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CRONICAS DEL EXILIO 16A CHILE DESPUES DE 13 AÑOS“PAPA TE ESPERAMOS. ESTAS EN LA LISTA DE INGRESO. LLAMANOS POR FAVOR. TE...
04/01/2025

CRONICAS DEL EXILIO 16
A CHILE DESPUES DE 13 AÑOS

“PAPA TE ESPERAMOS. ESTAS EN LA LISTA DE INGRESO.
LLAMANOS POR FAVOR. TE QUEREMOS MUCHO. CARIÑOS
CARLA Y GABRIEL”.

Así dice textualmente el Telegrama Internacional del 22 de agosto de 1987 con que mis hijos me avisaban que estaba autorizado a volver a Chile después de 13 años con prohibición de regreso (“El titular del presente Pasaporte necesita previa autorización del Ministerio del Interior para regresar a Chile”).

Era una noticia por la que había esperado y luchado por años. Trabajaba en la Casa de Chile en México como Secretario Técnico de la Secretaría para América de Solidaridad con el Pueblo de Chile. Hablé con mi jefe directo de ese momento, el ex Ministro Pedro Vuskovic, quien hacía poco había asumido la tarea de coordinar las tareas del exilio en América y con Hugo Miranda, Director de Casa de Chile. Les pareció legítimo que quisiera regresar de inmediato, sin embargo, sugirieron pensarlo. La razón principal era el traspaso de responsabilidades a otra persona. Era necesario preparar un reemplazante en esas funciones lo que significaría varios meses más en México. Consciente de ello, insistí en la necesidad de viajar a Chile. Era una urgencia emocional. La fórmula escogida fue aprovechar dos importantes eventos a realizarse en el Cono Sur: el primero, la Conferencia Internacional de Solidaridad “Chile e Integración Democrática en el Cono Sur”, que se realizaría en Montevideo, Uruguay, y el segundo, “Por el No pago de la Deuda Externa” que se realizaría en Lima, Perú, eventos en que acompañaría a Pedro Vuskovic, para después pasar a Chile.

En 1988, tanto en Uruguay como en Perú ya existían gobiernos elegidos democráticamente. En Uruguay había asumido Julio María Sanguinetti, mientras que en Perú gobernaba Alan García, pero en Chile, a pesar de la intensa lucha de la oposición, Pinochet mantenía las riendas del poder.

De esta manera en el verano de 1988 se concretó, después de 13 años en México, mi esperado viaje a Chile. El objetivo principal era reencontrarme con la familia y preparar mi retorno definitivo. Fue un viaje largo y lleno de incertidumbres. Con un pasaje de Cubana de Aviación salí del mismo aeropuerto que me había recibido en marzo de 1975, el Aeropuerto Benito Juárez, de Ciudad de México, con cierto temor, hay que decirlo, con un itinerario concordado previamente: México-Habana-Buenos Aires-Montevideo-Lima-Santiago.

El evento en Uruguay estaba organizado por la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos (ALDHU), fundada en 1980 y cuya sede principal se encontraba en Quito, Ecuador, dirigida como Secretario General, por el chileno Juan de Dios Parra. En Uruguay la sede era dirigida, también por otro chileno, Ricardo Frodden Armstrong, lo que facilitaba las acciones de solidaridad con Chile. Al evento también asistió el entonces vice presidente de la Internacional Socialista, Anselmo Sule Candia.

Diversas actividades, con la participación de chilenos, uruguayos y latinoamericanos residentes en Montevideo se realizaron durante la Conferencia que fue ampliamente cubierta por los medios locales de comunicación. Según me recuerda Viviana Novoa, penquista que en esa época oficiaba como Secretaria del ALDHU, entre los chilenos que participaron en el evento estaba el ex Rector de la Universidad Técnica del Estado, Enrique Kirberg, la profesora y ex prisionera del Estadio Regional, Lily Rivas y el Grupo Quillay. Un momento emotivo lo constituyó un encuentro especial con el líder y fundador del Frente Amplio uruguayo, el general Líber Seregni.

Desde la creación formal del Movimiento de los No alineados en 1961, Cuba, particularmente Fidel Castro, desarrolló un fuerte discurso por la paz, la solidaridad y la independencia de los pueblos, llegando a ocupar la presidencia del organismo desde la cual impulsó además, la lucha por el No Pago de la Deuda Externa que agobiaba a decenas de países, especialmente de América Latina.

En esa línea, en la década de los 80’, se desarrollaron numerosos encuentros y seminarios de organismos internacionales con la participación de organizaciones sociales, políticas, religiosas y gobiernos, tendientes a concientizar sobre las dificultades que significaba la deuda externa en el desarrollo de las economías latinoamericanas. En todas ellas, siempre había un representante del exilio chileno.

En ese contexto, se realizó en Lima, un Encuentro por el NO pago de la deuda externa en la que participó Pedro Vuskovic, ex Ministro de Economía del Presidente Allende y, a la sazón, máximo dirigente de la Secretaría para América de Solidaridad con el pueblo de Chile, al cual estaba especialmente invitado para hablar sobre las economías latinoamericanas en tiempos de dictadura. La reunión finalizó con, entre otros acuerdos, pidiendo el pronto retorno de la democracia en Chile. Fueron días de intenso trabajo en que nos reunimos con un pequeño grupo de chilenos residentes en Lima que vivían su exilio en Perú con poco contacto con el resto de América, pero sí con una especial relación con “los compañeros del interior”.

Era una época en que los pasajes aéreos eran pequeñas libretas otorgadas por las líneas aéreas con hojas que identificaban cada destino. Por fin llegaba la hora de mi viaje a Santiago de Chile, pero ¡oh, sorpresa!, LAN CHILE no tenía convenio con Cubana de Aviación, lo que me obligó a viajar hasta Buenos Aires por la vía de “endosar” el pasaje a Aerolíneas Argentinas, figura que se usaba regularmente cuando una empresa no tenía cupos o, como en este caso, no tenía convenio con otra. Viajé a Buenos Aires dónde me recibió Cecilia Suárez, hija del ex Ministro Jaime Suárez a quien había conocido en Ciudad de México y que se aprestaba a regresar a Santiago.

Un día en Argentina y continuar vuelo a Santiago de Chile donde me esperaban mi hermano Santiago, su esposa y mi pequeña sobrina Paulina, recordé que habían sido los últimos familiares que había visto antes de ser expulsado, habían ido a despedirme en 1975 al Campo de Prisioneros de Tres Álamos en Santiago.

Viajamos en tren a Concepción. Hacía muchos años que no usaba ese medio de transporte. Un viaje tranquilo, observando todo. La nostalgia adquirió ribetes anecdóticos al escuchar la tradicional venta de “malta, papaya y pilsener”.

La tranquilidad duró hasta poco antes de llegar a Chillán, cuando en un sector llamado Buli, cercano a San Carlos, el tren se descarriló, provocando un gran susto entre los pasajeros con algunos heridos de menor gravedad, lo que confirmaba “lo seguro de andar en tren”. Una demora de varias horas hasta que llegaron unos buses de rescate para llevarnos a Concepción, objeto y destino final de mi viaje.

Tarde, muy tarde, de noche, llegamos al barrio Pedro de Valdivia, hogar de mis padres. Por cierto, ya no estaba don Ramón, mi padre, tampoco estaba mi abuela y su “negocio”, el de la señora Rosa, a quiénes había dejado de ver desde días antes del golpe de Estado. Algunos vecinos habían esperado hasta la medianoche para saludarme, otros se fueron a sus casas para volver al día siguiente

Emocionante despertar en “mi casa”. Lo primero, ir al cementerio con mis hijos que me habían esperado en Concepción. Unos minutos de respetuoso silencio frente a la tumba de la Familia Reyes Parra. Carla y Gabriel, mis hijos vivían desde algún tiempo en Chile junto a su madre.

Días intensos, emociones por montón, recorrer la (nueva) ciudad, encontrarse con antiguos amigos, entregar algunos encargos, darse cuenta del estado de ánimo de la población y constatar que se respiraba un aire de “ya no más”, lo que describí posteriormente en México en una nota publicada en la revista de la Casa de Chile, donde señalé que se notaba que “el miedo había cambiado de bando”. Chile se aprestaba en unos meses más al plebiscito del 5 de octubre que sería crucial para el futuro del país. Los que tenían miedo ahora eran los gobernantes y sus partidarios, Chile y los chilenos se levantaban con fuerza para votar NO a pesar de un sector que no creía posible derrotar al dictador con las reglas del juego impuestas por él mismo, pero ¡se pudo!

Me habían comentado que a la gente no le gustaban muchos “los retornados”, que no los recibían muy bien. Mi experiencia fue muy distinta, muchas vecinas y vecinos no sólo se acercaron a saludarme, sino que en un momento que no esperaba y mientras le dábamos una manito de pintura a la fachada de la antigua casa de calle Arrau Méndez, llegaron al sector un par de agentes de la CNI, ya conocidos por los pobladores, los que debieron retirarse rápidamente al ver cómo un grupo de pobladores se plantó frente a mi casa en señal de respaldo.

Las emociones fueron muchísimas, tal vez otro momento inolvidable fue la llegada a mi casa para saludarme, de mi profesora de la Escuela primaria, la señorita Elba Soto, no podía creerlo. La familia Baeza-Inzunza invitándome a su casa a tomar un té… no había café, eran muchos, pero que té más rico… la familia Hernández-Pinto a comer humitas y todos, sin miedo.

Un par de semanas en Concepción, un par de días en la capital y vuelta a México para regresar definitivamente a mi país en el verano del 89.

Gabriel Reyes Arriagada

Concepción, enero de 2025.-

CORTE SUPREMA CONFIRMA FALLO QUE ORDENÓ INDEMNIZAR A VÍCTIMA DE DETENCIÓN ILEGAL Y TORTURAS EN CORONEL Y CONCEPCIÓN La C...
04/01/2025

CORTE SUPREMA CONFIRMA FALLO QUE ORDENÓ INDEMNIZAR A VÍCTIMA DE DETENCIÓN ILEGAL Y TORTURAS EN CORONEL Y CONCEPCIÓN

La Corte Suprema confirmó la sentencia que condenó al fisco a pagar una indemnización de $90.000.000 por concepto de daño moral, a Gabriel Humberto Rojas Espinoza, quien fue detenido el 21 de noviembre de 1973, en su lugar de trabajo, y sometido a interrogatorios bajo torturas por efectivos de Carabineros y del Ejército en unidades de Coronel y Concepción y que, tras pasar por el Estadio Regional fue finalmente ingresado a la cárcel de Concepción, desde donde fue puesto en libertad el 5 de mayo de 1974.

En fallo unánime (causa rol 167.278-2023), la Segunda Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Manuel Antonio Valderrama, Leopoldo Llanos, la ministra María Carolina Catepillán, la abogada (i) Pía Tavolari y el abogado (i) Juan Carlos Ferrada– rechazó los recursos de casación en la forma y en el fondo deducidos en contra de la sentencia, dictada por la Corte de Apelaciones de Concepción, que elevó el monto indemnizatorio fijado en primera instancia.

“Que, la sentencia impugnada hace un análisis de los antecedentes que llevaron a confirmar, con declaración de elevar la suma a indemnizar por concepto de daño moral, señalando en su motivo décimo cuarto lo siguiente: ‘Que ahora bien, en lo que concierne al monto indemnizatorio, cuestionado por ambos litigantes, cabe tener presente que se trata de una víctima de tratos crueles, inhumanos y degradantes, que estuvo privada de libertad durante más de cinco meses –166 días– sin saber en qué momento podía ser asesinado. Durante su cautiverio nació la tercera de sus hijas. Por otra parte, según lo informado por el Programa de Reparación y Atención Integral en Salud y Derechos Humanos, don Gabriel Rojas, quien al momento de su detención tenía 28 años de edad, presenta sintomatología característica de duelo cronificado. Por su parte, los testigos que concurrieron a estrados manifestaron que don Gabriel, luego de su detención, se volvió una persona retraída y que tiene pesadillas, siente temor y angustia’”, reproduce el fallo.

La resolución agrega: “Que, así formulada la argumentación, no constituye una omisión de los razonamientos denunciados por el arbitrio. Sin olvidar que la indemnización del daño producido por el delito, así como la acción para hacerla efectiva, resultan de máxima trascendencia al momento de administrar justicia, comprometiendo el interés público y aspectos de justicia material, que permiten avanzar en el término del conflicto”.

Para el máximo tribunal: “(…) conforme lo expuesto, aparece con meridiana claridad que la sentencia materia del recurso dio cabal cumplimiento a las exigencias legales que el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil le impone, sin que exista mérito alguno para cuestionarla a través del arbitrio en examen. Distinto es el caso que el impugnante no comparta los razonamientos jurídicos o la aplicación de una norma en particular en cuanto a sus requisitos legales. Sin embargo, dichas discrepancias no pueden servir de base para construir una causal que solo está dirigida a controlar que la sentencia cumpla con ciertos requisitos formales mas no para cuestionar la aplicación o inaplicación normativa, pues tal reproche la ley lo ha reservado para la casación sustancial, motivo por cual se desestimara la causal de nulidad formal en análisis, por tal razón el recurso no puede prosperar”.

“Que –ahonda–, como se puede apreciar, existe ya una interpretación asentada respecto a la invariabilidad de los hechos apuntados por los sentenciadores del grado, los que cuentan con la facultad de apreciar la prueba para determinar los mismos y, ese ámbito escapa de la acción revisora de la Corte Suprema, salvo que los jueces violenten de forma grave las normas reguladoras de la prueba y ello tenga influencia en lo dispositivo del fallo –cuyo no es el caso de autos–, lo que debe ser descrito con claridad, siendo del todo insuficiente una enumeración de las normas legales que se denuncien violentadas o la descripción parcializada de ciertos elementos probatorios que, por lo demás, fueron debidamente justipreciados a propósito del análisis efectuado por los sentenciadores de fondo en el ejercicio de sus atribuciones propias, materia que, como se ha dicho, escapa del control de esta Corte, idea que predomina desde el Proyecto del Código de Procedimiento Penal para la República de Chile y que se devela en las palabras de don Manuel Egidio Ballesteros, quien expresara: ‘nosotros fijamos reglas generales para la manera de estimar la prueba, y consignamos los casos en que debe estimarse bastante para acreditar la existencia de un hecho, pero al mismo tiempo dejamos al juez la libertad de criterio para hacer sus inducciones o deducciones’”.

“Que de la lectura del recurso no aparece, en consecuencia, infracción a las leyes reguladoras de la prueba –que como se ha asentado repetidamente por esta Corte, procede cuando se altera el onus probandi, existe contravención formal de la ley, errónea interpretación de la ley, o falsa aplicación de la ley– desde que únicamente se plantea una discrepancia en torno a la valoración que el fallo confiere a los elementos de convicción relacionados en la sentencia, discordándose solo de sus conclusiones, cuestión ajena a este recurso de naturaleza sustantiva”, concluye el fallo.

Por tanto, se resuelve: “Que se rechaza el recurso de casación en la forma y el recurso de casación en el fondo deducidos por el Consejo de Defensa del Estado, en contra de la sentencia de veintisiete de junio de dos mil veintitrés, dictada por la Corte de Apelaciones de Concepción en la causa 1801-2022 Civil, la que no es nula”.

CONVOCAN A MASIVA MARCHA EN CONTRA DE LA LEY DE FRACCIONAMIENTO DE LOS RECURSOS PESQUEROSLas organizaciones participante...
30/12/2024

CONVOCAN A MASIVA MARCHA EN CONTRA DE LA LEY DE FRACCIONAMIENTO DE LOS RECURSOS PESQUEROS

Las organizaciones participantes de la Mesa por la Defensa del Empleo y la Industria del BioBío convocaron una masiva movilización en contra del Proyecto de Ley de Fraccionamiento de los recursos pesqueros, que se discute en el Senado. La movilización, políticamente transversal, y representada por diversos sectores productivos, está programada para el próximo lunes 06 de enero de 2025, a las 11 horas desde la Plaza Perú con dirección al centro de Concepción.

En su calidad de vocero de la Mesa, el dirigente del Sindicato ENAP-Petrox, Iván Montes explicó que han tenido una serie de conversaciones con los sindicatos del sector pesquero industrial y también con el artesanal, “y hemos puesto a disposición toda la fuerza que pueda tener la Mesa para sumarnos a esta convocatoria a la marcha del 6 de enero que tiene como foco principal establecer las alarmas necesarias y llamar a la unidad parlamentaria en la región para que durante el proceso de legislación de la Ley de Fraccionamiento la región del Bio Bío no se vea afectada”.

Agregó que la convocatoria es abierta a las organizaciones y autoridades que quieran sumarse, esperando con ello dar “una señal de unidad regional esto puede tener un efecto positivo en el trámite que sea a favor de la región”.

Puntualizó que con esta iniciativa “estamos frente a una nueva amenaza que es esta ley que afectará negativamente a la región en materia de empleo, no queremos que sigan cerrando empresas, por ello, con una mirada amplia convocamos a todos los sectores de la sociedad regional a sumarse a esta marcha pacífica que vamos a realizar con el objetivo de manifestar nuestra preocupación y apoyar todas las gestiones que están realizando nuestros compañeros y compañeras de la pesca industrial”.

Por su parte, Juana Silva, presidenta de la Federación de Sindicatos de la Industria Pesquera, FESIP, explicó que “estamos en contra de esta Ley de Fraccionamiento que traerá pobreza y desempleo. Necesitamos que todos los senadores nos apoyen y reviertan esta ley que salió de la Cámara de Diputados con indicaciones aprobadas que perjudican al sector industrial de manera grave, estamos hablando de miles de familias que quedarían en la calle, la mayoría mujeres jefas de hogar de las plantas de procesos”, sostuvo.

De hecho, de los 6 mil 500 trabajadores que tiene el sector pesquero industrial, al menos la mitad son mujeres.

Por su parte, Juan Carlos González, presidente del Sindicato Capitanes de Pesca Biobío y representante del Personal Embarcado Industrial del Biobío indicó que “lo que hoy se ha generado es una acción inédita, que ha logrado que converjan todas las fuerzas laborales en esta acción conjunta en defensa de la región, unidos en post del rechazo a este proyecto de ley, porque todos entienden que éste viene a dañar un tremendo patrimonio de la región, que es la pesca industrial y todo su encadenamiento productivo”.

En la misma línea, Paola Sanhueza, presidenta de la Asociación de Trabajadoras de la Industria Pesquera del Biobío, señaló que “el proyecto afecta excesivamente la empleabilidad, especialmente considerando que este Gobierno se define como feminista. Necesitamos preservar la independencia económica por la que hemos luchado durante tantos años en nuestras plantas de procesamiento. Esto incluye mantener contratos colectivos vigentes, negociaciones colectivas activas y la estabilidad de los empleos”, puntualizó.

“Estamos frente a una nueva amenaza que es esta ley que afectará negativamente a la región en materia de empleo, no queremos que sigan cerrando empresas, por ello, con una mirada amplia convocamos a todos los sectores de la sociedad regional a sumarse a esta marcha pacífica que vamos a realizar con el objetivo de manifestar nuestra preocupación y apoyar todas las gestiones que están realizando nuestros compañeros y compañeras de la pesca industrial”, señaló Iván Montes, vocero de la Mesa por la Defensa del Empleo y la Industria del Bio Bío.

A la actividad de coordinación de la marcha, realizada este lunes 30 de diciembre, asistieron representantes de la CUT provincial de Concepción, el sindicato de ENAP, Celulosa Arauco, Huachipato y Blumar Congelados Jurel San Vicente, la Unión Portuaria de Talcahuano, la Federación Nacional de Trabajadores Portuarios Estatales, entre otros actores relevantes en contra de la Ley de Fraccionamiento.

CRONICAS DEL EXILIO 15CRISTIANOS POR LA PAZ, LA LIBERACION Y LA DEMOCRACIAUn día de 1976, luego de una reunión habitual ...
29/12/2024

CRONICAS DEL EXILIO 15
CRISTIANOS POR LA PAZ, LA LIBERACION Y LA DEMOCRACIA

Un día de 1976, luego de una reunión habitual de la CPS (Comunidad Cristiana para el Socialismo), núcleo de base de la Izquierda Cristiana de Chile en México, Marta Huepe García, chilena residente en ese país desde antes del golpe de estado, hermana del fallecido diputado Claudio Huepe, uno de los firmantes de la famosa carta de los 13 demócrata cristianos que se opusieron públicamente a Pinochet, me comenta que había unos cubanos interesados en conversar con dirigentes de la IC.

De esa manera conocí a Sergio Arce Martínez, Dora Valentín y Raúl Fernández Ceballos, principal teólogo de Cuba el primero; activa dirigente de la Conferencia Cristiana por la Paz de América Latina y el Caribe la segunda; y presidente del Consejo Ecuménico de Iglesias de Cuba, el tercero, que representaba en ese entonces, a más de 40 denominaciones evangélicas de ese país. Se iniciaba de esa manera una larga relación que se traduciría, desde sus inicios, en una importante expresión de solidaridad con el pueblo de Chile. Lamentablemente estas tres personas están fallecidas pero siguen en nuestra memoria.

Así comienza una larga, fructífera y fraternal amistad con los cristianos cubanos que luego se extendería a los de Argentina, Perú, Uruguay, Colombia, Venezuela, Puerto Rico, Panamá, Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua, culminando algunos años después, con mi designación como Secretario Ejecutivo adjunto de la Conferencia Cristiana por la Paz de América Latina y el Caribe con sede en México. En forma paralela asumí la representación de México en la referida organización.

En la década del 80’, Ronald Reagan, que sería dos veces presidente de los Estados Unidos, ejecutó una política de confrontación, tensando las relaciones diplomáticas con el resto del mundo y de expreso apoyo a las dictaduras latinoamericanas.

En ese escenario, muchos creyentes, inspirados en la Teología de la Liberación comienzan a tomar posición en la lucha por la paz, la vida y la liberación de los pueblos basados en las Sagradas Escrituras, recurriendo al Evangelio, actualizando el sentido solidario de Juan 10.10, que los instaba a luchar por “vida y vida en abundancia”.

En esta búsqueda por el “qué hacer” comienzan a adquirir vida y sentido lo que en algún momento, (al menos para mí) parecían simples siglas: El CLAI (Consejo Latinoamericano de Iglesias) la mayor agrupación continental de cristianos evangélicos; el CMI (Consejo Mundial de Iglesias) organismo superior de la Iglesias evangélicas de todo el orbe; la FUMEC (Federación Universal de Movimientos Estudiantiles Cristianos) que reunía (reúne) a jóvenes estudiantes del mundo con una alta presencia en América Latina, particularmente, en esa época, de Cuba, Puerto Rico, Nicaragua, El Salvador, México, Brasil; la CCP-LAC, (Conferencia Cristiana por la Paz de Latinoamérica y el Caribe) integrada por pastores, sacerdotes, monjas y laicos comprometidos con una Iglesia popular.

La solidaridad de estos organismos con las luchas del pueblo chileno se expresaba en cada evento internacional, fuera éste en Panamá, Cuba, Nicaragua, México o Granada. Resultaba interesante observar cómo cada seminario, con presencia de los principales teólogos y/o cientistas sociales y dirigentes políticos latinoamericanos o europeos de la época, iba acompañado de encuentros con Comunidades Eclesiales de Base o en los templos o centros de estudio o reflexión evangélicos.

En más de una ocasión nos acompañaron personas de la talla de Ernesto Cardenal de Nicaragua, los argentinos Enrique Dussel y Ana María Escurra, el Obispo Sergio Méndez Arceo, Elsa Tamez y Raúl Vidales de México, Maruja González de Perú, Hugo Assman de Brasil, Marcia Rodríguez de República Dominicana, Georges Cassalis de Francia. Johana Bakker de Holanda, en Praga, Checoeslovaquia estuvimos con el sacerdote chileno Rafael Maroto; Jorge Pixley de Estados Unidos, Jean Pierre Bastian, de Suiza y, por supuesto Sergio Arce Martínez de Cuba.

Es probable que una parte importante de estos nombres no signifiquen mucho para el mundo laico o no cristiano, sin embargo, se trata de teólogos, académicos o religiosos que constituyeron un importante referente de los cristianos latinoamericanos comprometidos con un ecumenismo popular.

Por su lado, México, una nación que se había definido como laica y consagrado constitucionalmente la separación de la Iglesia del Estado, al menos en esa década, era el país con la mayor cantidad de cristianos católicos de las Américas.

Anoto el referido dato para respaldar la presencia de numerosas instancias de reflexión y solidaridad vinculadas al mundo cristiano azteca que jugaron notables roles de apoyo a las causas por la liberación de los pueblos desde una óptica popular y en algunos casos de la institucionalidad católica como por ejemplo, las Diócesis de Cuernavaca en el Estado de Morelos y la de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, encabezadas por sus Obispos Sergio Méndez Arceo y Samuel Ruiz, ambos con gran arraigo popular y no muy queridos por sus pares de la Conferencia Episcopal mexicana que, sin embargo, eran verdaderos líderes de un cristianismo que buscaba empatizar con las casusas por la libertad, la paz y la justicia latinoamericana.

Una relación estrecha con el Seminario Bautista de México, las Iglesias Metodista, Presbisteriana y Luterana, favoreció nuestra relación con un pueblo que aspiraba a “ser voz de los oprimidos”, denunciando el sufrimiento y la persecución de los dictadores de la época como Somoza en Nicaragua, Stroessner en Paraguay, los Duvalier en Haití o Pinochet en Chile y por cierto, los gobiernos represivos de El Salvador, Honduras y Guatemala.

En forma paralela a las iglesias institucionales, instancias de estudio y reflexión como el CEE (Centro de Estudios Ecuménicos), CECOPE (Centro Coordinador de Proyectos Ecuménicos), CENCOS (Centro Nacional de Comunicación Social), el CRIE (Centro de Reflexión Investigación y Estudios), Mujeres para el Diálogo y varios otros que contribuían a través de seminarios, debates, revistas, folletos, a fortalecer la solidaridad con los pueblos en lucha.

Así, de manera natural, surgen grupos de apoyo, integrados por mexicanos y los nacionales de cada país, como el Comité Cristiano de Solidaridad con el pueblo chileno encabezado por el Obispo Sergio Méndez Arceo que funcionaría en Casa de Chile y que luego se transformaría en el Comité Cristiano “Monseñor Romero”; el Comité Cristiano de Solidaridad con Haití; el Comité de Madres de El Salvador; el Comité de Solidaridad con Guatemala; el Comité de apoyo a las luchas de Honduras y un tremendo y transversal respaldo a la lucha del pueblo nicaraguense.

Hemos escrito esta nota en diciembre, mes de inmenso valor para el mundo cristiano, en la perspectiva de ir saldando una deuda con hombres y mujeres que desde sus creencias religiosas se comprometieron con la paz, la liberación y la democracia.

Sería muy injusto si esta crónica de exilio no dejara constancia del respaldo de laicos y numerosos pastores, sacerdotes y monjas, (de todo el mundo) que, además de oración y denuncia, realizaron acciones solidarias concretas, como apoyar retornos o salidas clandestinas de Chile, recibiendo estudiantes chilenos en sus centros de estudio, enviando observadores a algunos eventos internacionales realizados en Santiago, entre otras, convirtiendo de esta manera en realidad su amor al prójimo.

En estos 50 años son muchos los nombres que debieran estar en las listas del apoyo cristiano a nuestras luchas. Además de los nombrados, no podemos dejar de mencionar como símbolo de apoyo a los mexicanos Raúl Macín y su hija Maritza, Ymelda Tijerina, Pepe Álvarez Icaza, René Medellín…. En fin, la lista es larga y que me disculpen los que falta, pero son muchos.

Gabriel Reyes Arriagada
Concepción, diciembre de 2024.-

INFORMAN AVANCES DEL PLAN NACIONAL DE BÚSQUEDA VERDAD Y JUSTICIA A UN AÑO DE SU IMPLEMENTACIÓNEn una ceremonia realizada...
21/12/2024

INFORMAN AVANCES DEL PLAN NACIONAL DE BÚSQUEDA VERDAD Y JUSTICIA A UN AÑO DE SU IMPLEMENTACIÓN

En una ceremonia realizada en el Salón de Honor de la Casa Central de la Universidad de Chile, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, junto a la subsecretaria de Derechos Humanos, Daniela Quintanilla y la rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés, además de otras autoridades, encabezaron la presentación del reporte de avances del Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia (PNBVJ), a un año de su implementación.

Entre los hitos destacados durante la jornada, se mencionó la conformación de la nueva Área de Búsquedas y Trayectorias; la realización de más de 40 diligencias en sitios de interés durante 2024; la identificación de más de 36 mil unidades documentales en archivos públicos; la participación de más de 1.200 familiares en encuentros desarrollados en todo el país; y la creación de un Comité de Seguimiento. Además, se exhibió un mapa georreferenciado de las trayectorias de víctimas de desaparición forzada y ejecución política, y se entregaron ejemplares del libro del Plan Nacional de Búsqueda a los asistentes.

En su intervención, el ministro Gajardo subrayó la importancia de esta política pública para la memoria histórica y la reparación: “Esto nos va a permitir por primera vez, tener una página web con la nómina oficial de todas las personas detenidas desaparecidas. Asimismo, en esta página web van a poder encontrar un mapa georreferenciado de las 1.469 personas detenidas desaparecidas que tenemos en nuestro país y que arrojó la dictadura militar. Este mapa georreferenciado nos permite identificar las trayectorias de estas personas, es decir, cuándo fueron detenidas, en qué lugar fueron detenidas, algún relato en relación de cada una de estas personas y luego también, ir identificando los puntos en los cuales estas personas fueron trasladadas, tanto para lugares de tortura, lugares de prisión política, lugares de ejecución política, hasta donde lamentablemente les perdemos el rastro. Esta es una información consolidada, pero además una información que la dejamos a disposición de toda la ciudadanía para que todos los chilenos y chilenas sepan lo que ocurrió en nuestro país durante la dictadura militar”.

Por su parte, la subsecretaria Quintanilla presentó la nueva plataforma digital del Plan, que permitirá transparentar información y facilitar el acceso a datos relevantes para la ciudadanía: “A través de herramientas tecnológicas y la sistematización de datos, será posible cruzar millones de hojas de información provenientes de procesos judiciales y archivos documentales, entregando una base sólida para la investigación, la memoria y la garantía de no repetición”, destacó la subsecretaria Daniela Quintanilla. “La plataforma fortalece la transparencia en el acceso a información y nos permitirá ir dando cuenta periódica de cada una de las acciones que realizamos. Además, se constituye como un repositorio oficial desde el Estado de Chile respecto a toda la información que tenemos sobre cada una de las víctimas de desaparición forzada en la dictadura civil militar. Esperamos que esta información sea también un recurso pedagógico, accesible para universidades, comunidades educativas y la sociedad en general, asegurando que el esfuerzo colectivo por la verdad y la justicia sea parte de nuestra memoria histórica”, señaló.

Para la rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés, la participación activa de la sociedad civil y de la academia es fundamental para el desarrollo del Plan: “Es para nosotros prioritario aportar a los objetivos del Plan Nacional de Búsqueda, asegurando que este esfuerzo se lleve a cabo en un marco de formación, porque no basta sólo con defender los derechos humanos, sino que debemos educar para esa defensa”, dijo la Rectora Devés, agradeciendo a la profesora Rocío Lorca, por la coordinación de las tareas y a los profesores, profesoras y 32 estudiantes que han participado activamente en las acciones del Plan.

“Uno de los desafíos de la educación en el presente es dotarla de un sentido profundo capaz de movilizar y potenciar todas las capacidades de las personas. El vínculo formativo con el Plan Nacional de Búsqueda no solo profundiza la comprensión sobre un fenómeno que nos interpela como humanidad, sino además nos compromete con la defensa de los valores fundamentales, que trascienden el ámbito del desarrollo personal”, añadió.

Las autoridades coincidieron en la relevancia que ha tenido el rol de las agrupaciones de familiares en el desarrollo y ejecución del Plan Nacional de Búsqueda, para orientar prioridades, aportar información valiosa y mantener viva la memoria histórica de las víctimas, permitiendo la creación de esta política pública y los avances alcanzados en este primer año.

El hito, que fue transmitido en vivo y acompañado de actos conmemorativos en regiones organizados por las Secretarías Regionales Ministeriales de Justicia y Derechos Humanos, también contó con una presentación musical de la cantora Toya Díaz.

Con la proyección de nuevas acciones para 2025, el Plan Nacional de Búsqueda se reafirma como un esfuerzo integral permanente del Estado chileno para avanzar en verdad, justicia y reparación en casos de desaparición forzada y ejecución política.

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