24/07/2024
Resignado a esperar que el Congreso empiece a tratar su “ley de Hojarasca”, cuyo devenir ya no depende de su voluntad, el flamante ministro de Desregulación y Modernización del Estado, Federico Sturzenegger, prepara su primera jugada por decreto desde que se incorporó formalmente al Gabinete. El creador del famoso, polémico y, en parte, frenado DNU/70, estrenará la lapicera con la eliminación o la reforma de unos 60 organismos públicos, que saldrán del organigrama estatal de un tirón, se achicarán considerablemente o se fusionarán con otras áreas.
La lista del “decreto 51″, como lo llamaron a priori, todavía está preparándose, pero incluirá áreas que funcionan bajo la órbita de los ministerios de manera descentralizada. Los pocos ejemplos que dejaron trascender desde la Casa Rosada son el Instituto Nacional de Juventudes (INJUVE), que depende del Ministerio de Capital Humano bajo la órbita de Sandra Pettovello; el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), que funciona en la Jefatura de Gabinete de Guillermo Francos y donde acababan de nombrar al exfuncionario de Mauricio Macri, Claudio Avruj; y el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) que depende de la cartera de Justicia que conduce Mariano Cúneo Libarona. Pero serán unas 60 entidades, de mayor o menor magnitud.
Los fundamentos no se oficializaron, pero girarán en torno a la idea de que no tienen un fin necesario para la función pública, o que fueron usadas de manera irregular durante la administración kirchnerista para desviar fondos públicos. En lugar de sanearlas, el Gobierno se dispone a suprimirlas.
En su designación como ministro se había establecido que las atribuciones de Sturzenegger tendrían injerencia sobre otras áreas, previa consulta con sus respectivos ministros o secretarios. Pero por ahora, en Desregulación y en las carteras cuyos organismos serán afectados mantenían la reserva sobre la forma en que se articulará el decreto y la fecha en que se pondrá en marcha.
La Casa Rosada había anunciado el cierre del INADI en febrero, como parte de una política “integral” de “desmantelamiento de diferentes institutos” que son “grandes cajas de la política o simplemente lugares para generar empleo militante”, según dijo en ese momento el vocero Manuel Adorni. Pero recién se concretaría a partir del decreto de “Fredy”, como llaman a Sturzenegger los amigos.
El resto de los organismos se mantuvieron en reserva, por ahora. Pero en el organigrama del Estado operan también el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES); el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), el Instituto Nacional de la Música (INAMU); el Instituto Nacional del Teatro (INT) -en Cultura-; Casa Patria Grande Presidente Néstor Kirchner; el Instituto Nacional “J. D. Perón” de Estudios e Investigaciones Históricas, Sociales y Políticas -en Capital Humano- y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) -en Salud-, entre varios otros cuya existencia fue cuestionada o asociada a un “curro” del Estado, en línea con el exitoso relato de Milei contra la casta que lo llevó a la Casa Rosada.
El fin principal es recortar presupuesto, aunque probablemente deban gastar millones en indemnizaciones por despidos, o en retiros voluntarios. Y en Gobierno aseguraron que, en el fondo, la medida servirá al plan de terminar con las “trabas del Estado”. “El problema no es la cantidad de empleados, sino tener a esos empleados creando impedimentos desde la estructura”, decía ayer un importante asesor del Presidente en la Casa Rosada. Esa premisa, sin embargo, no implicó que se sostuvieran los empleos para reubicar a los agentes. Y en Gobierno aseguran que está firme la meta de alcanzar las 70 desvinculaciones que se habían fijado poco después de asumir.
Con la medida de Sturzenegger, el Gobierno estará más cerca de cumplir ese objetivo. Pero estas eliminaciones probablemente conlleven un gasto en concepto de indemnizaciones, como en el caso de la agencia de noticias oficial Télam, que luego de innumerables idas y vueltas, fue eliminada por completo y en la que la ejecución de los retiros voluntarios se demora.
