos por Joo Luck, vocero de la Asociación de clínicas particulares del Perú, se desnuda la responsabilidad casi exclusiva del Estado en los problemas que atraviesa el sector salud.
Pero al margen de identificar responsabilidades, este asunto invoca una reflexión mucho más profunda sobre la amenaza totalitaria detrás de las intenciones de Vizcarra y todos los que ven con buenos ojos esta medida. En el supuesto negado que la expropiación tenga las mejores intenciones, sería un tremendo error juzgarla por sus intenciones antes que por sus resultados. Esto nos conduciría a justificar cualquier atrocidad sin mediar razonamiento alguno.
Hace dos días, la Contraloría revelaba que más de 68 mil hogares que no están dentro del estatus de pobreza y pobreza extrema, fueron beneficiarios de los famosos bonos que tienen el objetivo de menguar la necesidad generada por la quiebra económica que han ocasionado el gobierno y el virus chino; por otro lado, en el mismo informe, también se mencionan las más de 214 mil familias que sí debieron de haber recibido el beneficio pero que no fueron incluidas en el padrón.
Otra perla que podemos agregar también, la encontramos en la capacidad de ejecución del Estado en materia de salud. Si el Ministerio de Salud sólo ha conseguido gastar 16 soles de cada 100 soles asignados en la adquisición de medicamentos, estamos hablando de una incapacidad de proporciones cósmicas. Pero si tenemos en cuenta que el gobierno prefiere gastar el dinero de la salud en género y mandiles rosados, creo que tampoco es muy alentador que los oficiales del Estado aprendan a gastar todo su presupuesto.
Dicho esto, la pregunta se cae de madura, ¿en verdad tiene sentido alentar a Vizcarra en el salvaje ataque de expropiación que viene en marcha?, ¿en serio queremos que este Estado se haga cargo de las clínicas cuando no tiene la capacidad de administrar los hospitales que tiene a su cargo? Claramente la respuesta es no. Y de concretarse esto, los únicos cambios importantes son negativos, ya no le vamos a pagar miles de soles a unos apellidos particulares, ahora se lo pagaremos a los oficiales del Estado. También hay que tener en cuenta que esto viene con la ineficiencia natural y la corrupción inherente de un Estado como el que tenemos.
Otra cosa que no se ha dicho hasta el momento, es el hecho de una posible demanda internacional contra el Estado peruano, demanda que seguramente se perderá y el fallo obligará a pagar una millonaria indemnización para las víctimas de las expropiaciones. ¿Quién creen que terminará pagando esa cuenta?, ¿Vizcarra y sus ministros? Pues no, esa cuenta la vamos a pagar nosotros, con nuestros impuestos, la sociedad terminará pagando por los platos que siempre rompen los gobiernos.
Pero no es la ineficiencia y tampoco la corrupción, los aspectos que deben de fundar el argumento para rechazar el regreso del perfecto id**ta peruano, sino la inmoralidad detrás de su aplicación. Expropiar no es otra cosa que robar, arrebatarle la propiedad a otra persona por la fuerza. En este sentido, ninguna virtud puede existir en el robo y poco importa si se ampara en la “legalidad”, tampoco si hay una mayoría que lo respalde; porque si esto no fuera así, el nazismo también podría justificarse ya que Hi**er tenía una amplia mayoría que lo respaldaba y todo lo que hizo era “legal”.
Vizcarra, sin un uniforme militar, quiere evocar la imagen del tirano venezolano felizmente desaparecido, Hugo Chávez. Y salvo por la distancia circunstancial que representa el virus chino, Vizcarra encuentra hoy un escenario parecido al que Chávez tuvo en Venezuela para iniciar la locura estatista que sumió a Venezuela en la pobreza más abyecta, el salvaje ataque en contra de la propiedad privada que se ampara en el mito del bienestar común. Sin dar mucha cuenta de la realidad, nuestro país ha comenzado a transitar el peligroso camino hacia la destrucción sistemática de nuestras instituciones. Estamos advertidos.