17/12/2023
Así son las exenciones para los más ricos.
(Vulgares delincuentes, parásitos y mantenidos)
(Columna de Daniel Coronell)
«Una beneficiaria de los dineros regalados por Agro Ingreso Seguro paga 30 dólares al año de impuesto predial por una bella hacienda de más de 700 hectáreas en una de las zonas más costosas del país.
La protagonista de esta historia es una elegante dama subsidiada con dineros públicos. Se llama María Clara Fernández de Soto Saavedra de Dávila. Si el aristocrático nombre no le dice nada, empiezo por contarle que doña María Clara es la ex suegra de la recientemente absuelta ex reina Valerie Domínguez.
Ella es la mamá del ex novio de Valerie, el recordado Juan Manuel Dávila Fernández de Soto. Doña María Clara declaró en el juicio contra su atractiva ex nuera por el caso AIS. Allí aseguró que la reina de belleza sabía todo y que recibió los subsidios cuestionados como un abono para la semilla del nuevo capital familiar que arrancaba con ese prometedor romance.
En la audiencia de juzgamiento, doña María Clara, aseguró: “Como él (Juan Manuel) ya había tenido un beneficio por la sociedad de la finca de la familia, entonces le pidió el favor a Valerie y la verdad lo vi como un proyecto de vida de ellos en pareja”.
La suegra, muy comprensiva y generosa con la plata de los contribuyentes, parece estar acostumbrada a recibir bastante del Estado y a no entregarle casi nada.
Los 2.200 millones de Agro Ingreso Seguro -que lograron con los múltiples fraccionamientos de una propiedad familiar en la costa- la tienen hoy pagando una condena de 22 meses que cumple en la severidad de su domicilio porque la justicia le otorgó el beneficio de casa por cárcel.
Eso fue por lo que hizo con una de sus haciendas en el Magdalena. Sin embargo, hay otra de sus propiedades, al otro lado del país, que sirve para mostrar que esas no son las únicas inequidades que se vienen cometiendo en Colombia.
La Hacienda Santa Bárbara está en Ginebra, Valle. Extiende sus magníficos predios desde el río Guabas hasta la estación de Policía de Costa Rica. Una superficie de 777 hectáreas sembradas de uva y caña de azúcar.
El predio tiene tanta tradición y abolengo como sus dueños. Tal vez por eso su casa señorial figura en los archivos históricos del Valle del Cauca. Sirvió como solar a los Fernández de Soto, los Saavedra, los Sanclemente, los Cabal y otras ilustres familias vallecaucanas.
En los últimos cincuenta años ha sido propiedad de dos compañías: Santa Bárbara Ltda. y JM Saavedra y Compañía Sociedad en Comandita. Las dos empresas han tenido una socia en común: doña María Clara Fernández de Soto Saavedra de Dávila.
Lo curioso es que la fértil tierra está avaluada apenas en tres millones de pesos. La factura de impuesto predial que fue emitida en septiembre de este año señala que para el cálculo del impuesto la Hacienda Santa Bárbara vale solamente $3.201.000.
La histórica finca cuesta –a la hora de pagar predial- menos del 10 por ciento de lo que vale una vivienda de interés social en Cali, Santa Marta o Bogotá.
En consecuencia la sociedad de doña María Clara paga cada año por impuesto predial $58.108 pesos. Más o menos lo mismo que cuestan 10 kilos de la uvas que crecen en sus fecundos predios.
El caso es llamativo pero no único. Ilustra perfectamente la avaricia de unos cuantos que exprimen al Estado con subsidios y exenciones, pero encuentran la manera de burlar los impuestos que deben pagar.
A un profesional que reciba un salario mensual de $3.800.000 le descuentan además de los aportes de salud y pensiones, $54.000 por retención en la fuente y fondo de solidaridad. Una suma similar a la que paga la hacienda del ejemplo por un año de predial.
Al final del año, el asalariado habrá contribuido a la sociedad con $648.000 y la finca de la recordada suegra con menos de $60.000.
Una desproporción que quizás deba estudiarse ahora cuando se inicia el trámite de una nueva reforma tributaria.»
Daniel Coronell.
